El trabajo como derecho

Juan Pedro Arocena | Montevideo
@|Hay un derecho declarativo y otro real. No es lo mismo el derecho al trabajo que el derecho a trabajar. Este último es parte de la libertad de realizar actividades lícitas que no dañen el derecho de otros. Nadie me puede impedir tener y concurrir a mi trabajo así como también nadie está obligado a proporcionármelo si no lo he conseguido. Curiosamente, quienes defienden la fantasía declarativa son proclives a violar la libertad de trabajo.
La Declaración Universal de Derechos Humanos promulga la fantasía. En cambio nuestra Constitución (1967) mandata a proteger la realidad: “el derecho a ser protegidos en el goce de su... trabajo”. Es decir, un trabajo que el sujeto ya consiguió y que tiene derecho a que se lo proteja en su ejercicio. Pero dicho reconocimiento constitucional no derogó en los hechos la prohibición del jubilado a trabajar que sancionó la ley 9940 de 1940: “es absolutamente incompatible el goce de jubilación o pensión con el ejercicio de actividades comprendidas en la misma”. La prohibición se confirmó en el Acto Institucional N° 9 de 1979 (art. 74) y con la reglamentación de la ley 16713 (1995). Finalmente la ley 20.130 (período de Lacalle Pou) cambió algo esta realidad pero lo hizo “a la uruguaya”, es decir, a medias. A partir de su sanción el jubilado puede trabajar pero le sale muy caro, no le conviene. Corresponde derogar la prohibición en toda su dimensión por ser violatoria de un derecho real y natural (libertad de trabajar) protegido por la Constitución y no quedarse a mitad de camino.
Esta reiterada violación tiene su origen en dos creencias antiliberales y de cuño mercantilista y colectivista, muy generalizadas en Uruguay. La primera concibe a la economía como un juego de suma cero, por el cual la ocupación (pasa otro tanto con la riqueza) de un jubilado le quita el trabajo a alguien que no lo es. La segunda consiste en creer que la jubilación es un beneficio que graciosamente regala el Estado.
En realidad la jubilación es una renta vitalicia, contrapartida del capital acumulado por los aportes que efectuó el trabajador durante su vida activa. Surge (o al menos debería surgir) de un cálculo actuarial basado en la esperanza de vida de quién aportó. No existe motivo alguno para que se lo castigue con prohibiciones ni condiciones de trabajo desventajosas.
La libertad de trabajo también es violada “de facto” por esa malentendida y tolerada extensión del derecho de huelga que deriva en piquetes (la LUC los declaró ilegítimos pero se siguieron realizando). La huelga es lícita por ser una abstención de concurrir al trabajo, decisión que se toma en el ejercicio de la libertad individual; por el contrario, el piquete es una violación a esa libertad individual al impedirme el acceso al trabajo que he conseguido y que deseo conservar y cuidar.
Otra vez la libertad; un valor fundacional que la izquierda condena a un progresivo desuso. En cambio dedica sus mejores esfuerzos a imponer hegemónicamente el derecho declarativo. Si lo comparamos con los que, por el contrario, sí son derechos reales (naturales): la vida, la libertad y la propiedad, advertimos que cuando alguien me mata, me secuestra o me roba, hay un delincuente y una víctima. La ley lo castiga. Para respetarlos basta con que los demás se abstengan. El Estado no me los concede, sino que tiene la obligación de protegerme en su ejercicio; cuidar que los demás no me agredan. Por eso pueden cumplirse todos a la vez, siempre. Para que el derecho “al trabajo” fuera realmente un derecho alguien tendría que estar obligado a contratarme en el ámbito laboral. No se puede obligar a un privado a contratar con otro privado contra su voluntad. Y si esa “obligación” se la adjudicamos al Estado (sueño progre si los hay), el costo que el mercado no sostiene recae imperativamente sobre los contribuyentes. La desocupación es un drama social, como tantos, pero no es la violación de un derecho.
El derecho al trabajo, tal como suele proclamarse, es una promesa que nadie está obligado a cumplir y que nadie viola cuando no se cumple. El derecho a trabajar, en cambio, es una libertad concreta, y se viola cada vez que una ley o un piquete se interpone entre una persona y su trabajo.