En situación de calle

Preocupado por logros | Montevideo
@|La presencia de personas viviendo en la calle plantea un problema que merece ser analizado más allá de la respuesta inmediata de proporcionarles un lugar donde dormir, alimentación o atención sanitaria. La experiencia internacional muestra que, sin abandonar esas respuestas de emergencia, se está avanzando hacia un enfoque diferente: prevenir que las personas lleguen a la calle y procurar que quienes ya están en ella puedan acceder a una vivienda estable, acompañada de los apoyos que necesiten.
Uno de los modelos más conocidos es Housing First (Primero la vivienda). Su principio consiste en que la vivienda no sea la recompensa final después de solucionar problemas de salud, adicciones, desempleo o vínculos familiares, sino un punto de partida desde el cual abordar esas dificultades.
Pero existe una cuestión que considero fundamental y que a veces queda relegada: ¿cómo se financia todo esto?
La experiencia internacional indica que no corresponde que la responsabilidad recaiga exclusivamente sobre los gobiernos departamentales. El financiamiento suele provenir principalmente del presupuesto nacional, complementado por los gobiernos locales y por organismos vinculados con vivienda, salud, seguridad social y empleo. También pueden participar organizaciones sociales y, en determinados casos, el sector privado.
Para Uruguay, sería conveniente analizar la cuestión desde una perspectiva de costo-beneficio. No solamente preguntarnos cuánto cuesta mantener refugios y servicios de emergencia, sino también cuánto cuesta mantener durante años a una persona en situación de calle frente al costo de proporcionarle vivienda estable y acompañamiento.
Naturalmente, no toda persona podrá resolver su situación de la misma manera. Pero una política pública debería poder medir sus resultados: cuántas personas ingresan al sistema, cuántas consiguen una vivienda, cuántas permanecen en ella después de uno o dos años y cuánto cuesta cada resultado.
Esto permitiría pasar de una lógica predominantemente asistencial a una política orientada a resultados.
No necesariamente se trata de gastar mucho más, sino de coordinar mejor y utilizar de otra manera parte de los recursos que ya se destinan al problema, dando mayor importancia a la prevención, la vivienda y la recuperación de autonomía.
La situación de calle, por su complejidad, merece ser considerada como una política de Estado, con objetivos nacionales, financiación adecuada, participación de los gobiernos departamentales y evaluación periódica de los resultados.