La seguridad no tiene color político

Willian Izzi Rosa | Montevideo
@|Uruguay se volvió inseguro. No es una sensación, es un dato. Es la conversación en el almacén de Durazno, en la parada de ómnibus en Montevideo, en el interior profundo. Ya no se trata de si hubo más o menos hurtos. Se trata de que la violencia cambió de escala. Es más cruel, más desmedida, más joven. Y la gente honesta, la que trabaja, la que madruga, vive con miedo.
Durante años nos refugiamos en la idea de que éramos distintos. Que eso pasaba en otros países. Esa idea se terminó.
Frente a esta realidad, la discusión política se ha vuelto pequeña. Si la idea es del Partido Nacional, el Frente Amplio la ataca. Si la propone el Frente Amplio, Blancos y Colorados la descalifican. Mientras tanto, el delito no pregunta por ideologías.
Es hora de decirlo con claridad: sea del partido que sea, blanco, verde, colorado o frenteamplista, si hay un proyecto de seguridad que funciona, hay que estudiarlo, adaptarlo y aplicarlo.
Miremos el caso que hoy todos discuten: El Salvador. Durante décadas fue el país más violento del mundo. Hoy, con luces y sombras, ha logrado lo que parecía imposible: devolverle la calle a la gente. ¿Cómo? No con magia, sino con tres decisiones básicas que cualquier Estado puede entender: recuperar el territorio, desarticular la comunicación del crimen organizado desde las cárceles y dejar de tratar al delincuente peligroso como si fuera un infractor menor.
¿Significa eso copiar el modelo salvadoreño y pegarlo en Uruguay? No. Sería ingenuo y además inconstitucional. Uruguay tiene una tradición jurídica garantista, una democracia sólida y una escala distinta. Pero sí significa tener la humildad intelectual de preguntar: ¿qué parte de eso sí nos sirve?
Nos sirve un sistema de inteligencia criminal que vaya detrás de las bandas y no solo del último eslabón. Nos sirve un régimen carcelario que realmente aísle a los líderes que hoy siguen extorsionando y ordenando crímenes desde adentro. Nos sirve una presencia territorial del Estado que no sea un operativo de dos horas para la foto, sino una ocupación permanente con servicios, con policía, con oportunidades.
Ningún gobierno podrá traer inversión, mejorar la educación o el sistema de salud si no garantiza lo primero: la vida y la paz de su gente.
La seguridad no es de derecha ni de izquierda. Es la condición previa para que exista la libertad. Un trabajador no es libre si no puede volver a su casa tranquilo. Un comerciante no es libre si tiene que pagar peaje a una boca de pasta base. Un niño no es libre si no puede jugar en la vereda.
Uruguay necesita un acuerdo nacional en materia de seguridad que sobreviva a las elecciones. Un plan a diez años, con evaluación externa, con indicadores claros, donde se tome lo mejor de cada experiencia internacional, venga de donde venga, y se adapte a nuestra realidad.
No podemos seguir discutiendo mientras nos roban la tranquilidad. Si algo funciona en El Salvador, en Chile, en España o en Japón, traigámoslo. Estudiémoslo. Apliquémoslo a lo uruguayo.
Porque al final, al ciudadano no le importa de qué color es la mano que le devuelve la paz. Solo quiere que esa mano aparezca.