@|La presentación al Poder Legislativo de la Rendición de Cuentas, por parte del Poder Ejecutivo, es normalmente motivo de movilizaciones gremiales para hacer oír sus reclamos de mejoras salariales e incrementos de recursos para una u otra actividad estatal.

Desde el vamos se anunciaron y convocaron paros de actividad, incluso aún antes de conocer los porcentajes que los equipos técnicos podrían aconsejar se incluyeran en el voluminoso documento.

Casi, “por si acaso”, al mismo tiempo, se anunció desde la Mesa Política del Frente Amplio la formación de “grupos de seguimiento” para “controlar los incumplimientos” del gobierno, de acuerdo a lo prometido en la campaña electoral de una coalición republicana que pusiera fin a tres lustros de gobiernos frentistas.

Este tipo de “movidas” gremiales y políticas, no sólo se realizan por los derechos de los trabajadores en sí mismos, sino también como una suerte de ejercicio o demostración de fuerzas dentro de la organización sindical como partidaria.

Fue decidido en su Plenario Nacional de principios de Junio; se trata tanto de movilizar “grupos de presión” como lograr que militantes se encuentren activos y dispuestos a recorrer palmo a palmo sus localidades –con el Presidente del Frente Amplio a la cabeza, ya en campaña- para intentar sembrar desalientos y poder recuperar a los “desencantados” que, libérrimamente, no quisieron darles su voto en el 2019.

Con esta tarea paralela de seguimiento o contralor buscan datos, “insumos” que serán útiles a sus fines para enrostrar incumplimientos y hacer ver la “insensibilidad del gobierno”; el que según sus voceros, gobierna sólo para los “malla oro”, de tal modo que sus legisladores cuenten con los mismos para sus debates e intervenciones.

A la mitad del período de gobierno insisten en desconocer lo que se ha realizado hasta el presente, pese a la pandemia que azotó al mundo y a los efectos de la guerra en Europa. Como tampoco reconocen lo invertido en planes sociales y jornales solidarios, en educación, en infraestructura vial, en materia de seguridad ni menos, la ponderada administración de los recursos públicos, que viene dando resultados en beneficio de la población.
Siguen insistiendo con el “desmantelamiento de las empresas públicas” y, por ello, tendrán especial cuidado en seguir “controlando” a ANTEL y al supuesto “freno de mano” en su liderazgo en materia de telecomunicaciones, cuando esta empresa en régimen de libre competencia (salvo el monopolio que conserva en la telefonía fija) ha venido creciendo en forma sostenida.

Nada recuerdan de lo que fue la administración frentista en el ANTEL de la actual Intendente de Montevideo, ni de la monopólica ANCAP llevada casi a la bancarrota. Nuestro ordenamiento jurídico prevé organismos de contralor de las actividades públicas, y cada quien será responsable de sus actos.

La oposición es dueña de formular su “plan político” -como en este caso- pero, ante todo, debieran permitir gobernar pues falta tiempo aún para las elecciones nacionales.

Allí, felizmente, el Cuerpo Electoral dará su veredicto con todas las garantías de nuestro sistema democrático y republicano de gobierno.