Cara gano yo, cruz perdés vos

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En enero, cuando miles de uruguayos abrieron la factura de la patente y se encontraron con una suba que nadie había anunciado, la respuesta oficial fue de una sinceridad notable: la patente no había aumentado, lo que había cambiado era el dólar. Los autos valían algo menos, pero la divisa había subido y la fórmula hizo el resto. Había que aceptarlo, porque así funciona el sistema.

Diez meses después, el dólar bajó y los autos usados perdieron valor en forma notoria, empujados por la llegada masiva de eléctricos y una guerra de precios. Si la fórmula de enero valía, la patente de 2027 tenía que bajar. Pero el domingo el Congreso de Intendentes resolvió, por unanimidad, congelar los montos de 2026. Y lo presentó como una buena noticia: no hay aumento.

Hay que decirlo con claridad. Cuando el dólar sube, se aplica la fórmula. Cuando el dólar baja, se suspende la fórmula. Cara gano yo, cruz perdés vos.

El problema de fondo es institucional. No hay ninguna ley que diga que la patente es el 5% del valor del auto nuevo o el 4,5% del usado. Esos porcentajes surgieron de un acuerdo político entre intendentes, cuando en 2011 se unificó la patente en todo el país, y se renuevan cada año por resolución del propio Congreso de Intendentes.

Una empresa privada contratada por ellos fija el valor de cada vehículo. El propio sistema elige qué dólar usar para pasar ese valor a pesos. Quienes cobran el impuesto fijan la tasa, fijan la base y fijan el tipo de cambio, sin una ley que les ponga límite. Pocas veces se vio en Uruguay un poder tributario tan concentrado y tan poco controlado.

Y ese poder se acaba de usar para incumplir la propia regla. A cada contribuyente se le dice que paga el 4,5% del valor de su auto. Es falso. Si un vehículo que el año pasado valía 30.000 dólares hoy vale 24.000, y la patente sigue siendo la misma, ya no paga el 4,5%: paga más del 5,6% de lo que el auto realmente vale. El acuerdo que dio origen al sistema era cobrar un porcentaje del valor de mercado. Congelar el monto mientras el mercado cae es cobrar un porcentaje mayor sin decirlo. Es un aumento de impuestos disfrazado, decidido por quienes lo cobran y anunciado como una congelación.

La justificación fue todavía más reveladora. El presidente del Congreso de Intendentes explicó que la patente es uno de los pocos recursos genuinos de las intendencias y que una rebaja tendría consecuencias para sus finanzas. Se entiende la preocupación, pero eso no es un argumento. Si alcanzara con necesitar la plata, no harían falta reglas, ni leyes, ni parlamentos: bastaría con que cada gobierno decidiera cuánto le hace falta y lo cobrara. Justamente porque los gobiernos siempre necesitan más recursos es que existen límites a su poder de cobrarlos. Y del otro lado también hay necesidades: las de las familias que usan el auto para trabajar o para llevar a los hijos.
Y el argumento ni siquiera es cierto en sus propios términos, porque el parque automotor crece todos los años. Solo en Montevideo se sumaron más de cien mil vehículos en cinco años, la venta de cero kilómetro marcó récord en 2025 y en enero el propio SUCIVE celebró una recaudación récord. Cada vehículo nuevo que se empadrona es un contribuyente más. Ese crecimiento alcanzaba para compensar la baja que correspondía por la caída del valor de los usados.

Tampoco ayuda la opacidad. El SUCIVE no tiene personería jurídica, el Parlamento no puede pedirle informes y la información sobre sus contratos hay que arrancarla con pedidos de acceso a la información pública. Y vale recordar que el gobierno nacional no es ajeno: la ley que creó el sistema le da lugar al Ministerio de Economía y a la OPP en la comisión que propone aforos y alícuotas.

La solución no pasa por la indignación en redes, sino por reglas claras y transparentes. Una ley que fije un tope a la alícuota, que obligue a actualizar la base en las dos direcciones, que haga públicos los criterios y los contratos, y que saque de manos de quien cobra la capacidad total de decidir cuánto cobrar. Necesitar recursos no es, en ningún caso, una razón suficiente para un aumento de tributos que no responde a ninguna regla clara y transparente. Los intendentes de todo el sistema político no pueden decidir por si, ante si, y sin ningun contralor, cuanto voy a pagar yo de patente por mi auto. Cuidado, que el uruguayo amable y apacible se empieza a dar cuenta de que le están tomando el pelo diciendo que su auto debe pagar como si valiera USD 15.000, cuando nadie le daría más de USD 10.000. Ese abuso lo entienden todos.

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