Dr. Jorge Cassinelli | Montevideo
@|Ante el propósito anunciado por el ministro José Carlos Mahía de impulsar un proyecto de ley para establecer la obligatoriedad de inscribir a los niños en centros educativos —en respuesta a la reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia sobre la materia—, es vital recordar los límites constitucionales.
Si bien el Estado tiene el deber de garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, esto no puede traducirse en una imposición arbitraria que vacíe de contenido las responsabilidades familiares.
Los hijos no son propiedad de sus padres, pero tampoco corresponde al Estado sustituirlos arbitrariamente. El artículo 68 de la Constitución es categórico al reconocer que “todo padre o tutor tiene derecho a elegir, para la enseñanza de sus hijos o pupilos, los maestros o instituciones que desee”. Por ello, cualquier iniciativa legal que obligue a la inscripción y asistencia a determinados centros entra en tensión directa con la libertad de enseñanza.
Antes de legislar para revertir los efectos del fallo de la Corte y modificar el régimen vigente, es imprescindible demostrar que una limitación de esta magnitud es estrictamente necesaria, proporcional y plenamente respetuosa de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna.
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