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Plenario

Marcelo Gioscia Civitate Montevideo
Editorial Para el eje Vázquez, Astori, Nin Novoa, el Tratado significaba muchísimo. Individualmente o juntos, esa trilogía se ha batido en retirada y sin conocer ningún triunfo en sus reiteradas pulseadas en la interna frenteamplista. Finalmente, el Frente Amplio votará el Tratado de Libre Comercio con Chile. Así lo resolvió el Plenario en una votación que arrojó un resultado más cómodo del esperado (86 a favor y 65 en contra), que marcó el final de un tan dificultoso como extenso proceso interno del partido de gobierno y le da un poco de aire a la alicaí- da segunda presidencia de Tabaré Vázquez. No hubo sorpresas —ya estaban demasiados jugados como para haberlas— en los sectores que apoyaron y negaron el Tratado. Hace dos años que están argumentando y discutiendo. En la afirmativa se alinearon el Frente Líber Seregni, con el liderazgo del ministro Astori, junto al Partido Socialista, la Vertiente Artiguista y el Movimiento de Participación Popular del expresidente Mujica que, si bien entró inicialmente a regañadientes, tuvo luego un rol fundamental en el respaldo de los representantes de las bases. En contra, el Partido Comunista, Casa Grande de la senadora Moreira, la lista 711 de Raúl Sendic y la Liga Federal, junto con la mayoría de las bases de Montevideo. La resolución del Plenario dice "Apoyar la ratificación del tratado suscrito por nuestro Gobierno y el Gobierno de Chile" y "Transmitir esta resolución a la bancada parlamentaria". Para unos, entre ellos el presidente del FA, Javier Miranda, este texto es suficiente y obligatorio de acatar, aunque habrá que esperar si todos entran a sala y si llegado el momento, todos lo votan. Pero esto será anecdótico porque el TLC será aprobado: la oposición, con la única excepción del diputado de Unidad Popular Eduardo Rubio, ha adelantado que dará sus votos. Más allá de la votación y el escándalo que se había armado en la interna frenteamplista, el Tratado no incluía ni incluye ningún cambio sustancial a las relaciones con Chile, ni contempla soluciones que, por sí mismas, puedan impulsar una mejoría en la economía del país. Se podría calificar hasta de "inocente", dado que ya existe con Chile un Tratado de Protección de Inversiones, otro sobre compras públicas y —lo más importante— está vigente el Acuerdo de Complementación Económica del año 1996 donde ambos países, con la anuencia de los otros socios del Mercosur, acordaron acelerar la desgravación arancelaria hasta el 100% del comercio efectivo. Pero para el eje Vázquez, Astori, Nin Novoa, el Tratado con Chile les significaba muchísimo más. Individualmente o juntos, esa trilogía se ha batido permanentemente en retirada y sin conocer ningún triunfo en sus reiteradas pulseadas en la interna frenteamplista. Estaba en juego su prestigio y su imagen dentro y fuera de fronteras. Habían participado activamente en la redacción de sus normas con el gobierno de la entonces presidenta Bachelet. Cambió ese gobierno, llegó Piñera, pero sin embargo la Cámara de Diputados chilena aprobó el TLC. No fue ni siquiera por disciplina partidaria, fue por respeto a la institucionalidad. El diputado José Carlos Mahía, de Asamblea Uruguay, lo explicó muy claramente: aprobar el Tratado "tiene la importancia de no dejar desairado al Ejecutivo y al gobierno del Frente Amplio. Esto es más importante que el contenido del Tratado y es lo que tenemos que visualizar como frenteamplistas" (Brecha, 22/06). Es así. Los efectos de un TLC con Chile de acuerdo a un informe de impacto elaborado por el muy militante Ministerio de Economía, da cuenta que la aplicación de esta normativa solo significará unos US$ 15 millones por aumento de las exportaciones. Pero había que hacerlo. Durante la primera presidencia de Vázquez, el tren pasó, y pasó una sola vez. No volvió a hacerlo. Mientras el mundo funciona en base a la multilateralidad de los acuerdos comerciales, el gobierno se negó a subirse en ese tren y empezamos a rezagarnos. Chile —que en la posdictadura ha estado gobernado preferentemente por la izquierda— tiene 17. Ahora se planteaba una nueva oportunidad para Uruguay, no ya de un tren, pero por lo menos de un trencito. Si lo dejábamos pasar, quedábamos de a pie y dejábamos de ser creíbles. Había que dar la señal a otros países de que nuestro país no era tan obtuso como para cerrarse a todos lo mercados. Afortunadamente se dio y el FA —a los tumbos— asumió su responsabilidad. Vázquez, Astori y Nin festejan, pero le deben un favor grande al expresidente.
