Noticias de Estado de Derecho
SEGUIR Gerardo Sotelo Introduzca el texto aquí Digámoslo sin rodeos: lo que se está jugando en Venezuela es la penúltima batalla entre la democracia y la revolución. No es la lucha entre la izquierda y la derecha, los socialistas y los liberales, los conservadores y los progresistas, típica de la vida en democracia. Contrariamente a lo que muchas personas creen, lo que define a un sistema democrático no son las elecciones libres sino el pacto político, expresado en la Constitución y las leyes, por el cual nos reconocemos como personas cuyos derechos deben ser íntegramente respetados, independientemente de que nos toque estar entre los oficialistas o los opositores. Eso incluye el derecho a no ser molestados a causa de nuestras ideas, a ser respetados en nuestra integridad física, moral y patrimonial, y en términos generales, a expresarnos, organizarnos, y a conquistar y ejercer el poder en idénticos términos a los que reconocemos para nuestros adversarios. La democracia es un mecanismo para la resolución pacífica y consensuada de las diferencias políticas que deriva del Estado de Derecho, un sistema de garantías basados en la ley. Una revolución es lo contrario. Consiste básicamente en violar estos derechos todas las veces que a los gobernantes se les ocurra por las razones que, llegado el momento, se les ocurra. La revolución es la antítesis del Estado de Derecho. Cuando el presidente Chávez proclamó la revolución contaba con el apoyo de la mayoría de la población venezolana pero era fácil entender que su compromiso con la democracia era circunstancial. En definitiva, una revolución democrática no es más que un oxímoron para cazar ingenuos. La recordada escena en la que Chávez se paseaba por las calles de Caracas acompañado de un grupo de alcahuetes gritando "exprópiese" y señalando inmuebles con el dedo, no hacía más que expresar de una manera cabal en qué consiste una revolución. Esos momentos de éxtasis comunista caracterizan la inspiración patético-enfática, al decir de Antonio Escohotado, de la praxis revolucionaria, en la medida que unen lo ridículo con lo trágico, pasándose por alto los detalles formales para lograr la aprobación de las masas. Pero el espíritu democrático del chavismo era una fachada. Alcanzaría con que la oposición obtuviera sus primeros resultados electorales positivos para que se comenzara a vaciar de contenido el ejercicio democrático de las instituciones o a atropellar a los disidentes, con la violencia criminal de todo buen revolucionario. La deriva represiva y genocida de Nicolás Maduro no es más que la evolución del orden construido por Chávez, tanto como el genocidio desatado por Stalin fue la conclusión natural de la doctrina y la praxis de Lenin. No hubo errores; no hubo excesos. Así como la democracia y el Estado de Derecho son siempre perfectibles, la revolución es siempre criminal: a medida que las arbitrariedades avanzan, la gente comienza a resistir, quedando expuestas a la represión, las torturas, la discriminación y todo tipo de arbitrariedades, o a escaparse. Llegado el momento, tanto las personas como los gobiernos deben elegir si están con la democracia o con la revolución. En el caso de Venezuela, hace tiempo que ese momento llegó.
