Transparencia

Preguntón | Montevideo
@ | La transparencia en la gestión del Estado constituye uno de los pilares fundamentales de una democracia. Por eso merece atención la reiteración de decisiones de organismos públicos que, durante el actual período de gobierno, han optado por declarar reservada información sobre asuntos de evidente interés ciudadano.

Los ejemplos son diversos. La Cancillería declaró reservada por quince años la información relativa al estudio de factibilidad de un eventual acuerdo comercial con China. En el caso Cardama, Presidencia negó el acceso a la documentación de la denuncia penal presentada contra el astillero español. El Ministerio del Interior, por su parte, reservó información sobre procedimientos disciplinarios policiales, datos de criminalidad y actuaciones de sus dependencias. También hubo restricciones al acceso a información sobre el funcionamiento del Ferrocarril Central.

No se trata de desconocer que existen situaciones en las que la confidencialidad resulta necesaria. Las negociaciones internacionales, la seguridad pública y las investigaciones judiciales pueden justificar legítimamente determinadas restricciones.

Sin embargo, la cuestión merece una reflexión más amplia: ¿dónde termina la reserva necesaria y dónde comienza una limitación injustificada del derecho ciudadano a conocer cómo actúan sus gobernantes?

La Ley 18.381 consagra precisamente el principio de publicidad de la información en poder del Estado, estableciendo la reserva como una excepción que debe fundamentarse.

Resulta particularmente preocupante que, en algunos casos, la información solicitada se refiera a actuaciones administrativas ya concluidas, sobre las cuales debería existir la posibilidad de conocer sus resultados y eventuales responsabilidades.

La transparencia no debería ser considerada una concesión de las autoridades, sino una obligación inherente al ejercicio de la función pública.

Un gobierno puede tener legítimas razones para preservar determinada información, pero también debe comprender que la confianza ciudadana se construye, fundamentalmente, con información, explicaciones y rendición de cuentas.

La reserva puede ser necesaria; la opacidad no debería convertirse en una práctica de gobierno.