PBI, impuestos y gastos

Uruguayo racional | Montevideo
@|La salud económica de un país puede analizarse, en buena medida, a partir de la relación entre tres variables fundamentales: cuánto produce su economía —el Producto Bruto Interno (PBI)—, cuánto recauda el Estado a través de los tributos y a qué ritmo aumentan las erogaciones públicas. En Uruguay, la evolución de estas tres magnitudes revela una tensión estructural que contribuye a explicar la persistencia del déficit fiscal y el debate recurrente sobre la presión tributaria.

Al analizar su evolución en términos reales —es decir, descontando el efecto de la inflación— aparece una cuestión particularmente relevante: determinados componentes del gasto público presentan una dinámica más rígida que la evolución del propio PBI. Mientras la economía uruguaya ha registrado en los últimos años ritmos de crecimiento moderados, las erogaciones públicas deben afrontar compromisos estructurales de difícil reducción, entre ellos el pago de pasividades, las transferencias sociales y diversos gastos vinculados con la cobertura de salud.

Por el lado de los ingresos, la recaudación tributaria —liderada por impuestos al consumo, como el IVA, y a la renta, como el IRPF y el IRAE— acompaña, en términos generales, la evolución de la actividad económica. Uruguay presenta una carga tributaria significativa en el contexto regional. Por ello, existe un margen necesariamente limitado para aumentar indefinidamente los impuestos sin afectar el consumo, la inversión, la competitividad y la actividad del sector privado.

Aquí aparece la tensión central. Cuando el PBI crece, los ingresos fiscales tienden a acompañar ese crecimiento; pero cuando la actividad se desacelera, la recaudación pierde dinamismo, mientras una parte importante del gasto público mantiene su inercia. En 2025, los ingresos del Gobierno Central-BPS representaron aproximadamente 27,5% del PBI, mientras los egresos primarios alcanzaron cerca de 28,9%, antes de considerar los intereses de la deuda. El resultado fiscal de ese ámbito fue deficitario. A junio de 2026, el déficit del Sector Público Global alcanzaba 4,3% del PBI, excluyendo el efecto del Fideicomiso II de la Seguridad Social.

Estos datos permiten observar que el problema no se reduce a determinar si los impuestos son altos o bajos. La cuestión fundamental es la relación entre la capacidad de generar ingresos y la estructura y dinámica del gasto público. Si los ingresos dependen en buena medida del nivel de actividad económica, pero una parte significativa de las erogaciones presenta rigideces que dificultan su reducción, la brecha fiscal puede reaparecer aun cuando no se produzcan cambios significativos en las tasas impositivas.

Frente a esta realidad, el desafío de la política económica uruguaya no consiste únicamente en procurar un mayor crecimiento económico. También implica lograr que la evolución del gasto público resulte compatible con la capacidad real de generación de riqueza del país. El crecimiento es indispensable, pero por sí solo no resuelve una estructura de gastos que presenta importantes rigideces.

La discusión debería entonces trascender la alternativa simplista entre “subir impuestos” o “reducir el gasto”. La cuestión de fondo es otra: ¿qué nivel y qué estructura de gasto público puede sostener Uruguay de manera permanente con el crecimiento económico que efectivamente es capaz de generar?

Responder adecuadamente a esa pregunta será fundamental para preservar la sostenibilidad de las cuentas públicas, evitar que el endeudamiento se convierta en una solución permanente y, al mismo tiempo, crear las condiciones para que la economía pueda crecer con mayor dinamismo.

Se requiere una “reforma del Estado”, asumiendo el costo político que pueda implicar.