Las estimaciones del gobierno uruguayo sobre la pandemia y sus consecuencias estuvieron bien fundadas. Pasado lo peor de ella la economía entró en crecimiento, comenzó la recuperación salarial y el país volvió gradualmente a la normalidad.
Un extremo que los gremios transitoriamente aceptaron. En contra de las previsiones, el bajón económico del 2020 fue menos grave de lo estimado y concluyó con una baja en los niveles de pobreza inédita en el resto del continente. Un resultado que terminó de confirmarse el año pasado con una recuperación del PBI del 4.4%. Tanto que la gestión gubernamental frente a la pandemia y sus derivaciones fue considerada por la mayoría de la población como exitosa. Algo que estuvo muy lejos de ocurrir en el resto del mundo.
Lamentablemente la guerra de Ucrania iniciada en Febrero, constituyó un acontecimiento que quebró esas estimaciones. Se pensaba que pese a que las amenazas rusas subían de tono, solo se trataba de un estrategia para atemorizar a los ucranianos. Hoy las consecuencias de este conflicto están a la vista. Si bien para nosotros el mismo supuso un aumento importante del precio de la mayoría de los productos agropecuarios, correlativamente implicó una suba de los bienes importados, especialmente combustibles y fertilizantes. Aún no se ha evaluado si la ecuación nos resultará finalmente favorable, pero no hay duda que la inflación, con todas sus derivaciones, se ha convertido en un convidado de piedra. Una variable que con la guerra duplicó su presencia.
Es razonable que frente a este panorama los gremios reclamen recuperar sus salarios. Ellos -sostienen- concedieron una rebaja transitoria y no la permanencia de un deterioro que se presenta día a día como insoportable. Alegan que la recuperación económica ya se dio y se continúa procesando y que existen sectores empresariales que nada perdieron durante la pandemia, mientras los de la clase trabajadora, merman constantemente. A sus demandas de corrección se suman las de la oposición frentista y, ahora, la de algunos sectores de la coalición gobernante temerosos de lo que vendrá.
Nadie duda que determinados correctivos, antiinflacionarios, deben adoptarse. El problema eterno en el capitalismo, radica en: ¿cuáles deben ser, con qué velocidad deben implementarse sin destruir los equilibrios macroeconómicos, y cómo hacerlo sin erosionar consensos necesarios para gobernar una democracia? Y aquí, como clave subyacente, asoma el choque ideológico entre la izquierda socialista-populista (en sus innumerables versiones), sus opositores neoliberales y los afiliados al centro (especialmente cuando son gobierno).
Los primeros, en tanto lo prioritario es distribuir, prefieren medidas de ayuda material directa que abarquen la totalidad de los sectores laborales y que, en la medida que requieren inevitables aumentos fiscales graven al capital al que no es negativo debilitar. Los segundos, convencidos que sin capital no hay capitalismo posible, y que éste es la única forma de organizar la economía, titubean en cuanto a la cuantía y las fuentes de esa contribución. Confían en que de últimas el mercado reestablecerá los equilibrios.
A su vez, los centristas, caso de los socialdemocrátas, también aceptando el capitalismo procuran formas intermedias de intervención que resguarden lo mejor de ambas opciones. El eterno debate, es hoy más larvado, pero sigue planteado.