El Latinobarómetro y nosotros

El informe 2026 del Latinobarómetro, titulado “¿La crisis de la democracia liberal?”, trae para Uruguay una noticia buena, una mala y una tercera que depende de cómo se la lea. Conviene mirar las tres con atención.

La buena es conocida. Con 64% de apoyo a la democracia Uruguay está segundo en la región, detrás de Argentina y doce puntos por encima de un promedio latinoamericano que apenas llega a 52%. El 80% de los uruguayos cree que la democracia puede tener problemas pero es el mejor sistema de gobierno, y el propio informe sostiene que ninguna democracia del continente está consolidada, “quizás con la excepción de Uruguay”.

El vecindario ayuda a valorar el dato. Uno de cada cuatro latinoamericanos dice que le da lo mismo un régimen democrático que uno que no lo sea, más de la mitad aceptaría un gobierno no democrático si resuelve los problemas, y en Brasil, Honduras o Guatemala el apoyo al sistema ni siquiera llega al 45%. El Salvador, con su democracia cuestionada, es el país donde la gente está más conforme con su Estado.

La región, de todos modos, no está en caída libre. El apoyo a la democracia tocó fondo entre 2018 y 2023 y se recuperó algo desde entonces, y de las doce elecciones presidenciales celebradas desde 2024 siete terminaron en alternancia. Los latinoamericanos aprendieron que el voto sirve y el informe acierta cuando dice que no están eligiendo ideologías sino resultados.

La mala noticia es que ese 64% era 70% hace apenas dos años. El informe atribuye la caída a una alternancia sin entusiasmo, la de una izquierda que volvió al gobierno sin el liderazgo de antes y sin despertar mayores esperanzas de que algo se vaya a solucionar. Es difícil discutirle el diagnóstico, a un año y medio de asumir el gobierno sigue sin mostrar un rumbo, sigue mostrando malos resultados en economía y seguridad y el gabinete de ministros es una murga, con perdón de las murgas.

Pero aún hay más. Solo el 29% de los uruguayos se siente representado por el Parlamento y apenas el 23% confía en los partidos políticos. Que con esos números estemos entre los mejores de la región habla más de la región que de nosotros. El 45% no tendría problema con un gobierno no democrático que resuelva, dos de cada tres creen que un poco de mano dura no viene mal, y el 32% declara haber sido víctima de un delito en el último año, el segundo peor registro de la región. Cuando un tercio de un país dice eso, advierte el informe, hay que parar las rotativas.

La tercera noticia es sumamente interesante. En 2011 el 51% de los uruguayos decía que el Estado había hecho mucho o algo por él y su familia, hoy lo dice el 31%. Veinte puntos menos en quince años. El 75% no confía en que la plata de sus impuestos sea bien gastada y la eficiencia estatal se lleva una nota de 4,8 sobre 10, y eso que nuestros servicios públicos figuran entre los mejor evaluados de América Latina. En el resto del continente el desencanto es todavía mayor, apenas el 26% siente que el Estado hizo algo por él y el 78% desconfía del destino de sus impuestos.

Los autores lo presentan como un declive que lamentar. Nosotros vemos una señal de madurez.

En el país que inventó el Estado batllista, y al que durante décadas se le explicó que todo problema se arregla con más gasto, otro impuesto y una nueva oficina pública, que la gente haya dejado de creerse el cuento es una excelente noticia. Desconfiar del Estado como solucionador universal no es desconfiar de la democracia, es exigirle a quien administra la plata ajena que muestre qué hizo con ella.

El riesgo es que las dos cosas se crucen. Un ciudadano que paga impuestos altos y recibe a cambio inseguridad, una educación pública que no levanta cabeza y trámites eternos puede terminar pasándole la factura al sistema y no al gobierno de turno. Así empezaron varios de los vecinos que hoy miramos desde arriba, y ninguno creyó que le podía pasar.

En términos comparados seguimos bien, y está bien decirlo. Pero el informe muestra problemas evidentes y no podemos dormirnos en los laureles, que de laureles no vive ninguna democracia. Es tiempo de procesar las reformas que dinamicen nuestra economía, mejoren nuestra seguridad y eleven nuestra educación, con un Estado que gaste menos y mejor, y políticas públicas que se midan por sus resultados y no por los recursos que consumen. La democracia se defiende con discursos en las fechas patrias, pero se fortalece mejorando la vida concreta de las personas y tomando nota cuando la insatisfacción comienza a crecer.