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Un proyecto para Uruguay

Las condiciones de Uruguay son especiales, pero los datos muestran el poder del análisis costo-beneficio para destacar las mejores soluciones.

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A pesar de contar con un presupuesto público considerable, Uruguay no dispone de fondos suficientes para hacer todo lo que desearían sus ciudadanos. Por lo tanto, debe establecer prioridades entre muchas oportunidades valiosas.

En todos los países, el principal papel del gobierno y del parlamento es dar prioridad a las opciones e inversiones en políticas públicas. Es de esperar que estas políticas sean las que aporten el mayor beneficio por cada peso uruguayo gastado. Podría tratarse de inversiones enormemente eficaces en salud, como la vacunación contra el rotavirus, o en educación, como los planes docentes estructurados.

Sin embargo, en todas partes las políticas suelen estar impulsadas por otras consideraciones que pueden reducir drásticamente su eficacia. Por ejemplo, las subvenciones a los fertilizantes ayudan al agricultor, pero en general solo aportan pequeños beneficios a la sociedad. Y los medios de comunicación suelen impulsar intervenciones interesantes, incluso si sus beneficios son dudosos. Por ejemplo, dar a cada niño una computadora portátil barata fue visto durante mucho tiempo como un camino emocionante y crucial para impulsar la educación en el siglo XXI. Ahora, los estudios demuestran de forma concluyente que no solo es una opción cara, sino que además no aporta ningún beneficio: los niños posiblemente se vuelven ligeramente menos atentos.

La ciencia de la economía y la de datos pueden ser herramientas realmente útiles para ayudar al Gobierno y a los ciudadanos a disipar el ruido de los grupos de interés y contribuir a la asignación de recursos para mejorar el proceso presupuestario.

El análisis costo-beneficio rara vez es utilizado por algún gobierno del mundo de forma amplia y transparente. ¿Por qué? Requiere un gran número de académicos, aportes bien organizados y la recopilación de datos considerables, y genera resultados analíticos que pueden disgustar a algunos grupos de intereses creados. Sin embargo, la información es muy necesaria.

Mi grupo de expertos, Copenhagen Consensus, lleva una década trabajando para mejorar esta situación. Hemos trabajado en países como Dinamarca, Bangladesh, Haití, India, Ghana y Malawi para introducir un enfoque racional y basado en datos a la hora de fijar las prioridades de los países.

Las contribuciones y una amplia participación local son cruciales para centrarse en las cuestiones más importantes y obtener los mejores datos. Contar con más información sobre la eficiencia puede ayudar a los políticos y a los gobiernos a centrarse primero en las inversiones más potentes.

Las conclusiones de nuestros proyectos han cambiado las políticas de tal manera que ayudan a la gente: el gobierno haitiano, con el apoyo de la Usaid, lanzó un programa de enriquecimiento del trigo muy eficaz, que está ayudando a más de un cuarto de millón de mujeres y que salva cientos de vidas. El Reino Unido utilizó nuestra investigación para apoyar una iniciativa mundial destinada a acabar con la desnutrición. Colombia cuadruplicó el tamaño de una reserva marina. El gobierno danés gastó millones más en Vih/Sida basándose en nuestros hallazgos

Acabamos de emprender un proyecto para la Fundación Bill y Melinda Gates con el fin de investigar cómo las naciones pueden gastar mejor sus recursos en el marco de los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Encontramos muchos ámbitos donde los gobiernos pueden conseguir un mayor beneficio. Impulsar la salud materna y neonatal en países de todo el mundo puede salvar la vida de 166.000 madres y 1,2 millones de recién nacidos cada año por solo 3.000 millones de dólares. Por menos de 10.000 millones de dólares, casi 500 millones de niños pueden aumentar sus logros de aprendizaje y ser más productivos en su vida adulta. La lista es mucho más larga, pero en total, estas políticas salvarán 4,2 millones de vidas cada año y mejorarán la situación de la mitad más pobre del mundo en 1,1 billones de dólares por un costo total de 35.000 millones de dólares anuales. En términos económicos, por cada peso gastado se obtendrán 52 pesos de beneficios sociales.

Por supuesto, las condiciones de Uruguay son especiales y requieren más investigación, pero los datos demuestran el poder del análisis costo-beneficio para destacar las mejores soluciones en las que gastar primero.

Mostrar dónde rinde más cada peso no ofrece la última palabra en la toma de decisiones presupuestarias. Tampoco suplanta a los políticos. Simplemente, garantiza que ciudadanos y políticos estén mejor informados. Las decisiones sobre cómo asignar unos recursos escasos deben seguir siendo siempre competencia de los políticos electos.

Pero esta contribución significa que los funcionarios pueden elegir más entre los programas realmente efectivos y menos entre los que no son tan eficientes. Recientemente, hemos colaborado con otros países, por ejemplo, examinando el presupuesto de Uganda con su Autoridad Nacional de Planificación, señalando dónde se puede lograr más con recursos adicionales.

Un proyecto similar para Uruguay podría ser inmensamente útil. Reunamos a académicos locales e internacionales para empezar a trazar un mapa de lo que realmente funciona y destacar dónde se puede gastar mejor el próximo peso uruguayo.

(*) Dr. Bjørn Lomborg es presidente del Copenhagen Consensus Center y visiting fellow en Hoover Institution de la Universidad de Stanford. Su último libro es “Best Things First”

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