José Pedro Traibel Oribe | Montevideo
@|El pasado mes de septiembre volvió a preocuparme algo que considero que trasciende cualquier partido: cuando determinadas concepciones sobre la identidad y el género dejan de ser expresiones legítimas de pensamiento para convertirse en instrumentos de división social y, más aún, cuando el Estado se identifica con ellas.
No cuestiono las opciones personales de cada individuo. En una sociedad libre, cada persona tiene derecho a vivir su sexualidad, expresar su identidad y construir su proyecto de vida de acuerdo con sus convicciones, respetando siempre los derechos de los demás.
Mi cuestionamiento comienza cuando una determinada concepción pretende imponerse como una verdad que toda la sociedad debe aceptar y, especialmente, cuando pasa a ocupar un lugar dentro de las instituciones públicas, embanderando Ministerios, Intendencias, el Palacio Legislativo o edificios de la Administración de todos los uruguayos.
Creo en una realidad biológica determinada por el sexo masculino y femenino. Reconocerla no impide respetar las decisiones personales, las distintas formas de vivir ni los derechos individuales.
La identidad y las opciones personales pertenecen al ámbito de la libertad individual. La legislación, la educación y la Administración Pública pertenecen al ámbito de todos los uruguayos, independientemente de su orientación sexual, religión o pensamiento político.
El Estado no debe discriminar a nadie, pero tampoco convertirse en representante de determinadas identidades, ideologías o corporaciones. Las minorías deben ser protegidas cuando sus derechos son vulnerados, pero proteger derechos individuales no debería transformarlas en categorías privilegiadas frente al resto de los ciudadanos.
También debemos poder discutir instituciones y conceptos sin que toda discrepancia sea calificada de odio, discriminación o ataque. Podemos reconocer derechos sin convertir nuestras diferencias en enfrentamientos.
Quienes circunstancialmente conducen el Estado tienen, como personas, plena libertad para adherir a las causas que consideren. Pero como gobernantes representan también a quienes piensan exactamente lo contrario.
El Estado debe unir, no dividir. Su función no es militar por determinadas banderas, sino garantizar a todos libertad, seguridad y derechos dentro de la ley.
Porque cuando el Estado deja de ser árbitro y comienza a identificarse con determinadas causas, lo que está en juego ya no es solamente una discusión sobre género: está en juego nuestra concepción republicana del Estado.
La identidad sexual pertenece a la libertad de cada persona. Las leyes pertenecen a toda la sociedad. El Estado no tiene género, tiene ciudadanos.
El Estado no tiene género
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