Contacto en Oceanía

Lo inmediato ganó la agenda del presidente esta semana y solo al final de una agitada pero correctamente llevada rueda de prensa, pudo responder a una cuestión que mucho le importa: la apertura comercial del país.

El resto estuvo relacionado al caso Astesiano que crece en dimensión pero, al menos hasta ahora, siempre relacionado a la figura del excustodio y sus andanzas. El país sigue hablando de los chanchullos en los que el acusado presuntamente se involucró, aprovechando su privilegiada posición de custodio del presidente, pero continúa sin quedar claro en qué otra cosa involucra a Lacalle Pou o a la Presidencia. En todo caso, el error pareció ser el de haber confiado en alguien que tal vez fuera bueno en su tarea de guardaespaldas, pero no en mucha cosa más.

Lacalle vuelve a salir bien en esa rueda de prensa y contesta cada cosa que le preguntan. En definitiva, hasta que la investigación de la Fiscalía no termine y no haya un fallo de la Justicia, no habrá fin al tema, con el riesgo de que ello siga horadando su imagen.

Pese a ello, el gobierno sigue haciendo lo que debe hacer: gobernar. Esta semana el canciller Francisco Bustillo viajó a Nueva Zelandia y Australia para, entre otras cosas, entregar la carta de adhesión al Acuerdo Transpacífico.

Por ahora esa entrega no es más que un gesto, significativo por cierto, y esto recién inicia un largo proceso que podrá o no terminar en la integración uruguaya al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica, un tratado de libre comercio que comprende a once países: Australia, Brunei, Canadá, México, Nueva Zelandia, Perú y Vietnam. Estados Unidos se había sumado pero luego quien entonces era presidente, Donald Trump, impulsado por su rígido proteccionismo, resolvió salir del acuerdo.

Bustillo entregó el pedido de adhesión al ministro de Comercio de Nueva Zelandia y empieza ahora el proceso, quizás largo, de negociar los términos de una eventual integración.

Como era de esperarse, los otros tres miembros del Mercosur reaccionaron ante el hecho y dieron a conocer un comunicado advirtiéndole a Uruguay que se reservaban el derecho de adoptar medidas para defender sus intereses en los ámbitos jurídicos y comerciales.

Según algunos expertos, el texto es más político que jurídico ya que lo hecho por Uruguay, hasta ahora, es tan solo anunciar una intención. No hay un acuerdo consumado.

El gobierno tenía prevista una reacción de ese tenor y habrá que ver que pasará la semana que viene cuando se haga la cumbre del Mercosur en Montevideo, en la que Uruguay pasará la presidencia pro-tempore a Argentina.

Lo que está claro es que más allá de cuán atado esté Uruguay al Mercosur y en cuánto ello lo perjudica en su intención de colocar sus bienes a mejores mercados, la decisión es la de seguir adelante con todo lo iniciado (China, Turquía, el Pacífico).

Desde que asumió Lacalle Pou, el gobierno ha insistido ante sus socios sobre la necesidad de una mayor flexibilización en el Mercosur, sin encontrar respuestas concretas.

Parece obvio que el segundo paso es ir a los hechos consumados. Avanzar y después actuar según cual sea la reacción de los socios. Pero no seguir esperando de brazos cruzados.

De hecho, como bien recordó en la rueda de prensa el presidente Lacalle, ya hubo otras situaciones muy recientes, en las que diferentes socios del acuerdo regional tomaron medidas sin esperar el mentado consenso de los demás.

La apertura comercial es una causa fundamental en la política exterior uruguaya desde que asumió este gobierno. Es que un país no puede expandir su producción y mejorar su intercambio si no hay mercados receptivos. Producir más y exportar mejor es generar recursos que mejorarán la calidad de vida de los uruguayos. La premisa parecerá muy básica, pero es así.

El proceso es lento y lo importante es empezar. A ello se suma que todo esto ocurre en un contexto de guerra. Por alejado que parezca el conflicto iniciado por el intento ruso de conquistar y anexar Ucrania, termina involucrando a todos y según como se alinean los países, las relaciones entre ellos serán más fluidas o no tanto.

El problema es que Europa y Estados Unidos podrán mirar con recelo los contactos uruguayos con China, o incluso con el gobierno autoritario de Turquía, pero ellos no tienen una contrapartida que ofrecer.

Es verdad que un acuerdo comercial no necesariamente implica un acuerdo político, pero si Occidente se torna más exigente en la fidelidad que espera de los países democráticos del mundo respecto al conflicto, no puede presionarlos al punto de asfixiar a quienes supuestamente son sus amigos.

En definitiva, también las grandes potencias negociaron, invirtieron y comerciaron con esos mismos cuestionados regímenes.

El paso dado esta semana en Nueva Zelandia es muy importante y demuestra no solo que el gobierno sigue empeñado en su objetivo, sino que la apertura comercial es fundamental para el país, para su desarrollo y para el bienestar económico de su gente.