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Desquicio total en Brasil

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CLAUDIO FANTINI
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Ya dieron los pasos correspondientes en direcciones opuestas y llegaron al punto en el que sólo resta darse vuelta, desenfundar y disparar. Los otros poderes del Estado y el presidente están en posición de batirse a duelo.

O bien el Supremo Tribunal Federal (STF) y el Congreso suspenden al presidente para juzgarlo y destituirlo, o bien el presidente logra lo que viene intentando: que los militares den un golpe de Estado contra los poderes Legislativo y Judicial.

En rigor, Bolsonaro ya apuntó su arma y apretó el gatillo. Sólo falta que los militares acepten convertirse en la bala que mataría la democracia. De algún modo, también la cúpula judicial gatilló contra el presidente. Lo hizo, primero, al quitarle la atribución de dirigir la política sanitaria, y después al anunciar que declararía nulo el nombramiento que realice para dirigir la Policía Federal.

Según la Constitución, el presidente tiene la atribución de designar los jefes policiales. No obstante, la institucionalidad está desgarrada desde que Bolsonaro comenzó a sabotear las medidas sanitarias instrumentadas por gobernadores y alcaldes para contener la pandemia.

El presidente atravesó la última frontera este fin de semana, al encabezar una protesta contra los otros dos poderes de la República. No es la primera manifestación que reclama un golpe de Estado. Pero en las anteriores fue la voz de la multitud de militantes bolsonaristas la que reclamó la intervención castrense, sin que la corrija ni contradiga Bolsonaro.

Ahora fue el mismísimo presidente el que llamó a los militares a actuar contra el Congreso y el Supremo. En esta ocasión, Bolsonaro apretó el gatillo, pero hasta el momento la bala no salió.

Ahora falta ver si se atreverán a gatillar los poderes atacados por el presidente. El Congreso lo haría dando lugar a alguno de los 25 pedidos de impeachment que se presentaron. Y la Justicia jalaría su gatillo si la Fiscalía viera indicios de delitos en las pruebas que presentó Sergio Moro. El trayecto del disparo judicial pasaría por el STF que, con el aval de dos tercios de los diputados, podría suspender en sus funciones al presidente durante 180 días para someterlo a un juicio y, de encontrarlo culpable, destituirlo.

Es grave en términos institucionales que un miembro de la corte advierta a un presidente, como hizo el juez supremo Gilmar Méndez, que no debe implementar “políticas públicas de carácter genocida”. Pero es más grave que un presidente haya dado razones para que se le haga semejante advertencia.

Es grave que el titular de la máxima instancia judicial, el decano del STF Celso de Mello, haya pedido a los legisladores considerar el juicio político a Bolsonaro. Pero más grave aún es que, a esta altura del desquicio presidencial, haya tantos motivos para destituir a un jefe de Estado que constituye una amenaza contra la salud pública y también contra la institucionalidad republicana.

Al acusar al presidente de un delito Moro también cruzó una línea sin retorno. El ex juez sabe que su acusación o acaba con la presidencia de Bolsonaro, o acaba con su propia reputación.

Los duelistas ya desenfundaron sus armas. Si finalmente disparan, Brasil quedará a la espera de ver caer abatido a uno de los contendientes.

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