EDITORIAL El FA ya no puede disimular más el verdadero protagonismo radical. Ya no será verosímil que en la campaña electoral que se avecina salga Astori cantando melodías de estabilidad, prudencia, racionalidad y diálogo. Es sabido que dentro del Frente Amplio (FA) conviven distintos matices políticos. Y es sabido también que en tiempo electoral el FA se apoya mucho en su ala más moderada o socialdemócrata a los efectos de lograr mayorías parlamentarias propias. El problema es que tras este aparente pluralismo interno, quienes realmente siempre terminan teniendo la palabra final son los componentes del ala más radical, izquierdista y reaccionaria del FA. Hay dos ejemplos recientes que son muy contundentes en este sentido. El primero, todo lo que refiere a la iniciativa del Ejecutivo de avanzar en un tratado de libre comercio (TLC) con Chile. Se firmó en octubre de 2016, pero se sigue sin saber hoy si tendrá efectividad, ya que el ala más radical del FA se opone a este tipo de instrumentos de apertura comercial. Además, todos los sectores del FA, incluidos los más moderados, privilegian antes que nada la unidad de la izquierda, por lo que en todo este tiempo el FA no ha permitido que se vote el proyecto en el Parlamento. Es que si así fuera, terminaría sin duda aprobado gracias al voto de los partidos de oposición, y justamente eso es lo que tanto moderados como radicales quieren evitar. La razón de fondo de todo esto radica en que en particular el sector de Mujica y varios otros aliados que conforman el ala más radical del FA no están de acuerdo con la política de apertura comercial que quiere llevar adelante el presidente Vázquez. En efecto, en un reciente documento que elevó al FA el sector de Mujica disiente del objetivo de avanzar hacia el acuerdo transpacífico —que acaba de firmarse con éxito por Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam— o de flexibilizar el Mercosur para abrirse a otros TLC con países de fuera de la región. Para el sector de Mujica, cualquiera de estas opciones supone "un resultado falso de una cuenta que además está mal hecha". El segundo ejemplo es que recién hace unos días el FA votó en el Senado junto a la oposición un proyecto de ley por el cual se aumenta la pena máxima para los homicidios en determinados casos hasta los 30 años, haciéndolo además un delito inexcarcelable. Se trata de una iniciativa que fue acordada en 2016 por el presidente Vázquez y la oposición en el recordado diálogo por temas de seguridad. ¡Dos años! demoró en aprobarse en el Senado por la renuencia de la parte más reaccionaria del FA para aumentar la pena del homicidio. Una renuencia que terminó cediendo solo cuando sufrimos en este 2018 la epidemia de asesinatos más grave de la historia reciente del país. Por delante habrá que ver si el FA en el Parlamento termina aprobando la modificación que el Ejecutivo ya definió sobre aspectos del Código del Proceso Penal. Porque, como en el caso del TLC con Chile, también aquí hay diferencias internas muy graves: los radicales, sobre todo con el protagonismo de la senadora Moreira, ya han señalado que no están dispuestos a acompañar esta iniciativa. Y, de nuevo, como de lo que se trata antes que nada es de cuidar la unidad interna del FA, la definición de Vázquez estará supeditada al verdadero mando en el FA que pasa por su ala más radical. Así las cosas, estos episodios muestran el enorme peso que en este gobierno de Vázquez tienen los sectores más radicales. Pero la clave no es el pasado, sino el futuro. En efecto, el FA ya no puede disimular más el verdadero protagonismo radical. Ya no será verosímil que en la campaña electoral que se avecina salga Astori cantando en un coro de dirigentes de su sector, o alguna otra figura del ala moderada en similar y fraterna gestualidad frenteamplista, para intentar hacer creer a la gente de que votando a esos sectores habrá garantía de estabilidad, prudencia, racionalidad y diálogo en un eventual futuro gobierno del FA. Porque en todos estos años, finalmente, nada de eso ocurrió. La estabilidad ha sido la que el ala radical ha querido dar; la reivindicada prudencia no evitó que el FA fundiera Ancap y que el país productivo sufriera hasta el día de hoy sus tremendos costos; la racionalidad frenteamplista no logra abrir la economía siquiera a un TLC con Chile; y el diálogo dentro del FA se acaba cuando su Plenario, dominado por los radicales, le viene en gana. En la próxima campaña electoral debe quedar claro de una buena vez por todas el voluntarista engaño que sostiene la izquierda moderada del FA. Porque la verdad de esta década progresista es que la última palabra en el FA, siempre, termina siendo la del gobierno de los radicales.
