Vehículos con fallas graves: el proyecto del MEF para localizar a propietarios y el rol que tendrán las aseguradoras

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) propone modificar el mecanismo para localizar a los propietarios de vehículos alcanzados por alertas de seguridad, los llamados recall, mediante la participación de las empresas aseguradoras. El objetivo es mejorar la comunicación de estas fallas de fábrica, especialmente en los casos en que el vehículo fue revendido y resulta más difícil identificar a su actual propietario.

Así lo explicó el subsecretario del MEF, Martín Vallcorba, al comparecer en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, en el marco de la Rendición de Cuentas. Según detalló el jerarca, si bien se trata de un número reducido de alertas, son importantes por las consecuencias que pueden tener las fallas. “Son una cantidad de alertas reducidas, pero relevantes porque precisamente tienen la potencialidad de producir graves siniestros”, señaló.

Según Vallcorba, el problema que busca solucionar el mecanismo es la dificultad para localizar a los propietarios de los vehículos alertados. “La evidencia muestra malos resultados en cuanto a la localización, en particular en los casos en que el vehículo fue revendido”, sostuvo.

Para resolver ese problema, el MEF presentó un sustitutivo al artículo 112 de la Rendición de Cuentas, que incorpora a las aseguradoras al procedimiento. El mecanismo previsto establece que los proveedores de vehículos automotores deberán comunicar a las aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay (BCU) para operar en el riesgo de automóviles las alertas o recall, junto con la información correspondiente y la identificación individual del chasis.

A partir de esa información, las aseguradoras deberán buscar en sus propias bases de datos los vehículos asegurados que correspondan a los chasis incluidos en las alertas. Luego tendrán un plazo de 30 días corridos, “contado desde la recepción de la comunicación”, para informar a sus asegurados sobre la existencia del recall.

Una vez realizada esa comunicación, las aseguradoras tendrán otros 10 días corridos para informar a la Unidad Defensa del Consumidor (Udeco) del MEF y a los proveedores que emitieron la alerta cuáles son los números de chasis correspondientes a asegurados que fueron notificados.

El sustitutivo también establece que, al comunicar la alerta, la aseguradora deberá advertir al usuario que, si existe evidencia de que el defecto que originó el recall contribuyó a provocar un siniestro “o a aumentar la entidad de los daños, ello podría ser causal de exclusión de cobertura” si el asegurado no se presentó en la fecha acordada con el proveedor para reparar o sustituir la pieza defectuosa.

El texto incorpora además un mecanismo para dejar constancia de esa reparación. El proveedor deberá entregar al tenedor del vehículo un comprobante escrito con la fecha en que fue agendada la reparación o sustitución de la pieza defectuosa, en duplicado y firmado por el tenedor.

Además, el mecanismo prevé que la aseguradora y la Udeco podrán exigir copias de esos comprobantes y establece que el incumplimiento podrá ser sancionado por el MEF.

Estefania Leal/Archivo El Pais

Para los recall anteriores a la entrada en vigencia de la nueva disposición, el plazo de 30 días previsto para que las aseguradoras realicen la búsqueda e informen a sus asegurados se extenderá a 180 días.

Vallcorba señaló que la propuesta fue modificada luego de los comentarios realizados por las empresas aseguradoras durante la discusión parlamentaria, quienes habían cuestionado algunos puntos del mecanismo anterior y habían solicitado que no se les proporcione la información a las automotoras.

La nueva propuesta, según detalló el subsecretario, fue trabajada con la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (Audea) y el Banco de Seguros del Estado (BSE).

Por su parte, el director de la Udeco, Álvaro Fuentes, explicó ante la comisión que el texto recoge los comentarios realizados por ambas instituciones y destacó particularmente el cambio referido al régimen sancionatorio.

“Se está contemplando la posibilidad de no sancionar el incumplimiento de la norma en el caso de que hubiera una causa de justificación”, señaló.

Fuentes agregó que la potestad de que sea la Udeco la encargada de sancionar fue una “solución conversada” con el BCU y también puso en contexto el volumen de alertas que deberán procesar las aseguradoras. “En cuanto a la cantidad de recalls, en los últimos dos años se hicieron 28; no es un número que sea inmanejable para las aseguradoras, entendemos que está cubierto”, afirmó.

Para Vallcorba, la incorporación de las aseguradoras al proceso busca generar un beneficio tanto para los consumidores como para las propias compañías. “Esta medida, entendemos que apunta a alcanzar un beneficio para el consumidor y también para la propia compañía aseguradora en la reducción de siniestros o sus efectos”, sostuvo.