La incultura actual desborda el carné de notas y las pruebas PISA. No atropella sólo con la pérdida de la ortografía, la deserción liceal y el crecimiento de la droga-miseria. No se constriñe a "contextos socioeconómicos críticos". Al revés: se pasea olímpica por las alturas, achatando el lenguaje, apagando el diálogo y haciendo olvidar los principios.

Pruebas al canto, en tres órdenes diferentes.

1. Un peón rural denunció haber sido lesionado por el capataz a quien reclamó el pago de horas extras.

Esa agresión debe indignarnos a todos como seres humanos. Pero he aquí que mientras la imputación se aclara en el Juzgado Letrado de Salto y en la Dirección Nacional de Trabajo, el natural apoyo del Pit-Cnt atribuyó el episodio a "furia de la patronal" y lo vinculó al propósito de "imponer violentamente el trabajo esclavo". Sacó el tema de la responsabilidad personal e intransferible del autor y lo enmarcó en el culto dogmático de la lucha de clases.

Ignoró el principio —moral, constitucional— que manda respetar la integridad física de todos. Sin distinciones.

2. Planteado que el intendente de Soriano está en cesación de pagos y que desde sus funciones prefirió que la Comuna se abasteciera de combustible en estaciones Ancap que le eran propias, se producen pujas políticas que toman como punto de referencia el trato que unos y otros le dieron al exvicepresidente Sendic.

Por cierto, no es lo mismo medrar con un microporcentaje de la venta de dos baterías de surtidores que haberle hecho pagar a Ancap trojas de insumos de entrecasa, mientras se arruinaba al Ente otrora orgulloso desde una presidencia decorada por el alarde de un título falso.

Pero más grave que no apreciar esa diferencia es que se acuse por contragolpe y no por principios exigibles absolutamente a todos, incluso a los correligionarios que cometen el error de comedirse a callar.

La implicancia merece condena en sí, no por comparación con el último tránsfuga que estuvo en cartelera. Así debe ser en todo sistema que más que transparencia busque honradez. Es una cuestión de principios públicos.

Por lo demás, habría bastado que el señor Bascou se diera cuenta que la Intendencia le reclamaba libertad de espíritu las 24 horas para que concluyera que era incompatible con la carga de esquivar denuncias, atajar ejecuciones y enfrentar riesgos de quiebra: es decir, para que se hubiera retirado en silencio.

Así planteado, ese era un asunto personal atinente a esa clase de principios que el Uruguay tiene hoy sepultados bajo densas capas sedimentarias de incultura.

3. A los judiciales se les viola la cosa juzgada por omisión del Poder Ejecutivo, ahora con remache legislativo en el art. 15 de la Rendición de Cuentas.

Pues bien. Así herida, la Justicia penal empaca expedientes y enlentece trámites rumbo a la vigencia, desde el 1º de noviembre, del nuevo Código del Proceso, con decenas de artículos pendientes de reforma.

Todos sabemos que esa puesta en marcha es un salto en el vacío a un régimen tan discutible técnicamente como ajeno a la sensibilidad nacional.

Si alguien recordase que la seguridad jurídica es un principio constitucional, este disloque se frenaría.

Y si nadie lo ataja, es porque ya llegamos a una democracia sin reflexión pública y ya estamos en un Estado de Derecho donde en vez de principios se aplica el revoltijo.