El Frente Amplio convocó a todos los partidos con representación parlamentaria para un encuentro “por una convivencia democrática”.
Los partidos concurrieron. La reunión se hizo en el Palacio Legislativo y transcurrió en un clima amable, como es habitual en casos así.
Lo curioso no es el tenor de la reunión sino el motivo de su convocatoria: como si la democracia estuviera en peligro, como si las declaraciones de senadores como Graciela Bianchi y Sebastián da Silva, con todo su desparpajo, fueran capaces de desestabilizar las instituciones.
En definitiva, como si esto fuera Argentina.
Desde que quedó al descubierto un complicado operativo diseñado por Charles Carrera, cuando fue director general del ministerio del Interior, el senador se ha dedicado no a aclarar su compleja situación, sino a compararse con lo que ocurre en Argentina. Habla de lawfare y odio, como si fuera tan víctima de los jueces como Cristina Kirchner. Que tampoco es víctima: lo que le está pasando a la ex presidenta argentina no es más que el resultado de acumuladas conductas irregulares, por decir lo menos, durante sus gobiernos.
No quisiera Carrera, por lo tanto, compararse con Cristina Kirchner.
En su caso no hay ni lawfare ni odio, dos palabras puestas de moda por el kirchnerismo para distraer la atención sobre cosas realmente graves en su país.
Por varias razones hay, sí, presunción de una conducta cuestionable cuando estaba en el ministerio. Primero, porque quiso evitar que se divulgue un episodio gravísimo, que involucró a un oficial policial en La Paloma. Segundo, porque para acallar una posible denuncia de ese episodio, tomó medidas con la víctima de modo tal que por vías irregulares y con fondos no previstos para eso, le ofreció un tratamiento médico por fuera de toda norma, como resarcimiento sin que nadie se entere.
Este es el hecho grave. Lo de que su pareja se atendiera en el Hospital Policial sin estar autorizada es una falta seria, pero lejos de este otro asunto.
Carrera dice que el juicio que se le pretende hacer es por odio. Lo odia, dice, el ministro. Por eso, en una medida absurda, denuncia que sufre persecución política a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
No tengo la menor idea si el ministro odia al senador. Lo que si está claro es que una vez que el episodio se conoció, el ministro no tenía más alternativa que actuar. Desplegado este gravísimo caso, el ministro estaba obligado a presentarlo ante la Justicia. De otro modo, lo grave hubiera sido su omisión.
Cada vez que el Frente reclama dialogo, lo hace con el objetivo de que sus propuestas sean tomadas por completo.
Este gobierno se ha mostrado abierto al dialogo: escucha con respeto y después ve lo que hace. Eso no quiere decir que esté obligado a tomar por bueno todo lo que se le propone. Hoy gobierna la coalición bajo la presidencia de Luis Lacalle Pou. No lo hace el Frente Amplio. Muchas veces, con la exigencia de “dialogar” la oposición parecería querer ocupar el lugar del gobierno.
Si por momentos el ambiente político se crispa, es porque el Frente Amplio no termina de entender lo que pasó en octubre y noviembre de 2019.
Le cuesta, todavía hoy, aceptar que perdió. Ese resentimiento se expresa en una obtusa estrategia de resistencia. Desde el primer día, y más con la pandemia, le salió al cruce a cada cosa que el gobierno hizo. Hasta medidas meramente administrativas son enfrentadas con una dureza desproporcionada.
También le cuesta entender el fuerte liderazgo que despliega el presidente, distinto a lo que el país estaba acostumbrado. No quiere aceptar que Lacalle Pou es genuinamente popular. Para el Frente solo hay una manera de ser popular y es la de Mujica. Por lo tanto, le resulta incomprensible que Lacalle también lo sea, aunque de otra manera.
Otra explicación puede encontrarse en el cambio de liderazgo dentro del Frente. O sea, la ausencia de liderazgo. Los tres grandes referentes de estos últimos años (Vázquez, Mujica y Astori) ya no están. Vázquez murió, Astori casi no se muestra y cada vez que Mujica habla, lo contradicen sus propios compañeros del MPP.
Hay dos grupos fuertes, sin duda, pero sin cabezas visibles. Fuertes además en su tradición ideológica no democrática. Más allá de que tanto el Partido Comunista y el MPP han jugado, mal que bien, de acuerdo a las reglas, por definición esencial no creen en la democracia.
El Frente se queja de Bianchi y de da Silva, pero tiene sus Caggiani, sus Gerardo Núñez, sus Della Ventura y sus Sabini. Es que por diferentes razones, todos los partidos sin excepción, tienen problemas en cuanto a la calidad de sus representantes en el Parlamento. Eso lleva a que sean ideológicos e inflexibles a un nivel elemental.
En un mundo donde la democracia está en crisis en serio, Uruguay (con muy pocos países más) es un oasis que hay que cuidar. Para “bajar la pelota al piso” como reclaman algunos, lo que debe hacerse es política de calidad y no llevar todo al griterío. Y para alcanzar ese deseable nivel, sí, aún falta.