Sabor agridulce

Días pasados ocurrió un hito histórico que pasó un poco desapercibido. Fue aprobado por unanimidad el proyecto de Ley de primera infancia en la Comisión de Población y Desarrollo y pasará a plenario para su votación final. Para la mayoría de los uruguayos suena a burocracia, pero no lo es. Es un cambio de paradigma.

En nuestro país tenemos un problema serio: hoy hay 157 mil niños que viven por debajo de la línea de pobreza, 30 mil en situación de emergencia habitacional y 7500 diagnosticados en situación de maltrato y/o abuso sexual. Invertimos 4 veces menos en los niños que los países desarrollados y estamos por debajo de los países de la OCDE con nuestros mismos niveles de desarrollo. Además, lo que invertimos lo hacemos de forma fragmentada y con pocos controles. Hay superposición de recursos, de instituciones, de programas. Luego del embarazo y nacimiento, no se sabe si el niño va a un centro educativo, si recibe prestaciones del BPS o del Mides. La situación está más que diagnosticada, pero no lo estamos atacando de forma correcta.

Esto es grave porque la mayor base de desigualdad de nuestro país, está en los niños. La primera infancia, en especial de 0 a 3 años, es la etapa donde ocurre la mayor parte del neurodesarrollo del individuo, por eso la falta de recursos puede llegar a condicionar el resto de la vida. Para revertirlo no se precisa de un gobierno, se requiere de varios períodos. Por ende, se precisa una política de Estado.

La parte dulce de la noticia es que esta ley cambia la gobernanza de los apoyos a las familias con niños y adolescentes, en lugar de que se decida desde las prioridades que tengan cada oficina de la administración pública. Es un ejemplo puntual de reforma del Estado, que busca una estructura más eficiente, con la creación de un gabinete liderado por el Presidente de la República que articula a los diferentes actores. Rompe con las fragmentaciones, con el exceso de burocracia por la que las familias terminan en un laberinto entre diferentes oficinas públicas. Pero además, genera sistemas de información únicos. La ley crea un mecanismo que permite visualizar las partidas asignadas, su impacto real y cuantificable. Y atiende casos que deben resolverse con urgencia, además de asegurar que todas las acciones tengan asociado un sentido claro de cuál es la estrategia.

La ley no crea una institucionalidad nueva, por el contrario, sienta a la mesa los actores existentes y los pone a dialogar, priorizar y ejecutar de forma eficiente. El mencionado proyecto de ley está liderado por la diputada del Frente Amplio, Cristina Lustemberg, y recientemente contó con el apoyo del Presidente, de los Presidentes de todos los partidos políticos y del INAU. Un ejemplo de todo lo que está bien en políticas de Estado.

La parte agria del cuento es que este proyecto de Ley fue presentado en el gobierno anterior originalmente, y, en 2019, fue archivado al final de la legislatura por falta de tiempo para ser tratado, volviéndose a presentar en 2022. ¿Qué pasó? ¿Por qué el sistema atrasó 4 años un proyecto de ley tan acuciante, en el que todos están de acuerdo que era fundamental? Esperemos que finalmente el mencionado proyecto sea ley. Pero como sistema nos debemos una discusión de cómo estamos tratando los temas urgentes del país.