SEGUIR Leonardo Guzmán Introduzca el texto aquí Estremece el asesinato de Juan Carlos Nicaratto. que apareció muerto —hipótesis más probable: rapiña— en Teniente Galeano y Roberto Ibáñez, calles de Piedras Blancas cuyos nombres dicen poco pero debieran evocar mucho. El Tte. Nicasio Galeano se alzó junto al Gral. Venancio Flores contra el Presidente Bernardo P. Berro. Se enroló en la Guerra del Paraguay, especialmente en Tuyutí, 1867. Bajo la dictadura de Latorre, desde 1876 fue jefe político de Minas. Su actuación pública fue tan discutible como las causas que sirvió, pero obró de frente y a riesgo propio. Roberto Ibáñez fue un excelente poeta, profesor y analista literario. No transaba con la pereza mental ni con la liviandad. "La clase es un templo para quien siente la enseñanza", le oímos clamar en el aula-anfiteatro del Instituto Alfredo Vázquez Acevedo. Orador clásico, militó en el socialismo idealista de Emilio Frugoni. Y dijo siempre lo que sentía y pensaba, también de frente y a riesgo propio. Es en esquinas con nombres de esa alcurnia que en Montevideo y todo el país sufrimos la mayor ola de criminalidad de nuestra historia. Habituando a las nuevas generaciones a la infamia, les ocultamos que el Uruguay construyó la historia de su libertad con batallas a cara descubierta entre el guerrero y la pluma y con polémicas recias entre ciudadanos convencidos. Nuestro Estado de Derecho se cimentó en la certeza de que toda persona encarna un valor irremplazable. Tal certeza brotó de una intuición muy anterior a la promulgación del art. 173 de la Constitución de 1918 —idéntico al art. 72 de la actual—, que proclama que la personalidad humana es más amplia y más abierta que lo que se lee en el capítulo de Derechos, Deberes y Garantías. Al señor Juan Carlos Nicaratto y a sus afectos, el Estado les debía la misma seguridad que les adeudaba a todos los habitantes de la República que fueron asaltados, heridos y asesinados en estos años de crimen creciente, droga fácil, Ministro inamovible y elenco insensible. El Estado incumplió su deber. El gobierno mintió que iba a bajar 30 % las rapiñas; y ahora se escuda en los efectos del nuevo Código de Procedimiento Penal para mal explicar que en vez de disminuir, aumentaron. Ante semejante pandemia, la opinión pública —órgano diario de la ciudadanía— debe alzar su voz, en memoria de todas las víctimas y en defensa de los sobrevivientes. Por el solo hecho de que somos gente y queremos vivir como buena gente. Compelidos a sufrir gobernantes que ni se asoman al velatorio de las víctimas, asumamos nosotros mismos el valor de cada persona: en nombre de la República y de su filosofía de vida. Rechacemos que menudeen las respuestas corporativas de los que paran si el muerto es de los suyos —taxista u obrero de la construcción...— pero miran para otro lado si es sólo persona a secas. Los biombos de esa laya anestesian y cavan zanjas. Si no queremos hundirnos en una cruza de Edad Media con fascismo, debemos rechazar que el horror por el crimen se maneje como pertenencia gremial y que en nombre de lo sectorial se olvide lo universal que nos corre por dentro. Sí: con todos los dolores vividos, es desde lo universal que debemos asumir, sin edad, la idealidad fraternal de cada Año Nuevo. También este de 2019, que nos llega con esperanzas a pesar de todo.
SEGUIR Gerardo Sotelo Introduzca el texto aquí La decisión del Ministerio de Turismo de cancelar la declaración de interés turístico al "Congreso Regional Su-damericano por la Vida y la Familia", programado para noviembre próximo, es un hecho de una extraordinaria gravedad. Tanta que, de considerarse jurídicamente válida, estaríamos ante el fin del Estado de Derecho. Según reconoció el propio ministerio, la decisión se fundamenta en que varias organizaciones sociales le hicieron saber a los jerarcas de Turismo que "esta actividad hiere profundamente su sensibilidad y podría entrar en contradicción con la política" de esa cartera. Así dicho, la resolución viola varias disposiciones consagradas por la ley, la Constitución y las declaraciones internacionales que protegen los derechos humanos. Para empezar, viola el ar- tículo 8° de la Constitución, que establece que "todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes". A texto expreso, el ministerio distingue en base a la sensibilidad, colocando la de unos por encima de la de otros, en un tema típicamente controversial. En una interpretación garantista, viola también el ar- tículo 58° de la Constitución (según el cual "los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política") en la medida que restringe los beneficios a los que tienen derechos los organizadores de encuentro, en atención a las consideraciones de fracciones opuestas a los postulados que en el mismo podrían llegar a expresarse. Los funcionarios públicos están inhibidos de tomar acciones que no estén expresamente contempladas por la ley. Como parece obvio, no hay ninguna disposición legal que habilite a las jerarquías de Turismo a que puedan intervenir en diferendos filosóficos o de sensibilidades, lo que convierte esta resolución en un acto arbitrario. El artículo 162° del Código Penal establece que "el funcionario público que con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares", estará cometiendo un delito. Pero hay más. La decisión del Ministerio de Turismo también está en contradicción con la garantía establecida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por la cual todo individuo tiene derecho a "no ser molestado a causa de sus opiniones". El hecho es aún más grave porque el congreso será en noviembre próximo, lo que significa que los molestados ni siquiera han opinado aún. Si algo hubiera en los postulados filosóficos o en las actividades programadas para el congreso que contradigan la legislación, debería ser la Justicia la encargada de determinarlo; jamás la vía administrativa. Lo hecho vulnera principios básicos del Derecho como son la separación de poderes y las garantías del debido proceso. A veces es por conservadurismo, otras por susceptibilidad y otras como parte de una estrategia política, pero siempre puede haber una coartada plausible para demonizar las opiniones contrarias a las propias. El Estado de Derecho coloca la ley por encima de todos y la libertad como ideal supremo. Este tipo de prácticas atenta contra las libertades individuales y las garantías leales, por lo que deberían ser condenadas, combatidas y denunciadas con la mayor energía.