SEGUIR Hebert Gatto Introduzca el texto aquí Confieso que mi intención para este lunes era recordar el cincuenta aniversario del Mayo francés, cuando un conjunto de jóvenes parisinos se propusieron sustituir poder por imaginación. Una propuesta civilizatoria que pese a su desmesura o quizá por ella, plantó raíces. Desgraciadamente, un hecho político nacional, en esencia mucho menos atractivo, me obliga a modificar ese propósito: el Plenario del Frente Amplio difirió la resolución sobre la aprobación o el rechazo del Tratado ya suscrito con Chile, hasta un próximo encuentro de fecha aún incierta. También sujetó los eventuales tratados económicos que pudieren pactarse a condiciones que de antemano estableció. Es la forma en que esta doble medida que excede lo coyuntural, fue adoptada, lo que pasaré a comentar. Su fundamento se vincula —así se argumentó—, con el adecuado funcionamiento de los partidos políticos. En este sentido, la intervención sobre el punto del Plenario Nacional del F.A. es, para sus propulsores, la prueba cabal de la democracia que impera en esta colectividad. Las resoluciones trascendentes no deben adoptarse en la soledad de un directorio o en una aislada bancada parlamentaria, sino en un órgano que, como establece el estatuto organizativo de la fuerza política, represente a todos sus integrantes. En la medida, se agrega, que el Frente es una coalición de partidos y simultáneamente un movimiento de militantes, ambas particularidades inéditas en el panorama nacional, obtienen aquí, presencia paritaria. De allí la presencia en el Plenario tanto de sus partidos como de los ciudadanos partícipes de los Comités de Base territoriales (vecinos de una misma zona, tanto en Montevideo como en el interior), sin que importe (sic), que los mismos tengan a su vez "participación organizada en cualquiera de los sectores integrantes del F.A.". De esa forma, además de algunos dirigentes como el presidente, vices y determinados "notables", el Plenario se conforma con 85 representantes partidarios y 85 por las "bases". Mientras sus competencias se extienden desde la dirección permanente del F.A. hasta "decidir todo asunto que le eleve la Mesa Política (un organismo de integración dual, similar a la del Plenario)". Esta particular estructura del partido de gobierno, más su accidental mayoría parlamentaria, tiene consecuencias ya conocidas, pero que ahora emergen dramáticamente. En tanto los integrantes de "las bases" pertenecen mayoritariamente al Partido Comunista, este está sobrerrepresentado en el Plenario. Tanto que las decisiones que aquí nos ocupan fueron impulsadas (y votadas) en su mayoría por el sector de Constanza Moreira, por el Partido Comunista y por la lista de Sendic, pese a que su representación total equivale a tres senadores en quince frentistas y a siete en cincuenta diputados electos. Ello significa que el F.A. funciona de tal modo que decisiones fundamentales para el Uruguay, como su política exterior, se adopten, "bases" mediante, por partidos cuya representación real alcanza a menos de un cinco por ciento de votantes frentistas. Partidos además, ideológicamente extremistas, minoritarios en la cultura política nacional. Sin embargo, semejante aberración, condicionante de la política del país, es considerada, en este mundo del revés, un logro de nuestra democracia partidaria.
