Enfrentada a un traspié irreductible, la vicecanciller Dra. Carolina Ache recibió el apoyo del presidente Lacalle Pou y del ex presidente Sanguinetti, hoy Secretario del Partido Colorado.

Como expresiones de respeto y solidaridad en el mal trance, es correcto. Pero ni separados ni juntos esos apoyos pueden bastar para cerrar el asunto.

Tras las últimas revelaciones, la ciudadanía -órgano supremo de la República- ha quedado a la espera de saber el qué, el cómo y el quiénes de la emisión de un pasaporte a la clandestinidad. Lo único que puede calmar la preocupación pública es el despeje completo de las incógnitas y la asunción de los yerros cometidos, pues como dijo el senador Gandini “hay poca claridad” y “cada uno tiene que hacerse responsable”.

Está en duda qué se sabía y qué no sobre el personaje que, con antecedentes por narco, estaba preso en Dubái por ingresar a Emiratos Árabes con un pasaporte falso. Está bajo la lupa cómo se le expidió un pasaporte nacional auténtico, mandando tomarle las huellas digitales comedidamente en la cárcel y remitiéndole el documento por mano de su confianza. Y está bajo microscopio electrónico por qué nadie informó en la interpelación de agosto, la existencia del chat en que el Subsecretario de Interior advirtió a la Subsecretaria de Relaciones Exteriores sobre la peligrosidad del involucrado, semanas antes de confeccionar el pasaporte.

Todo eso es tema para la vibración cívica de fondo. No tiene que ver con qué votamos sino con la pasión por la legalidad. Si reflexionamos sin dejarnos arriar a punta de insultos, es un gran bien que en embrollos de esta laya no nos alineemos por partidos e ideologías y nos unamos en torno al Derecho.

Trascendió que para resolver sobre la permanencia de la señora Subsecretaria, el primer mandatario esperaría a que se pronuncie su grupo colorado de origen, Ciudadanos, cuyos legisladores ayer recibieron explicaciones. Con ello, el Poder Ejecutivo vuelve a dar señales de que, en la coalición, los cargos ministeriales pertenecen al sector del que provinieron, y se juzgan y reemplazan por y dentro de ese sector. Así ocurrió en Turismo y así parece suceder en la Cancillería. Suena simpático y respetuoso, pero no deja de ser un error.

En nuestro sistema constitucional, el primer juez de un Ministro no es el partido de origen sino el Presidente, ante el cual -y por el cual- responde políticamente ante el Parlamento y la opinión pública. La valoración sobre la eficacia, los aciertos y los errores de cada Ministro le incumbe prioritariamente al Presidente que los designa. En la formación de ese juicio deben participar los partidos y la prensa, cuyas revelaciones responsables custodian a la vez a los gobernantes y a los gobernados, como ha vuelto a evidenciar este malhadado episodio.

La existencia de la coalición no deroga esa regla, porque su función no es armar chacras propias de cada lema sino gobernar por objetivos, realizando las metas y valores que define la Constitución. Por lo cual, el control de legalidad y la medición del acierto o la errata de la emisión del zarandeado pasaporte no son asunto de partido ni de militancia.

Por todo eso, si duele que reaparezcan demagogos a insultar para galvanizar votantes, también duele que el Uruguay chapalee en el barro de la delincuencia internacional y nos imponga el penoso deber de erguirnos después de bochornos ilevantables.