Balas y billetes

En los últimos días, las autoridades del ministerio del Interior han lanzado con gran pompa una nueva estrategia para intentar detener la violencia criminal. Se trata de la firma de un decreto que establece límites a la compra de municiones según el tipo de usuario, exige identificar las utilizadas por la Policía y las Fuerzas Armadas, y refuerza los controles sobre su importación y comercialización. El ministro del Interior, Carlos Negro, vinculó las medidas con la necesidad de reducir las balaceras y la violencia con armas de fuego.

Vale la pena recordar que este anuncio rimbombante ocurre apenas días después de que se anunciara un aumento récord de los asesinatos en el país, apenas meses después de que con similar pompa, el mismo ministro anunciara una nueva estrategia de seguridad.

La conclusión parece bastante simple de leer.

No se trata aquí de criticar esta estrategia para controlar las municiones, y quienes tienen derecho a comprarlas. Pero sí parece una supina tontería creer que con apelar a esa medida, se va a frenar a los delincuentes a la hora de sus actos violentos. Por la sencilla razón de que son delincuentes, y por definición no cumplen con las leyes.

¿Alguien cree que quienes protagonizan los hechos de violencia en Uruguay, van a frenar sus actividades por falta de balas? ¿Es serio pensar que el mercado negro no va a encontrar la forma de suministrar municiones a quienes las buscan y tienen dinero para comprarlas? ¿Hay algún caso en el mundo exitoso de abatimiento de la delincuencia, mediante la limitación del acceso a las municiones?

La sensación que queda con todo esto, es similar a la que deja la millonaria estructura generada para controlar el lavado de dinero en el país.
Desde hace años que venimos generando normativa y una pesada regulación sobre el manejo del dinero, con el objetivo de atacar al narcotráfico y a la criminalidad. Estas regulaciones han tenido además la consecuencia de generar una verdadera industria a su alrededor, que emplea a cientos de abogados, contadores y burócratas, destinados a revisar cada movimiento de dinero.

Es así que cada ciudadano respetuoso de las leyes, hoy debe someterse a todo tipo de incomodidad, y hasta indignidad, para justificar de dónde sacó, y para qué quiere mover cada peso que haya ganado legalmente. Generando a la gente de bien complicaciones absurdas en el día a día, y costos ridículos para cada trámite que se va a iniciar.

La pregunta es, ¿ha tenido todo esto algún impacto en el narcotráfico en el país? Los números no parecen mostrarlo. Sin embargo la respuesta de las autoridades es acentuar las medidas, y incluso revertir algunas decisiones del gobierno anterior, que liberaban un poco al ciudadano a la hora de decidir como usa su propio dinero bienhabido.

No parece exagerado percibir que ya que no hay resultados demasiado visibles de éxito en toda esta estrategia, el fervor que le aplica alguna gente a este control del flujo de dinero, tiene más que ver con ambiciones de control, y de eventual imposición tributaria, que de lucha contra el delito.

Vamos aquí a hacer una pausa, y desarticular la clásica crítica estúpida que surge cada vez que alguien osa sugerir algo en la línea que viene manifestando este editorial. ¡No! No estamos diciendo que haya que liberar por completo la compraventa de municiones en el país. Tampoco que todo el esquema de combate al lavado de dinero sea una inmensa pérdida de tiempo y dinero, que haya que eliminar.

Pero sí vale la pena cuestionarse el fervor que le imprimen las autoridades a estas cuestiones secundarias, cuando las mismas contrastan de forma ostentosa con las carencias en lo que debería ser el primer esfuerzo. Y este es combatir al delito y a los delincuentes en forma frontal.

La sensación que da es que demasiada parte del esfuerzo público parece destinada a cosas accesorias, para justificar los pésimos resultados a la hora de hacer bien el trabajo de base. Porque lo importante sería meter presos a los criminales, desarticular sus bandas, y frenar sus negocios ilícitos. Y eso no se va a lograr haciendo que falten balas en el mercado. Lo mismo pasa con el lavado.

Mientras haya actividades criminales exitosas y que generen dinero, va a haber formas de que ese dinero ingrese al mundo financiero legal. Está bien hacerlo lo más difícil posible, intentando no complicarle la vida a la gente de bien, eso sí.

Pero este gobierno parece demasiado distraído en estas cosas, y muestra demasiado poco resultado, en lo que de veras hace la diferencia.