La medida de solicitar un fideicomiso por US$ 60 millones a pagar en un plazo de 20 años acapara la agenda del gobierno de Salto por los próximos días. La puja entre la Coalición Republicana y el Frente Amplio se puede hacer sentir en la Junta Departamental, que debe aprobar la medida para que la Intendencia tramite ese plan de financiamiento.
Para esto necesita 21 votos en 31, pero la Coalición Republicana gobernante, compuesta por los ediles de los partidos Colorado y Nacional, reúne apenas 18 y por estas horas ha comenzado un proceso de negociación importante con algunos representantes del Frente Amplio con el fin de lograr los votos que faltan.
Desde el gobierno liderado por el nacionalista Carlos Albisu están convencidos de que esa línea de crédito puede dejar bien parada a la administración, que aspira a contar con dinero en caja. En líneas generales, el intendente quiere utilizar US$ 27 millones del monto global para pagar las “deudas heredadas” de la gestión del frenteamplista Andrés Lima. Con los otros US$ 33 millones, el objetivo es emplearlos en distintas obras de infraestructura y adquisición de maquinaria vial para fortalecer una “disminuida flota de vehículos” que tiene la comuna salteña.
Todo esto lo explicó Albisu a El País. Señaló que el pasado lunes tuvo una reunión en el palacio de gobierno con los representantes de todos los partidos políticos.
“Ahí les explicamos de forma detallada para qué queremos ese dinero que vamos a solicitar, con el que se pagarán todas las deudas y habrá recursos para obras que son tan importantes como necesarias en la ciudad y en el interior del departamento y que mejorarán sustantivamente la calidad de vida de la población”, dijo el jerarca.
El jefe comunal agregó que la cuota de ese plan de financiamiento a largo plazo que quiere conseguir la intendencia afecta el 6% del presupuesto departamental y no el 8% como pasa ahora, “pero además nos da aire para dejar una Intendencia con la menor cantidad de deudas posibles para el que venga y con obras importantes ya realizadas”.
Días pasados, la intendencia salteña comunicó que el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) había “aprobado por unanimidad la solicitud de financiamiento” que va a presentar ante la Junta. Y sostenían que “la decisión fue adoptada con respaldo pleno de los siete miembros del organismo, confirmando la viabilidad jurídica y financiera del proyecto que solicita autorización para un financiamiento de hasta 380 millones de UI (equivalentes a aproximadamente USD 60 millones), a un plazo máximo de 20 años. El informe señala expresamente que el pedido cumple con lo establecido en el artículo 301 de la Constitución de la República y demás normas”.
Pero el Frente Amplio de Salto cuestionó ese anuncio realizado por la intendencia y señaló que “lo que aprobó el TCR fue el informe" pero “no el plan de endeudamiento", ya que la coalición de izquierdas plantea "innecesario" generar "un endeudamiento a 20 años". Aunque el tema debe ser debatido en la Junta en los próximos días y el gobierno espera contar con 21 votos para aprobar esto.
Albisu, que en la semana recorrió el interior del departamento visitando las seis alcaldías que tiene Salto, mostró fotos de la caminería rural que pretende arreglar con dineros del préstamo que quiere conseguir y atendió a pacientes que no recibían la asistencia de un otorrinolaringólogo, especialidad que ejerce hace dos décadas advirtiendo un “déficit en la atención de salud en el interior profundo”; espera además contar con los tres votos que le faltan en la Junta, antes de fin de año.
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