“Desigual a los desiguales”

Juan Pedro Arocena | Montevideo
@|El primer problema se nos presenta antes; me refiero al verbo utilizado: “tratar”. El monarca absoluto “trataba” a sus súbditos. Podía tratarlos bien o mal porque la relación del Estado (personificado en el monarca) con los individuos no se daba en un plano de igualdad sino en una relación unilateral de “imperio” de uno (el absoluto) sobre los demás (los súbditos).

En el Estado de Derecho tal vocación de “imperio” del Estado sobre los ciudadanos queda restringida al Derecho Público (v.g.: el Derecho Penal o el Derecho Tributario). En el ámbito del Derecho Privado el Estado no “trata” a sus ciudadanos sino que “contrata” con ellos.

En efecto, para mandar a alguien a la cárcel no se le pide su consentimiento, para ponerle un impuesto tampoco. Convengamos por un momento en dejar fuera de nuestra consideración al Derecho Constitucional, al Administrativo, al Procesal y al Internacional, dado que es en la órbita de los tributos donde se toca directamente el interés individual y legítimo de una amplísima mayoría de ciudadanos (digamos, los contribuyentes).

Ahora bien, cuando el Estado liberal nos “trata”, debe hacerlo como personas que somos (sujetos de derecho) libres e iguales ante la ley.

En tributos, la primera muestra de un “trato” que esquiva la necesaria “igualdad” son los impuestos progresivos que consisten en aplicar tasas (alícuotas) crecientes a tramos de montos imponibles (renta, riqueza) crecientes. De esta forma, las rentas o las riquezas mayores tributan más, no sólo por acusar un mayor monto imponible sino también porque a esos mayores montos se le aplican tasas también mayores. Hayek sostuvo en “Los fundamentos de la libertad” que la progresividad viola el imperio de la ley porque la mayoría vota tramos que no la alcanzan, imponiendo a una minoría cargas que ella misma no soporta.

No hay en el impuesto progresivo reciprocidad legislativa. Alberto Benegas Lynch demuestra cómo la progresividad cae desproporcionadamente sobre las rentas altas; al hacerlo castigan el tramo de riqueza que se ahorra y reinvierte. Consecuentemente, menos inversión implica menos tecnología en manos del trabajador, por lo tanto menor productividad marginal y, en consecuencia, menores salarios reales.

Cuando las inversiones aumentan, mejora el ingreso de los pobres y cuando disminuyen empeora.

Éstas son las críticas a la progresividad en su esencia, esto es, sin entrar a cuestionar el destino de lo recaudado por esa progresividad.

Pero en Uruguay, tratar desigual a los desiguales implica no sólo sacarle más al que tiene más para financiar las funciones del Estado, sino también para darles más a los que tienen menos. Esto es: quitarles a algunos, no para financiar la seguridad, la educación o la salud, sino para ponerlo en el bolsillo de otros.

Que un gobierno “trate desigual a los desiguales” no significa que les dé a los más desfavorecidos más que lo que les da a los demás, porque el Gobierno no crea riqueza. Para beneficiar a algunos debe perjudicar a otros (despojarlos de una parte de lo que legítimamente les pertenece). Estos trasiegos reciben en economía el elegante nombre de “transferencias”. Salvando las distancias, el punga del ómnibus también realiza “transferencias”.

En Uruguay las Pasividades (que son transferencias de activos a pasivos porque el Estado empapeló a las cajas de jubilaciones despojándolas de los aportes de empresarios y obreros, proceso que se inicia en 1943) son el 9.9% del PIB (unos 8.200 millones de dólares) y las transferencias propiamente dichas son el 8.7% del PIB (unos 7.100 millones de dólares). Entre ambas representan el 61% del gasto del Gobierno Central y BPS.

Pero esto no termina aquí. Con este panorama el Uruguay no invierte, y al no invertir, no crece, permaneciendo estancado en el subdesarrollo.

Pero hay más. Para que las empresas inviertan aunque sea el mínimo para subsistir, los sucesivos gobiernos han tenido que exonerar el 90% del impuesto a la Renta (IRAE) de aquellas empresas que demuestren estar ejecutando inversiones.

El corolario es un conglomerado de gobernantes que aparecen como divinidades que quitan (para ser temidos) y regalan (para ser amados). A veces simplemente devuelven algo a quienes antes les sacaron (decidiendo lo uno y lo otro) y mientras resuelven estas prestidigitaciones arbitrarias, mantienen a su funcionariado y son aplaudidos por un electorado, una vez más, confundido y engañado en su insuperable ignorancia.