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Seguridad pública, cárceles y derechos

Goy Viera Silva | Montevideo
@|En una reciente entrevista televisiva nos sorprendió la templanza, ubicuidad, coherencia, equilibrio e inteligencia de la Sra. Graciela Rodríguez, como familiar preocupada de persona recluida en la cárcel.

No creemos equivocarnos proponiendo que la preocupación de la entrevistada –que es igual a la nuestra y a la de todo ser “pensante” – debiera ser urgentemente utilizada para crear en sustitución de la figura “Comisionado Parlamentario” una Entidad Ejecutiva Estatal que integre a dicha señora, además de miembros aptos para la solución del fondo aterrador del “problema”.

Han transcurrido más de tres años del gobierno coligado y es asombroso desde todo punto de vista que no se haya encarado una solución integral para la eliminación definitiva de la “Universidad del Delito”: El contexto carcelario actual.

Lo inaudito es no percibir por parte de quien corresponda que la reclusión de delincuentes en cárceles de este país, además de ser un efecto de la aplicación de Justicia, se haya transformado en la principal causa de delitos y por consiguiente de la inseguridad pública.

Todos hemos visto cómo una importante cantidad de delitos han sido gestados y programados desde dentro de las cárceles hacia su exterior, y cómo los delincuentes más pesados ejercen la “docencia” casi siempre compulsiva sobre primarios recuperables y/o reclusos sin educación; siendo además impactante la información de que en el último año, casi la mitad de los presos ingresados al sistema carcelario son analfabetos.

La Reforma Educativa moldeará ciudadanos honestos respetuosos y dignos, pero eso será a largo plazo.

Mientras tanto, hay que solucionar el “aquí y ahora”.

Todos sabemos de la relación correlativa de causas y efectos. Pues bien, éste es un caso excepcional en el cual debemos atacar directamente a un efecto en forma urgente.

¿Por qué? Debido a que el efecto se ha convertido en causa; las cárceles se han convertido en causa de delitos e inseguridad. Urge una gran inversión.

Primero construir “sí o sí” cárceles funcionales y confortables para que no haya hacinamiento y como forma de que el castigo sea sólo la privación de libertad sin agregar la tortura psicosocial, el maltrato y la posibilidad de agresión a reclusos y funcionarios.

Luego, organizar la categorización, el trabajo, estudio y/o alfabetización de los presos previa capacitación especializada de los funcionarios y la confección de un estricto Reglamento.

Lo susodicho es de absoluta prioridad al igual que la saturación presencial preventivo-represiva contra el narcotráfico.

Lo de las cárceles es ineludible aunque tengamos que privatizarlas y aplicar una audaz imaginación so pena de caer en un caos abismal. Y para lograr la mencionada saturación hay que fortalecer y dar participación a las Fuerzas Armadas quienes, a su vez, podrán ejercer con efectividad la defensa del país, atenuando la tendencia a hechos de lesa soberanía ocurridos en las últimas décadas en la región y en el mundo, aunque además tengamos que dar cabida a bases militares extranjeras a través de alianzas y tratados. Una SATO para el Atlántico Sur, paralela a la NATO. Cambiar ingenuidad, romanticismo y utopía por pragmatismo.

Pero lo más flagrante de todo es que la seguridad o inseguridad pública serán determinantes en el retorno o no del comunismo al gobierno en la próxima elección nacional.

La mejora en cifras de delitos es todavía insuficiente. Aún estamos a tiempo. Nuestras leyes habilitan un endurecimiento de la mano gobernante que procuraría el alivio y agradecimiento de la población una vez visto el resultado.

No se debe temer a ejercer la autoridad legal, porque a la larga en instancias electorales aparecen los votos de reconocimiento.

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