Hay una frase del artículo 174 de la Constitución que es clave: “El Presidente de la República adjudicará los Ministerios entre ciudadanos que, por contar con apoyo parlamentario, aseguren su permanencia en el cargo”.
Uno de los resultados más importantes de 2020 fue la demostración de calidad gubernativa de la coalición republicana (CR).
El particular 2020 expuso a las sociedades occidentales a una tensión enorme: el legítimo arbitraje entre la libertad individual y la exigencia colectiva para enfrentar la pandemia. Por cierto, no es un tema que esté resuelto.
Una de las características del Uruguay es el gran protagonismo del Estado en la economía y en la sociedad; en particular, la longeva y amplísima esperanza popular de incorporarse a la función pública para alcanzar un mayor bienestar.
En 2012 publicamos con Fanny Trylesinski “El modelo de modernización nacionalista”.
Los desafíos de la pandemia exigen definiciones políticas sustanciales. El gobierno arbitró algunas el miércoles pasado, y el Frente Amplio (FA) hace semanas que viene planteando otras.
Uno de los motivos claves por los cuales el pueblo votó en 2019 una alternancia en el poder fue terminar con el pésimo balance del Frente Amplio (FA) en materia de seguridad pública. Y ya hay buenos resultados.
El encare del gobierno al desafío de la pandemia se fundó desde el inicio en un concepto clave: el del ejercicio de la libertad responsable. ¿Se agotó esa estrategia o hay que seguir apostando por ella?
Los temas políticos del país no pasan por la coyuntura del Frente Amplio (FA). Sin embargo, como se trata del principal partido de oposición y de la carta de alternancia en el poder que tiene el sistema, importa tener claro qué está ocurriendo con la izquierda.
El Frente Amplio (FA) y Cabildo Abierto (CA) pueden llegar a acordar votar una ley para limitar la venta de campos a extranjeros. De aprobarse, esos extranjeros deberán, por ejemplo, contar con ciudadanía legal o con al menos 10 años de residencia para poder comprar explotaciones rurales.
