Esteban Vicente | Colonia
@|Los estados financieros de la Caja Bancaria que corresponden al ejercicio 2022, muestran una posición muy vulnerable. Las pérdidas suman 4.342 millones, su capital es de 3.393 millones y su pasivo a largo plazo es de 7.115 millones. Indudablemente sería dificultoso el honrar con sus recursos propios las pasividades en el presente año.
Se trata de una situación a todas luces no deseada, pero sí inevitable, porque un organismo de previsión social no puede atender las erogaciones que demandan unos 19000 afiliados pasivos, sustentados con los ingresos aportados por alrededor de 18000 afiliados activos, esto incluyendo los aportes patronales. Para que así fuera, y buscando una ecuación fácil de entender, para una pasividad promedio (jubilaciones y pensiones) de 100, los afiliados activos deberían ganar cada uno 220.
El sistema bancario que hace unos 60 años tenía unos 60 bancos operando en la plaza local y con afiliados activos que eran 4 por cada un afiliado pasivo, llevó a que la visión corto-placista de aquellos años, común en todo el sistema, propiciara una serie de decisiones de sus autoridades a través del tiempo, que coadyuvaran a empeorar su situación financiera y patrimonial.
Para comenzar, está dirigida por un Consejo Honorario (C.H.) compuesto por 7 miembros: su Presidente designado por el Poder Ejecutivo de turno, 3 por los bancos (2 por los privados y uno por los oficiales), dos por los afiliados activos y uno por los pasivos (léase por la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay-AEBU).
Allá por 1964, se comenzó una explotación forestal en Piedras Coloradas, departamento de Paysandú. Lamentablemente, los recursos destinados a este fin no han producido los ingresos financieros que se pretendían para solventar parte del pago de las pasividades.
El año pasado su actividad arrojó una pérdida, que evidentemente no condice con los resultados de otras inversiones forestales de entidades privadas afincadas en el país, en este caso con más de medio siglo de iniciada. ¿Nadie rendirá cuentas por lo actuado o dejado de actuar? Muchas otras decisiones involucrando la concesión de pasividades por razones políticas se adoptaron sin una contrapartida de ingresos y que como en otros organismos de previsión fomentaron su descapitalización.
Cuando en 2008/09 se votó una ley de salvataje, el sindicato bancario, por supuesto, afín al gobierno de turno (su C.H. tenía 5 votos a favor) no aclaró que la misma se agotaría a los 14 años, pero ahora sí están en contra de la consolidación del sistema jubilatorio, recientemente votada.
Sus representantes en el C.H., tampoco reclamaron por la instalación de un impuesto que representa un 10% de las jubilaciones (en los hechos una rebaja de las mismas, supuestamente inconstitucional), que se agregó al Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social o sea el IASS.
Aquí predominaron las simpatías políticas y la no defensa de sus afiliados pasivos. Tampoco con que su pasivo de entonces se convirtiera en deuda a largo plazo ajustable por la Unidad Indexada, que detallamos más arriba y que es imposible de afrontar en el futuro con la actual situación actuarial y financiera del organismo.
¿Y ahora qué?
Si finalmente el Estado debe aportar para el pago de las pasividades, se debería legislar al respecto y entre las medidas a adoptar, se la debería capitalizar con aportes de todos los bancos, y licuación del pasivo a largo plazo a través de cuotas mensuales aportadas tanto por los afiliados activos como los pasivos, en este caso en proporción de 2 a 1, y modificar su directiva. Tiene que haber una autoridad competente, no honoraria, no partidaria y que responda con su cargo si se cometen errores...