Álvaro Ahunchain
Álvaro Ahunchain

Cuando la miseria es un derecho

Es frecuente escuchar que la proliferación de gente en situación de calle tiene un origen multicausal.

Parece claro que los campamentos precarios de personas que pernoctan a la intemperie denotan un volumen de indigencia que las estadísticas oficiales intentan desmentir. Aparte de ello, su consumo problemático de drogas y trastornos psicológicos completan un panorama atroz, espejo deformante de una sociedad que celebra más tener que ser, aparentar que superarse. En estos indigentes no solo hay hambre y privaciones materiales. A muchos también los mueve la reivindicación porfiada de una forma de vida anómica, una decisión consciente de apartarse del camino y sobrevivir con sus propios códigos de dignidad. Tal vez por eso las autoridades tengan una visión tan ambigua de este problema y, con su inacción, hayan dejado que se desmadrara tanto.

Mientras que Óscar Curutchet, primer suplente del intendente Martínez, ha declarado con toda razón que la gente que duerme en la calle es el principal problema de la ciudad y no debería dudarse en retirarlos de allí, en aplicación de la ley de faltas, otros representantes del gobierno nacional y departamental manifiestan una inquietante neutralidad.

La actitud se ha puesto de manifiesto en observaciones algo extravagantes e involuntariamente humorísticas de la ministra Arismendi, como cuando pidió que no se abandonaran sillones viejos en la vía pública para no tentar a los indigentes. O cuando ella misma atenuó la gravedad del problema argumentando que muchos no eran tales, sino que había entre ellos hasta universitarios. La ex intendenta Ana Olivera también relativizó el problema, al declarar una vez que las investigaciones del Mides habían determinado que estos uruguayos sufren una pobreza "distinta".

Con la excepción de la certidumbre de Curutchet, la ambigüedad de otros declarantes parece tener que ver con la incapacidad de hacerse cargo de una realidad tan dolorosa, que les abofetea en su pretendida vocación justiciera.

No es nada difícil aplicar todos los recursos del Estado para devolver la dignidad a estos uruguayos en situación de extrema vulnerabilidad, sacándolos de la vía pública y llevándolos a refugios donde no corran el riesgo de que les roben lo poco que tienen.

La razón de fondo por la que no se encara este problema como corresponde la verbalizó mejor que nadie la directora de Desarrollo Social de la IMM, Fabiana Goyeneche. Con la franqueza que le caracteriza declaró a El Observador que la prohibición implica una "criminalización" y que estas personas "también tienen derecho a estar en la calle". Porque "en la medida en que el Estado no te puede garantizar que tengas dónde pernoctar, tampoco podría criminalizarte por estar haciéndolo".

Como si se tratara de una nueva reivindicación de la agenda de derechos: el derecho a vivir en la miseria, el derecho a dormir a la intemperie con temperaturas bajo cero, el derecho a comer sobras de los contenedores y a no higienizarse. Es el último capítulo, el más impactante, de un relativismo moral al que todos los uruguayos nos estamos acostumbrando mansa y pasivamente. Para algunos es tal el pánico de ser tratados de aporófobos, que terminan haciendo un elogio de la pobreza como modelo de vida a respetar y proteger, cuando la función del Estado debería ser aplicar los mayores esfuerzos institucionales y recursos materiales para que las personas puedan abandonar esa situación y progresar.

En la reciente discusión de la Ley Trans pasó algo similar. El diputado oficialista Martín Couto hizo una encendida defensa del proyecto, denunciando verdaderas salvajadas que no deberían ocurrir en una democracia gobernada por su propio partido. Habló de que el ingreso mensual promedio de las personas transgénero no supera los siete mil pesos. Y contó que hay quienes se han inyectado aceite de auto como sucedáneo de implantes mamarios. ¿Cómo es posible que no haya una red de protección estatal capaz de evitar que un uruguayo, sea o no trans, reciba un ingreso tan mísero? ¿Cómo es posible que la educación y la salud pública no sean capaces de evitar que un compatriota, sea o no trans, atente de manera semejante contra su propio cuerpo? ¿Por qué los uruguayos tendemos a naturalizar estos horrores, al punto que los usamos como argumentos para justificar leyes reparatorias? El Estado es eficiente subsidiando, tapando sus ineficiencias con plata, pero ha sido (y seguirá siendo) absolutamente inepto en crear las condiciones educativas, sanitarias y culturales para que esos daños no se produzcan.

Y después fabrican eslóganes sobre cultivar la utopía.

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