EDITORIAL La vergüenza del gobierno frenteamplista es aún mayor cuando se tiene en cuenta que, hace meses ya, dispone de los votos para la ratificación de este TLC con Chile en el Parlamento, porque los partidos de oposición así se lo hicieron saber al presidente Vázquez. El Plenario del Frente Amplio que el sábado se reunió para decidir aprobar o no el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile firmado en octubre de 2016, terminó resolviendo que el debate debía ser postergado para una futura instancia del Plenario sin fecha prevista. En criollo: pateó la pelota para adelante y nadie sabe cuándo se tomará una definición sobre el tema. Aunque parezca que solo se dilata la decisión y que por tanto esa demora no puede causar ningún daño, la verdad es que la posición del Plenario tiene consecuencias negativas gravísimas. En primer lugar, porque una vez más ratifica que en temas fundamentales de gobierno, quien tiene la última palabra en el Frente Amplio es una instancia que no representa lo que realmente votó el pueblo en octubre de 2014. En efecto, la conformación sectorial del Plenario da mayor representación a los sectores más radicales de la izquierda que tienen muy poco apoyo ciudadano en las urnas, y termina siempre inclinando la balanza en favor de decisiones ideologizadas que ni siquiera son un buen reflejo de las iniciativas que toma el Ejecutivo liderado por Vázquez. La izquierda radical, anquilosada, que vive tras el muro de yerba protector del comité de base, sigue conservando el poder real del Frente Amplio. En segundo lugar, esta decisión del Plenario termina de quitar toda credibilidad a la política exterior de Vázquez. Por un lado, porque impone demoras inadmisibles para la toma de decisiones en política internacional: este TLC con Chile pasó meses negociándose bilateralmente, ¡y hace ya 20 meses que se firmó! Es la muestra más absoluta de incapacidad de gobierno: el Frente Amplio va a pasar más de dos años sin ser capaz siquiera de decidir si apoya o no las determinaciones de su presidente en política exterior. Por otro lado, porque cualquier embajada en Montevideo con elemental sentido político informará a sus autoridades que no vale la pena negociar absolutamente ninguna apertura comercial con Uruguay, ya que ni el ministro de Relaciones Exteriores ni el presidente de la República pueden garantizar que lo negociado se cumpla porque ninguno cuenta con el apoyo del Frente Amplio. ¿Qué negociación seria se puede proseguir con la Unión Europea cuando ya hay diputados del Frente Amplio, e incluso dirigentes sindicales afines a la izquierda, que se han manifestado contra ese proceso? ¿Qué profundización del TLC con México, si cualquiera sabe que lo que negocien los equipos técnicos de Cancillería no tendrá ninguna validez ya que el Plenario del Frente Amplio ejerce un veto superior sobre la política exterior del país? Hay que ser claro: la izquierda en el mundo no es tan rancia e ideologizada como la del Frente Amplio. El ejemplo de Chile es dramáticamente contundente: gobiernos de izquierda abrieron su economía con varios TLC, que abarcan potencias y regiones tan distintas como Estados Unidos, China, Japón, la Unión Europea, a las principales potencias emergentes de Asia, y por supuesto que a varias potencias regionales latinoamericanas. Pero además, cuando su Cancillería negocia un TLC, luego Chile cumple procesos elementales de ratificación parlamentaria que dan cuenta de políticas de Estado serias que aseguran aperturas comerciales que favorecen a sus sectores productivos. Ahí está el ejemplo de la ratificación en Diputados del TLC con Uruguay, cuando sabido es que ese intercambio comercial bilateral no es prioridad para Santiago de Chile. La vergüenza del gobierno frenteamplista es aún mayor cuando se tiene en cuenta que, hace meses ya, dispone de los votos para la ratificación de este TLC con Chile en el Parlamento, porque los partidos de oposición así se lo hicieron saber al presidente Vázquez. Esto quiere decir, en concreto, que el veto de la izquierda radical del Plenario existe porque todo el Frente Amplio lo acepta, incluso quienes visten trajes de moderación y sentido común en el Frente Líber Seregni (FLS), ya que ninguno, ni siquiera el presidente Vázquez, se decide a saltearse esa instancia para lograr que el Parlamento vote el TLC apoyado en la amplia mayoría que conforman blancos, colorados, independientes y el FLS. El futuro es negro. Las prioridades políticas del Frente Amplio ahora girarán en torno a la Rendición de Cuentas. Y luego llegará el tiempo electoral en el que la izquierda no querrá dividirse por un tema como el TLC con Chile. Todos sabemos entonces que esta administración de Vázquez no aprobará ningún TLC con nadie de aquí a 2020. Es una verdadera vergüenza.