SEGUIR Leonardo Guzmán Introduzca el texto aquí La incultura actual desborda el carné de notas y las pruebas PISA. No atropella sólo con la pérdida de la ortografía, la deserción liceal y el crecimiento de la droga-miseria. No se constriñe a "contextos socioeconómicos críticos". Al revés: se pasea olímpica por las alturas, achatando el lenguaje, apagando el diálogo y haciendo olvidar los principios. Pruebas al canto, en tres órdenes diferentes. 1. Un peón rural denunció haber sido lesionado por el capataz a quien reclamó el pago de horas extras. Esa agresión debe indignarnos a todos como seres humanos. Pero he aquí que mientras la imputación se aclara en el Juzgado Letrado de Salto y en la Dirección Nacional de Trabajo, el natural apoyo del Pit-Cnt atribuyó el episodio a "furia de la patronal" y lo vinculó al propósito de "imponer violentamente el trabajo esclavo". Sacó el tema de la responsabilidad personal e intransferible del autor y lo enmarcó en el culto dogmático de la lucha de clases. Ignoró el principio —moral, constitucional— que manda respetar la integridad física de todos. Sin distinciones. 2. Planteado que el intendente de Soriano está en cesación de pagos y que desde sus funciones prefirió que la Comuna se abasteciera de combustible en estaciones Ancap que le eran propias, se producen pujas políticas que toman como punto de referencia el trato que unos y otros le dieron al exvicepresidente Sendic. Por cierto, no es lo mismo medrar con un microporcentaje de la venta de dos baterías de surtidores que haberle hecho pagar a Ancap trojas de insumos de entrecasa, mientras se arruinaba al Ente otrora orgulloso desde una presidencia decorada por el alarde de un título falso. Pero más grave que no apreciar esa diferencia es que se acuse por contragolpe y no por principios exigibles absolutamente a todos, incluso a los correligionarios que cometen el error de comedirse a callar. La implicancia merece condena en sí, no por comparación con el último tránsfuga que estuvo en cartelera. Así debe ser en todo sistema que más que transparencia busque honradez. Es una cuestión de principios públicos. Por lo demás, habría bastado que el señor Bascou se diera cuenta que la Intendencia le reclamaba libertad de espíritu las 24 horas para que concluyera que era incompatible con la carga de esquivar denuncias, atajar ejecuciones y enfrentar riesgos de quiebra: es decir, para que se hubiera retirado en silencio. Así planteado, ese era un asunto personal atinente a esa clase de principios que el Uruguay tiene hoy sepultados bajo densas capas sedimentarias de incultura. 3. A los judiciales se les viola la cosa juzgada por omisión del Poder Ejecutivo, ahora con remache legislativo en el art. 15 de la Rendición de Cuentas. Pues bien. Así herida, la Justicia penal empaca expedientes y enlentece trámites rumbo a la vigencia, desde el 1º de noviembre, del nuevo Código del Proceso, con decenas de artículos pendientes de reforma. Todos sabemos que esa puesta en marcha es un salto en el vacío a un régimen tan discutible técnicamente como ajeno a la sensibilidad nacional. Si alguien recordase que la seguridad jurídica es un principio constitucional, este disloque se frenaría. Y si nadie lo ataja, es porque ya llegamos a una democracia sin reflexión pública y ya estamos en un Estado de Derecho donde en vez de principios se aplica el revoltijo.
