Preguntado sobre si, de volver al gobierno, el Frente Amplio (FA) mantendrá los artículos de la ley de urgente consideración (LUC) que fueron ratificados por referéndum en marzo, Fernando Pereira respondió a Búsqueda: “Los que violentan la libertad, no. Los vamos a tratar de derogar”.
No es la primera vez que el FA plantea corregir lo que el pueblo resolvió a través del voto. A la ley de caducidad de 1986 votada por un Parlamento democrático, ratificada expresamente por el pueblo en abril de 1989, y vuelta a ratificar en 2009 al no haber adherido la ciudadanía a una propuesta para su anulación, el FA decidió derogarla en 2011.
Fue a partir de esa nueva ley, solo votada por el FA en el Parlamento, que arrancó la campaña, hoy totalmente extendida, de intentar poner preso a cualquier militar activo de la década de 1970, insultando el principio garantista de no retroactividad penal y basándose en pruebas ridículas que violan la más elemental presunción de inocencia. La cultura de izquierda promovió aquello y esto, en el FA y con sus operadores en la Justicia, mostrando así su verdadero rostro leninista y antidemocrático.
El FA también propondrá para el próximo período de gobierno que se habilite el voto en el exterior de los uruguayos no residentes en el territorio nacional. Plantea aquí también corregir lo decidido soberanamente por el pueblo en 2009, quien, consultado explícitamente sobre el asunto, por una mayoría de casi dos tercios del total se expresó contundentemente en contra.
Pereira reconoce explícitamente que no acepta el resultado del referéndum de marzo pasado.
En este tema no solamente el FA ratifica su perfil leninista, sino que, además, pone en tela de juicio lo más preciado de nuestra democracia: su calidad indiscutida de pureza del sufragio garantizada por el sistema previsto por nuestra casi centenaria Corte Electoral. Pero en última instancia, se sabe, ese asunto no le importa a la izquierda, ya que los resultados del voto son enteramente respetados solamente si condicen con sus convicciones ideológicas. Si no es el caso, le enmienda la plana al pueblo.
Ahora, Pereira reconoce explícitamente que no acepta el resultado del referéndum de marzo pasado: si el FA gana en 2024 derogará lo que le parezca, por sí y ante sí, violatorio de la libertad. Su planteo se inscribe pues en una forma de concebir la política y la democracia que es radicalmente distinta a la manera en que la entienden todos los partidos que conforman la oficialista Coalición Republicana (CR).
Esa diferencia entre la CR y el FA es, en definitiva, un enfrentamiento sustancial profundo. De un lado, el mandato histórico oriental de siempre, tan republicano y artiguista, del respeto de la soberanía del pueblo. Del otro lado, el convencimiento, tan leninista como hegeliano, de que hay un campo que encarna el buen sentido de la historia, y que desde su legítimo elitismo puede y debe corregir lo que el vulgar pueblo elige por error o por desconocimiento de lo que son verdaderamente sus propios intereses.
Que no me vengan a decir que en el Uruguay no hay grieta y que conservamos el mismo affectio societatis de siempre, ese que aceptaba disonancias pero que sabía permanecer unido en lo esencial. Hace muchos años que el FA muestra que su esencia es diferente y profundamente antirrepublicana. Con naturalidad, Pereira lo acaba de ratificar.