EDITORIAL La suerte del TLC con Chile depende del Plenario del FA, un órgano de nula representación democrática donde tienen un peso exorbitante los comités de base vacíos de personas y donde no se respeta el voto del ciudadano frenteamplista en las urnas. La mesa política del Frente Amplio decidió este fin de semana que el tratado de libre comercio con Chile que duerme la siesta de los justos en el Parlamento sea puesto a consideración del próximo plenario de la coalición. Esta noticia no es un buen augurio para la apertura comercial de nuestro país, a juzgar por el antecedente del TISA que fue liquidado incluso antes de entrar a negociarse por meros prejuicios ideológicos. La aprobación del TLC con Chile en la Cámara de Diputados del Parlamento trasandino y su pasaje al Senado pone ahora el foco de atención sobre nuestro país, que debería resolver si ratifica lo actuado por el presidente de la República y su canciller o si los deja pegados y antepone sus prejuicios al interés del país. El presidente Vázquez y el canciller Nin Novoa han intentado en este tercer gobierno del Frente impulsar acuerdos comerciales que abran posibilidades de crecimiento económico sustentable para nuestro país. Sin embargo, hoy ha quedado en evidencia que estos esfuerzos han quedado en la nada ya que no se ha concretado un solo acuerdo comercial. La oposición de la mayoría radical del Frente Amplio a todo lo que aporte a la inserción internacional del país es una de las principales razones, pero también la falta de coraje del Poder Ejecutivo para avanzar con el apoyo que existe de las grandes mayorías sociales que todas las encuestas marcan es ampliamente favorable a los acuerdos comerciales y con el apoyo explícito de la oposición, que podrían y deberían haber sido factores determinantes. Hace ya un buen tiempo el senador Luis Lacalle Pou le comunicó al gobierno que contaba con los votos del Partido Nacional para aprobar el tratado y ciertamente también cuenta con los votos de los restantes partidos de la oposición, por lo que la negativa a avanzar se debe a una decisión política que procura no generar problemas a la interna del partido de gobierno cuando notoriamente no existe una imposibilidad real. Es claro que más allá de las intenciones aperturistas del presidente y su canciller han sido grandes equilibristas en las relaciones internacionales. Han evitado las condenas explícitas al régimen criminal de Maduro, han tenido gestos de genuflexión con los países del llamado "socialismo del siglo XXI", y la frutilla de la torta más recientemente es que han decidido permanecer en la Unasur, un organismo que han abandonado todos los países serios y en el que hoy solo quedan Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guyana, Surinam y Uruguay. Como el lector habrá observado, un bloque decisivo para el destino de la humanidad. La decisión sobre el TLC con Chile quedó en manos del Plenario del Frente Amplio y, lamentablemente para el país, su resolución está cantada. En un órgano de nula representación democrática donde tienen un peso exorbitante los comités de base vacíos de personas hace años y donde no se respeta el voto del ciudadano frenteamplista en beneficio de los sectores radicales, difícilmente ocurra otra cosa que una negativa rotunda al TLC con Chile. La opinión de todos los expertos en materia de inserción internacional, la abrumadora evidencia empírica y la teoría económica, en otras palabras, la opinión de la razón, va a ceder paso a ideologías vetustas, prejuicios injustificables y la necedad sin sentido, en buen romance, la irracionalidad. Este bloqueo político producto del irracional funcionamiento del principal partido y su negativa a considerar la opinión de la otra mitad del país condena al Uruguay a no poder hacer lo que han hecho todos los países que han logrado desarrollarse. Los sectores radicales del Frente Amplio que dominan a los más moderados en la infernal maquinaria interna de esa colación política, tienen como rehenes maniatados a todos los uruguayos. El resultado es predecible, incluso porque los moderados acatarán y terminarán votando en el Parlamento contra lo que saben con cabal convicción que es lo mejor para el país. La disciplina partidaria del astorismo y sus aliados votando contra lo que saben es lo mejor para el país en forma consistente, durante décadas es una de las constantes más lamentables de nuestra política vernácula. El presidente de la República tiene la palabra en esta encrucijada. Deberá resolver si se resigna a que su gobierno no tenga absolutamente ningún logro o, al menos, alcanzar uno modesto como un TLC con Chile. A juzgar por lo que ha sido hasta aquí su gobierno no podemos abrigar muchas esperanzas de que cambie y esta vez termine haciendo lo correcto.
