Procuremos ser claros: los delitos eventualmente cometidos por su custodio en nada alcanzan al Presidente. Solo refieren a quien cumple esa delicada función.

Eliminada la hipótesis penal o la responsabilidad moral del primer mandatario que, dadas las características del asunto, tampoco están en juego, resta determinar si éste tiene costos políticos por mantener a Astesiano en su cargo, habiendo conocido, como admitió, su complejo pasado.

El Presidente manifestó que si bien en su momento fue informado sobre las denuncias que pesaban sobre éste, comprobó que no tenía antecedentes y que las investigaciones tampoco prosperaron. Posteriormente se pudo saber que el funcionario tenía dos, pero esto, según aclaró el Presidente, no fue de su conocimiento, en tanto el registro que le exhibieron carecía de ese dato. Un acontecimiento que aunque no lo parezca, resulta bastante común y mererece investigación. ¿En tales circunstancias, el Presidente, debió cambiar al encargado de su custodia? A eso y solo a eso se reduce su responsabilidad en el caso.

No hay duda que los hechos que rodean la detención del custodio son bastante particulares. El jefe de Inteligencia policial, previa comunicación con el primer mandatario, se hizo presente en la residencia presidencial de Suárez y Reyes y allí mismo lo arrestó. Sin que nada alterara su cometido. Un procedimiento que en muchos otros países hubiera dado lugar a un escándalo -recordemos lo ocurrido en Perú- y que en Uruguay transcurrió en pleno respeto a los poderes y personajes involucrados. Buena prueba de nuestra solidez institucional.

Ocurrido el hecho, el Presidente efectuó un comunicado de prensa que no debió convocar con tanta prisa. Siguiendo su estilo transparente e impetuoso, compareció ante los periodistas para decir muy poco. Solamente que se hacía responsable en lo que le cupiera y que conservó a Astesiano como su jefe de seguridad en tanto el mismo carecía de antecedentes. No dijo y debió hacerlo, pese a que inexplicablemente no fue preguntado al respecto, si estaba al tanto del conjunto de denuncias que recaían sobre este funcionario. Se atribuyó toda la responsabilidad y aclaró que lo conocía desde hace años y que era un funcionario eficaz, pero no manifestó lo esencial, la razón por la cual lo mantuvo en funciones.

Esa omisión, el núcleo mismo del problema, quitó contenido a su intervención. Repitió lo que ya se conocía. Debió haber dicho lo obvio, que si bien no ignoraba el pasado de Astesiano, él no condenaba por denuncias frustradas ni por rumores que la justicia no avaló. Lo expresó más tarde, pero ello no excusa su silencio inicial. Por más que aún cuando lo hubiera comunicado en tiempo, seguiría planteado el interrogante de si debió nominar a Astesiano para el cargo o alejarlo si se enteró posteriormente.

A pesar que ni un funcionario público ni un particular pueden ser despedidos en estas circunstancias, muchos piensan, y me incluyo, que el respeto a las instituciones, especialmente a la presidencial, debió inclinarlo, aún actuando por presunciones, a no conservalo en el cargo. Pero, en todo caso, se trata de opiniones que no deberían dañar la figura del Presidente,sí rebelan defectos en el accionar del Estado.