Tomar nota y tener memoria

Fue una fiesta, otra fiesta de la administración de José Mujica y que terminó costando en números redondos más de US$ 213 millones. Me refiero a Gas Sayago, la regasificadora cuya liquidación aprobó en las últimas horas la Comisión de Hacienda del Senado por unanimidad. De esta forma comienza a extenderse el certificado de defunción a un berretín que desde su nacimiento se supo que era inviable.

La hoy fenecida aventura involucró a UTE y Ancap, ocupó en su momento espacios destacados en la prensa. Su nacimiento fue en 2007 como producto de un convenio de cooperación energética entre Uruguay y la Argentina de Néstor Kirchner. Para entonces, Argentina ya había bloqueado los puentes sobre el Río Uruguay y marcaba claramente cómo iban a ser las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Asumió la presidencia Mujica y el proyecto se concretó con la participación de UTE y Ancap. Se hablaba de una revolución en la matriz energética y de barcos que abastecerían a la región de gas natural licuado.

La empresa franco-belga GDF Suez (GNLS), ganó la licitación para construir la planta, pero rescindió el contrato en 2015.

La entonces ministra de Industria y Energía, Carolina Cosse, anunció en setiembre de 2015, que el Estado uruguayo había puesto fin al vínculo contractual con el consorcio GNLS. Sostuvo entonces que: “No hay ningún daño patrimonial para el Estado, al contrario, el Estado se queda con los activos transferibles. Empieza ahora un proceso ordenado en que nos van a transferir el obrador y lo que está hecho de la obra. Y también el cobro de la garantía, “de US$ 100 millones que estaba prevista por contrato”. La garantía efectivamente se cobró en febrero de 2016, y pese a que todos eran conscientes de la inviabilidad del proyecto, se decidió seguir adelante.

Cuatro años después, en febrero de 2020, Ancap contrató una auditoría con la empresa PWC Uruguay. Las conclusiones de la auditoría mostraron pérdidas por US$ 213 millones. Reveló también el despilfarro interno: gastos por viajes de su personal al exterior (290.000 dólares), capacitación que incluía maestrías y posgrados (247.000 dólares), gastos de alimentación (212.000 dólares), pago de aguinaldos dobles, indemnizaciones especiales por despido, entre otros.

De esta aventura, además de las cuantiosas pérdidas, quedan allí en la costa de Punta Yeguas, 71 pilotes que retirarlos costaría más de US$ 5 millones. También hay un gasoducto de 13 kilómetros cuyo costo se estima en US$ 43 millones. También hay juicios pendientes contra el Estado por otros US$ 40 millones.

Actualmente Gas Sayago le cuesta al Estado US$ 125 mil por mes, cifra que dejará de perderse una vez que se termine con el trámite parlamentario. Desde que se inició el proceso de liquidación de Gas Sayago en 2019, el Estado lleva gastados US$ 9.500.000.

Si sumamos todas las pérdidas, hubiera habido recursos de sobra para construir dos represas como la proyectada en Casupá y aún sobraría plata. Es bueno tomar nota y tener memoria. Y ver cómo los que tiraban manteca al techo o miraban para un costado andan en la vuelta y siguen con sus andanzas.