SEGUIR Javier García Introduzca el texto aquí En el conflicto con la producción, el presidente reclamó institucionalidad. "Si no, es el caos", dijo. Está bien que lo reclame, y que lo ejerza. El artículo 168 de la Constitución de la República detalla las competencias del mandatario actuando con el Consejo de Ministros o ministros respectivos. En su numeral quinto lo obliga a "informar al Poder Legislativo, al inaugurarse las sesiones ordinarias, sobre el estado de la República y las mejoras y reformas que considere dignas de su atención". El 1º de marzo Vázquez tiene la oportunidad de demostrar si su reclamo de institucionalidad abarca su relación con la institución más representativa y republicana del país: el Parlamento. En la situación que nos encontramos, de incertidumbres y fuertes reclamos en lo nacional, de estancamiento en materia de relaciones internacionales, de cuestionamientos de la opinión pública al sistema político, qué mejor gesto institucionalista que comparecer en el Parlamento a dar un mensaje sobre el estado de la Nación y cómo proyecta el rumbo para sus últimos dos años. Presidente y Parlamento en diálogo institucional. Vázquez se caracterizó por una forma de gobierno sin contacto con la oposición. Se recluyó en su partido y su interna y allí negoció y cedió espacios de gestión como en la política internacional que fue depositada en el Plenario del FA, quien hundió el TISA, y tiene hundido el TLC con Chile y decide el apoyo a Maduro, Lula y todo el sublema bolivariano. Eso no es institucional, sin duda. Este año, además, será la última Rendición de Cuentas, no habrá presupuesto hasta 2021. Por lo tanto será una rendición de transición entre este gobierno y el próximo. La Nación es plural. Su presente y "las mejoras y reformas" que proyecta el presidente, sobre las que la Constitución le obliga a informar, tiene en el Parlamento su mejor ámbito. Un gesto institucional, de un presidente que se lo exige a los demás, es someterse civilizadamente a cumplir con el precepto constitucional citado, compareciendo personalmente en la Asamblea General, como lo hizo en su momento el expresidente Lacalle en el gobierno del Partido Nacional. No está obligado, pero nada se lo impide. Tendrá la oportunidad, también, de hacer lo que hasta ahora no hizo: escuchar a los partidos políticos sobre el estado de la Nación. No será menos presidente por escuchar, al contrario, y se dará un mensaje político muy potente. Las expectativas económicas en un contexto de desafíos nacionales y regionales, la educación, el empleo, en fin, "las mejoras y reformas que considere dignas de su atención" como dice nuestra Constitución. Hasta ahora Vázquez se redujo a cumplir el precepto mandando protocolares carpetas. Sería un gran gesto institucional que el presidente en persona afronte el liderazgo y comparezca a dar su visión para el último tercio de su gobierno. Ese Uruguay democrático y tolerante del que muchas veces nos jactamos, pero que se pierde a pasos agigantados, ¿no encontraría un respaldo republicano en un presidente que escucha a los partidos políticos? La Constitución se lo permite, hacerlo en persona es una decisión política. Es un gesto democrático de la mayor calidad y fuerza en estos momentos. Si no lo hace no será el caos que les advirtió a los productores. Pero sería de una gran "institucionalidad". Eso era lo que dijo que había que defender, ¿no?
