El Frente Amplio de Salto entró en zona de turbulencias luego de que tres ediles de la coalición de izquierda que responden al exintendente Andrés Lima votasen este lunes de noche el endeudamiento por US$ 60 millones que tomó la comuna hoy gobernada por la Coalición Republicana, con el blanco Carlos Albisu, como el jefe comunal.
La sesión del lunes de noche terminó en escándalo. Los ediles frenteamplistas que votaron afirmativamente no pudieron retirarse en sus vehículos particulares y se fueron en un auto de la Junta Departamental salteña con custodia policial. Entre las personas que debieron salir con custodia está la edil Analía Fernández, esposa de Lima.
Fuera del edificio esos representantes recibieron insultos. En un video que circuló anoche se puede ver a una mujer enardecida dentro de la junta gritando: “los Lima son traidores, son peor que Albisu, manga de hijos de puta”. Las barras debieron ser desalojadas. Fernández y los otros dos ediles frentistas que se enfrentaron al resto de la coalición, Mirta Martínez y Eduardo Varela, serán evaluados por el Tribunal de Ética, dijo a El País el coordinador de la bancada de izquierda Mario Furtado.
La Coalición Republicana necesitaba cuatro votos opositores para aprobar el financiamiento. A los tres frentistas se sumó el de Nilda Díaz, una edil que integró el Frente Amplio y que ahora actúa como independiente. Los 18 ediles oficialistas votaron afirmativamente, como se esperaba.
Furtado dijo que el fin de semana pasado Albisu viajó a Montevideo, lo que le generó cierta suspicacia sobre un posible encuentro con Lima (que hoy preside el Movimiento para la Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural). Según afirmó, así Albisu logró que modificase su postura inicial de rechazo al endeudamiento. Furtado considera, incluso, que “hubo aprietes, ofrecimientos de plata” y de reingresar a personas que fueron despedidas de la intendencia. “Lima era el mayor detractor de Albisu. Nunca sabremos la verdad de lo que pasó”, comentó Furtado.
Además, explicó que el Frente Amplio salteño quiere resolver rápidamente la situación planteada porque “ahora no es lo mismo” y “hay falta de confianza”. Otros ediles del grupo de Lima que no aceptaron votar el endeudamiento abandonaron el grupo del exintendente.
Visión oficialista
Facundo Marziotte, edil blanco que coordina la bancada de la Coalición Republicana lamentó las presiones que sufrieron los curules frentistas que votaron el endeudamiento. Marziotte dijo a El País que a los dirigentes frentistas Gustavo Chiriff (exsecretario general de la intendencia) y Luis Alonso (presidente de la departamental de la coalición de izquierda), que se encontraban en la junta no los vio calmar a quienes estaban más enardecidos y aseguró que hubo mucha “violencia verbal”.
El endeudamiento se podrá tomar por hasta US$ 60 millones, deberá repagarse en un plazo no mayor a los 20 años y la tasa de interés anual no podrá ser superior al 8% en Unidades Indexadas. La resolución de la junta autoriza a la Intendencia de Salto a ceder créditos departamentales provenientes del Fideicomiso Sucive para repagar el financiamiento.
Marziotte explicó que se decidió crear una comisión de seguimiento del endeudamiento que hará informes trimestrales y que estará conformada por dos alcaldes (uno de la Coalición Republicana y otro del Frente Amplio), cuatro ediles (dos de cada bloque), dos técnicos de la intendencia y el secretario general de la comuna que hará, además, un informe anual. Y resumió que los fondos se asignarán a mejorar los accesos a la ciudad de Salto tanto desde el sur como desde el norte, a reducir los asentamientos, a dar una solución al vertedero municipal y a construir una piscina municipal en Pueblo Belén.
Advierten por un riesgo de quiebra
Furtado, el coordinador de bancada frentista en la junta salteña, no cree que el endeudamiento sea necesario. Consideró que la comisión de contralor que se creó “es para salvar la cara” de los frentistas que votaron el endeudamiento. “Se duplica la deuda cuando el fideicomiso que vence en 2013 no se ha terminado de pagar. Arriesgamos quebrar la intendencia como ocurrió en 2015 y resentir los servicios”, advirtió el edil.
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