Los límites del estado

Es de regla arrancar con una disculpa. Es que la semana pasada le tiramos algún dardo al amigo Alfredo García, director de Voces, por entender que nos había mandado callar. La indignación por el tema de fondo de esa pieza nos jugó una mala pasada, porque la demanda de silencio era contra María Julia Muñoz. En esa, 100% de acuerdo.

Pero el tema de hoy, tampoco le va a gustar a Alfredo. O tal vez sí, porque ya sabemos que es un iconoclasta. Es que esta semana ocurrió un episodio que no estuvo en los grandes titulares, pero sí tiene impacto en un debate que en este país es tabú. Todo surge de un fallo de la Suprema Corte que habilitó a unos padres menonitas a dar a sus hijos una educación especial, por fuera de instituciones autorizadas por ANEP.

El tema no nos llamó tanto la atención al principio. Pero cuando empezamos a ver las reacciones airadas de un montón de gente respetable, nos picó el bichito de la curiosidad. Que se transformó en una culebra insidiosa, cuando el que puso el grito en cielo fue la organización sindical Fenapes, indignada porque un par de niños se escapaban al control monopólico que mantiene el estado sobre la educación. Y, por tanto, de su maquinaria implacable de paros y extorsiones, que suele poner a los intereses de los menores en el último lugar de la lista de prioridades.

La lectura de los detalles del caso y del fallo de la Corte nos aportó información valiosa.

Para empezar, aquí no se trata de un tema religioso, para llevar calma a nuestros siempre atentos racionalistas anti todo lo que huela a espiritualidad. Tampoco son unos padres pirados que quieren educar a sus hijos en su casa, lejos de cualquier roce externo.

Lo que esta familia reclamaba era el derecho de que sus hijos se educaran en un ambiente externo, con otros niños, y cumpliendo con los estándares de conocimiento internacionales. Con exámenes y certificados que lo acreditan. Solo que en un ambiente que no está regulado por la ANEP.

La Corte les da la razón en base al artículo 68 de la Constitución uruguaya que dice que “Queda garantida la libertad de enseñanza. La ley reglamentará la intervención del Estado al solo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden públicos. Todo padre o tutor tiene derecho a elegir, para la enseñanza de sus hijos o pupilos, los maestros o instituciones que desee”.

ANEP reclamaba que el artículo 70 dice que “es obligatoria la enseñanza primaria y la enseñanza media, agraria o industrial”, y lo asume como que lo obligatorio es asistir a instituciones validadas por el estado. Parece que no.

Pero detrás de los aspectos técnicos, lo que hay es un profundo debate filosófico. ¿Tienen los padres el derecho a elegir al educación de sus hijos? ¿Donde están los límites? ¿Tiene el estado el derecho a imponer un tipo de educación en el nombre del supuesto interés superior de los niños? ¿Quién le da esa representación?

Pero algo todavía más insidioso. ¿Es bueno para una sociedad que haya un sistema educativo único y monopólico? ¿No es de alguna manera “formatear” la mente de las nuevas generaciones, de acuerdo a lo que le gusta al poder de turno? Y un poder que en Uruguay ni siquiera es del todo representativo. Porque la educación aqui, durante años, ha funcionado sin preocuparse demasiado de lo que dicen las urnas.

El tema es que en Uruguay se suele confundir el rol del estado, con una especie de religión laica. El Estado es omnipresente e infalible, aunque suela fallar y estar ausente donde más se precisa.

Pocas cosas dejan más en evidencia este endiosamiento de la burocracia que el matrimonio civil. Allí un opaco burócrata, fajado con una bandera patria, se dedica a pontificar durante largos minutos sobre los deberes morales de cada contrayente. Y uno se pregunta ¿quién sos vos para hablarme de estas cosas como si fueras un cura o un rabino?

También este problema se basa en otro culto nacional, que es el que endiosa a la educación estatal como el gran consolidador de la sociedad, y la clave de nuestra identidad nacional. Algo que no solo es discutible (aquí se publicaron unas columnas de Pablo da Silveira muy ilustrativas sobre este tema), si no poco deseable.

Da para preguntarse, si vos le refregás en la cara a todo el mundo cada día la bandera política de la diversidad, ¿por qué te molesta tanto que haya gente diferente en tu sociedad? Si los resultados de la educación en Uruguay son los que son, ¿tiene derecho la ANEP o Fenapes a ponerse como locos porque alguien se escapa de su red?

Acháquenlo a la cada vez más fuerte desconfianza de este periodista a la asfixiante prepotencia del estado en todos los campos. Pero esa manía por controlar con mano de hierro cómo se forma cada niño en este país, incluso cuando hay pruebas de que se respetan todos los requisitos, suena peligrosamente parecido a un deseo de adoctrinamiento.