EDITORIAL Hay gente que disfruta de los problemas y se molesta cuando hay un atisbo de soluciones. El expresidente Mujica y otros dirigentes del FA arrecian en su ofensiva contra las instancias de diálogo entre gobierno y el campo. El presidente Vázquez se reunió el viernes y volverá a hacerlo mañana con representantes del sector agropecuario. No hay dudas de que la demostración de bronca del campo ante la desconsideración inicial del Presidente tuvo su efecto y ha optado por escuchar (y suspender su soberbia sordera) ante las críticas que vienen desde el país productivo. Y tampoco hay dudas de que esta instancia de diálogo que se abrió el viernes se ha visto favorecida por el ejemplar nivel de educación y corrección que caracterizó la jornada del martes 23: sin insultos, sin agravios, sin violencia —y con la posterior limpieza del gigantesco predio utilizado para la reunión— el agro reclamó lo que consideraba justo. La actitud de Vázquez contrastó con las expresiones públicas de notorios dirigentes de su fuerza política, donde la tónica general fue la descalificación. El senador Mujica —el mismo que viajaba al interior del país en el avión de Fripur y que como presidente destruyó más que el caballo de Atila— se mandó un "Empezá por casa y después pedí, porque si tuviste tiempo de guardar, de vacas gordas, mascaste a dos carrillos y ahora le venís a pedir a los otros lo que tú no hiciste". Aunque luego buscó arreglarla con el clásico "No quiero poner a todo el agro en la misma bolsa (…) ¿Qué se nos puede reprochar al Frente si solo tratamos de repartir un poco más para la parte más débil y capaz que a veces nos pasamos de la raya"? Nada dijo Mujica sobre si su receta de "empezar por casa" y las "vacas gordas", tenían algo que ver con lo que pasó durante su presidencia con la deuda externa y cuanta responsabilidad tiene hoy en la situación del campo y del país. Pero el que le tiró el chico bien lejos y se llevó las palmas fue el representante de la Vertiente Artiguista en la Mesa Política, Daoiz Uriarte, que no tuvo empacho en sostener que "son sectores que directa o indirectamente intentan un gobierno dictatorial (…) Hay una intención de desestabilizar la democracia". Este tipo de acusaciones y agravios por parte del FA no tiene nada de nuevo y es la tonta muletilla que han encontrado para justificar sus injustificables desvaríos. Cuando a Raúl Sendic se le descubrió la falsedad de su licenciatura, el Plenario Nacional del FA aprobó una declaración donde se "rechaza la campaña desplegada por la oposición y diferentes medios de comunicación destinada a menoscabar la imagen y credibilidad de integrantes de nuestro gobierno, como así también debilitar la institucionalidad democrática del país". Así de simple y tan simple como que a Sendic se le vino la noche dentro del FA no por las suculentas pérdidas que le generó a Ancap y que pagan los ciudadanos (800 millones de dólares) ni por haber engañado a la ciudadanía con un título que no tenía, sino —y eso para el Frente resultó inaceptable— por haber comprado un colchón con la tarjeta de crédito de Ancap. ¡Faltaba más! Ahora los que buscan "desestabilizar la democracia" vienen desde el Uruguay productivo y los sagaces frentistas los descubrieron cuando un grupo de productores rurales autoconvocados organizó un acto, criticaron al gobierno y reclamaron determinadas medidas. ¿Qué medidas reclamaron? Aquellas que permiten retomar la competitividad, poder invertir y competir en los mercados sin que signifique un mayor endeudamiento. No hay misterios: los pedidos del campo son de elemental sentido común, como es el bajar (¡por favor!) los gastos del Estado, aprobar una ley fiscal que obligue a que cualquiera que sea que gobierne no gastar más de lo que ingresa, mantener las políticas sociales pero buscando dotarlas de mayor eficiencia, rebajas en el gasoil y las tarifas de UTE, el atraso cambiario. Eso sí, "no se pide quita de deudas para nadie. Que cada uno se haga cargo de sus compromisos. Hay que trabajar en el reperfilamiento con períodos de gracias y paquetes de negociación de deuda", reza el artículo 11 de la Proclama. A nivel del Presidente de la República y su ministro de Economía, la sensación que hay es que van a intentar buscar soluciones a los reclamos. Es la misma sensación que tenemos para todo el Uruguay. El problema mayor es que ni el ministro ni el presidente mandan: todo pasa por las mayorías parlamentarias que maneja a su antojo el sector de Mujica o por las decisiones de la Mesa Política del Frente, donde los comunistas (y sus aliados) tienen una influencia decisiva. En eso se ha convertido el Frente Amplio y el gobierno de un país, que a la vera del camino ve cómo pasa su tiempo de las "vacas gordas".

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