Ciudadano cauteloso | Montevideo
@|Uruguay anunció una inversión de 5.700 millones de dólares para un parque de centros de datos con la empresa española Solaria. El gobierno la presenta como una apuesta a la innovación, a la economía digital y a la generación de energía. Es un objetivo compartible, pero las inquietudes que circulan tienen bases concretas que merecen respuestas.
¿Puede la empresa con semejante salto? Solaria opera en Uruguay hace casi una década, con plantas de 9,5 megavatios. Ahora propone un proyecto de unos 5.000 millones de euros, varias veces su deuda de 1.170 millones de euros. Una agencia de calificación advirtió que su flujo de caja no alcanza para financiar su plan de inversión, por lo que dependerá de préstamos o inversiones de terceros.
-Una nota justa, pero baja. En abril, EthiFinance rebajó su calificación a BBB. Sigue siendo grado de inversión, aunque en el escalón más bajo antes de lo especulativo.
-Dudas en su propio mercado. Solaria fue blanco de ventas en corto de casi 12% de su capital. También 16 constructoras la denunciaron ante el regulador español. Las apuestas a la baja no prueban nada, pero muestran que el mercado duda.
-Un plazo inusual. UTE comprará energía solar con un contrato de hasta 40 años. Los anteriores fueron de 30 años o 20 años. En cuatro décadas cambian la tecnología y los precios; un valor fijado hoy podría resultar caro durante generaciones. Además, ese contrato probablemente sirva a la empresa de garantía para conseguir crédito: se apoyaría en la firma del Estado.
-La lección de las garantías. Uruguay vivió recientemente un caso en el que se rescindió un contrato con un astillero español tras descubrir que su garantía provenía de una empresa en liquidación. ¿Qué pasará aquí?
-El balance para el país. Hay exoneraciones por zona franca aún sin cuantificar y 1.500 empleos permanentes, modestos para tanta inversión. A esto se suma una demanda de energía equivalente a casi una décima parte de la capacidad instalada del país, según publicaciones difundidas en prensa.
Nada de esto prueba que el proyecto sea malo. Prueba que la información disponible es insuficiente. Corresponde publicar los contratos y exigir garantías verificables, hitos con fechas y sanciones por incumplimiento, además de revisión del precio de la energía. Una inversión histórica merece un escrutinio a la altura.
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