El gobierno no tiene ninguna propuesta nueva sobre la mesa como para ni siquiera discutir. En lo económico lo único visible es recaudar para repartir según quien grita más, y no hay planteada una sola discusión sobre la pertinencia del gasto. Va llegando el momento de exponer los elementos comunes a muchas acciones de gobierno, solo en apariencia desconectadas entre sí. Uno de ellos es la incompetencia, el otro —mucho más grave— el agravio al estado de derecho. Para la incompetencia general cabe señalar la falta de agenda tanto como la ineptitud para ejecutar y administrar. En efecto el gobierno no tiene desde hace ya tiempo ninguna propuesta nueva sobre la mesa como para ni siquiera discutir. En lo económico lo único visible es recaudar para repartir según quien grita más, y no hay planteada una sola discusión sobre la pertinencia o legitimidad del gasto. En materia internacional no hay ninguna transformación sobre la mesa, como tampoco la hay ni en lo agropecuario ni en lo industrial. Y en cuanto a la incompetencia para administrar, es bien conocida por sus resultados en Ancap y Pluna, pero también se destaca esta ineptitud por ejemplo en este sainete de la marihuana, propiciada por ley pero imposibilitada de ejecutarla: pura improvisación. Así las cosas no puede llamar la atención que la reforma del Estado —la madre de todas las reformas la llamaron— o la de la educación, no tengan después de 15 años ni siquiera algún enunciado. O que los PPP lleven años, o que la inversión en infraestructura siga esperando. Con todo, si la incompetencia es notoria, no es menos grave el agravio sistemático al estado de derecho y al bien supremo de la libertad individual que su cuidado debe propiciar. Es conocida la apoteosis del agravio al derecho concretada cuando la expulsión de Paraguay del Mercosur para dar ingreso a Venezuela, en tanto Mujica señalaba la preeminencia de lo político sobre lo jurídico. Pero no fue solo un chascarrillo verbal del Pepe concretado en esa intervención de política exterior. En efecto todo el episodio de Pluna o del Fondes evidencian entre otros este objetivo: el de lograr un supuesto bien social más allá de las normas. Y así ocurrió también con Ancap, empresa que se dedicó a implantar "su" socialismo, con su propia política de tierras, política internacional, política energética, política agrícola, etc., todo por fuera de su función fundacional y perdiendo 600 millones de dólares, con un nuevo monopolio de hecho como lo fue el de los biocombustibles que hoy no se sabe cómo administrar. Consistente con esta consideración baja para con el sistema de reglas aparece también la ley de inclusión financiera que viene suscitando nada menos que un plebiscito en su contra, apoyado por una sorprendente cantidad de organizaciones del interior así como de notorias figuras políticas. Más allá de la pertinencia de su realización, cabe subrayar que lo ocurrido con esta ley resume muy bien el enfoque oficial de los problemas. En efecto, impulsar esta ley en localidades donde no se puede cumplir es incompetencia; pero obligar a utilizar un medio de pago, un agravio a la libertad de la gente. Esto último es claramente lo más grave aunque sea ya una costumbre que se reitera con una frecuencia inusitada. Tenemos en carpeta nada menos que el artículo 15 del proyecto de rendición de cuentas, inconstitucional para todos los que han sido consultados, no solo por generar un problema de independencia de poderes, sino por cuestionar el principio de igualdad —unos cobran, otros quién sabe— y por poner cortapisas a la obligación de pagar por parte del Estado, que es un capital del país, como bien lo subrayó un ex gerente del Banco Santander en reportaje a este diario. Y aparece también la reforma de la ley de zonas francas, calificada también de inconstitucional por modificar unilateralmente condiciones de contratos vigentes. Pero el problema es que todos estos errores se los asocie a la incompetencia o a la falta de reflejo institucional de algún jerarca en particular, y no en cambio al del partido que suministra el denominador común de todas estas acciones, el partido de gobierno. Es tal cual el caso de Sendic: el gobierno podrá querer quitárselo de encima, pero fue el que lo nombró en Ancap, en el Ministerio respectivo, y vicepresidente de la república. Es como querer disociar un área más ilustrada del gobierno —Astori, Sendic— del resto, más numerosa y menos presentable. No es posible. Son lo mismo, con más o menos modales. Cuidado pues con los planteos oficialistas que quieren tomar distancia de algunas áreas del gobierno, para relanzar su mismo partido como si no tuvieran nada que ver. Porque el balance global ha empezado. EDITORIAL
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