250 años de escuela pública

Una de las imágenes más extendidas sobre el estado de nuestra enseñanza durante el período colonial es que básicamente estuvo en manos de dos congregaciones religiosas: los franciscanos y los jesuitas. Las autoridades públicas, demasiado frágiles o demasiado desatentas, no habrían prestado mayor atención al tema. Así lo planteó en términos clásicos Orestes Araújo, el primer historiador de nuestra educación: “durante el régimen colonial, la instrucción de la infancia no fue considerada un problema social” del que debieran ocuparse “las autoridades y el pueblo”, sino como un asunto “que se dejó librado al clero”.

Resulta que esa imagen es falsa. Cuando se recorren las actas del Cabildo de Montevideo, o se presta atención a lo que ocurría en el resto de la Banda Oriental, las autoridades civiles salen muy bien paradas respecto del tema. Desde muy temprano fueron perfectamente conscientes de la importancia de la educación y, a pesar de la escasez de medios y de los problemas enormes que enfrentaban, hicieron todo lo que estaba a su alcance para promoverla.

Es cierto que las congregaciones religiosas jugaron un rol relevante, pero no cayeron del cielo. En el año 1741, en el mismo momento en que debían enfrentar una grave situación de escasez debida a una mala cosecha, las autoridades civiles de Montevideo hacían gestiones para conseguir que los franciscanos se instalaran en la ciudad. Cuando poco después se establecieron los jesuitas, recibieron apoyos importantes para que rápidamente pudieran abrir una escuela.

Y no solo había apoyo. El Cabildo montevideano seguía de cerca el trabajo de las órdenes religiosas y las presionaba para que mejoraran su propuesta educativa. Durante años empujaron a los franciscanos a que no solo enseñaran primeras letras (un equivalente de nuestra educación primaria actual), sino que incorporaran gramática y latinidad (un equivalente de nuestra educación media) y luego pasaran a enseñar filosofía y teología (el primer escalón de lo que hoy llamamos educación superior). Esa presión llegó a veces al conflicto abierto. Las autoridades civiles no eran receptoras pasivas de lo que las órdenes religiosas quisieran ofrecer, sino agentes activos del desarrollo educativo.

Por eso hacían muchas otras cosas. Por ejemplo, evaluaban la idoneidad de quienes querían trabajar como maestros privados, los supervisaban y les ponían condiciones para desempeñar su tarea (que iban desde lo que tenían que enseñar hasta lo que podían cobrar, o no cobrar, a las familias).

Al mismo tiempo impulsaban el desarrollo de escuelas financiadas y gestionadas directamente desde lo público. Nuestra escuela pública no nació en el siglo XIX sino muy exactamente el 11 de julio de 1772, cuando abrió sus puertas la llamada Escuela de la Junta de Temporalidades. Sus dos primeros maestros, que se llamaban Manuel Díaz Valdez y Joaquín Ortuño, fueron los primeros docentes de nuestra enseñanza pública.

La escuela de la Junta de Temporalidades funcionó durante casi exactamente tres décadas, desde 1772 hasta 1801. En 1809 fue sustituida por la Escuela del Cabildo, también financiada y gestionada por las autoridades civiles, que en el período artiguista pasó a llamarse Escuela de la Patria. Esos esfuerzos no se hacían solamente en Montevideo. También se abrían escuelas controladas y al menos parcialmente financiadas por las autoridades públicas en Santo Domingo de Soriano a mediados de la década de 1770, en la Villa de Nuestra Señora del Rosario en 1777, en Maldonado hacia la década de 1790, en Colonia en 1800, entre otros ejemplos.

La documentación de época muestra que las autoridades públicas actuaban movidas por dos ideas. La primera era la importancia de la educación, especialmente de los más pobres, como mecanismo para generar oportunidades y mejorar las condiciones de vida. La segunda era la importancia de fortalecer el posicionamiento regional de la Banda Oriental, y en especial de Montevideo, por la vía de dar más instrucción a su gente.

Basadas en estas ideas, las autoridades civiles desarrollaron una actividad que llama la atención por dos características. Una es la inclaudicable permanencia de los esfuerzos que hicieron para asegurar el acceso a la educación. Hay muchas pruebas de que el problema ocupaba un lugar muy alto en su agenda.

La otra es la flexibilidad y apertura mental con la que funcionaban. Desde mediados del siglo XVIII y hasta bien entrado el siglo XIX, las autoridades civiles aceptaron una asombrosa pluralidad de fórmulas para impulsar iniciativas educativas. A veces se asociaban con otros actores, como órdenes religiosas o administradores privados. Otras veces las impulsaron ellas mismas. En otros casos dejaron la tarea enteramente en manos ajenas, pero ejerciendo controles externos.

No hay que idealizar aquel tiempo, que tenía sus propios errores y horrores, pero aquella flexibilidad en la gestión de los asuntos comunes se perdería en épocas posteriores.