El INAU pone en marcha un plan para desinternar a 300 niños: de qué se trata y qué buscan las autoridades

El programa apunta a mejorar las condiciones en que se encuentran los niños que tienen tres años de edad o menos; el proceso tendrá una fase de valoración integral que se extenderá por 30 días.

Instituto del Niño y Adolescente.
Instituto del Niño y Adolescente.
Foto: Leo Mainé.

El pasado jueves, el directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) aprobó un proyecto que fija procedimientos, plazos y metas para eliminar la internación de niños de 0 a 3 años en los centros de protección. Para el Directorio se trata de la política más importante a desarrollar durante esta gestión y contempla la desinternación de 300 niños.

El documento de 34 páginas al que accedió El País sostiene que la institucionalización tiene efectos psicológicos, emocionales y físicos nocivos en la vida de los niños, incluso cuando se da por períodos breves. “En esos primeros años de vida, permanecer en instituciones imposibilita contar con referentes adultos estables y recibir un cuidado singularizado, comprometiendo a menudo el desarrollo integral que puede tener consecuencias negativas en el mediano y largo plazo”, se indica.

El diseño de la política, que es un primer paso hacia una reforma estructural más profunda del sistema de cuidados en el INAU, prevé que los bebés y niños pequeños separados de sus familias puedan crecer en entornos familiares y comunitarios, con apoyos intensivos del Estado.

Aunque en las últimas décadas se ampliaron las alternativas familiares y los programas de acogimiento, los hogares continúan siendo una respuesta habitual. El nuevo proyecto busca revertir esa lógica al menos para la primera infancia.

El plan contempla desinternar a los niños de hasta tres años que hoy viven en residencias y evitar que los que ingresen al sistema lo hagan por esa vía. Para eso se diseñó un dispositivo específico que trabajará con cada situación en forma individual y con plazos definidos.

El proceso comienza con una fase de valoración integral que se extenderá por 30 días. En ese período un equipo técnico analizará la situación de cada niño: su salud, su desarrollo, su historia de vida, su situación judicial, los vínculos familiares existentes y las intervenciones previas. A partir de ese diagnóstico se definirá la estrategia más adecuada, que puede ser el retorno a la familia de origen con apoyos, la integración a una familia de acogida o el inicio del proceso de adoptabilidad.

La segunda etapa puede extenderse durante un año y supone la transición del niño a un entorno familiar. Allí el trabajo se centra en el acompañamiento cercano, con encuentros semanales, apoyo material, fortalecimiento de las capacidades de crianza y articulación con servicios de salud, educación y programas sociales. El objetivo es que la integración sea sostenible y que la familia cuente con una red de apoyo.

Cuando hay condiciones para la revinculación con la familia de origen, el equipo trabajará para modificar las situaciones que motivaron la separación, por ejemplo, problemas habitacionales, consumo problemático, dificultades de salud mental o carencias materiales. Cuando esa revinculación no sea posible, el niño pasará transitoriamente a una familia de acogida mientras se trabaja con la familia de origen o se define su adoptabilidad.

El proyecto establece que en los primeros tres meses de ejecución se debe contar con un equipo de trabajo integrado por expertos en diversas disciplinas; un local acondicionado para desarrollar la tarea y 15 familias familias de acogidas captadas, postuladas y capacitadas. Se trata de familias que brindan cuidado temporal y reciben acompañamiento técnico y apoyos económicos, con la premisa de que el niño tiene derecho a una solución definitiva, ya sea el retorno a su familia o la adopción.

El proyecto también introduce cambios en la forma de abordar las transiciones. Se prevén procesos graduales, con preparación emocional de los niños y de los adultos involucrados, rituales de despedida de los centros y la elaboración de una “bitácora de vida” que reconstruya la historia del niño y preserve su identidad.

La tercera fase, de cierre, se extenderá por dos meses y consistirá en la derivación a equipos territoriales, como CAIF o programas de cercanía, que continuarán el seguimiento. En los casos de adopción, el traspaso será al Departamento de Adopciones del INAU, con acompañamiento a las familias en los procesos de duelo que puedan surgir.

Para implementar el plan se conformará un equipo especializado integrado por técnicos del área social, educadores, psicomotricista, abogado y un referente para la captación de familias de acogida, además de un local destinado a encuentros familiares, talleres y valoraciones del desarrollo infantil.

El enfoque se apoya en los principios del Código de la Niñez y la Adolescencia y en las directrices internacionales que establecen que la vida familiar es el ámbito adecuado para el desarrollo y que la institucionalización debe ser el último recurso y por el menor tiempo posible.

El desafío implica captar suficientes familias de acogida, coordinar múltiples organismos del Estado y sostener apoyos materiales para las familias de origen.

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