¿Llegó la hora de la tijera? Proponen involucrar a privados, desregular mercados, cerrar algunas empresas estatales y más

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone ha machacado en que Uruguay tiene poco para hacer desde el punto de vista de la macroeconomía para mejorar su competitividad, y que los esfuerzos deben focalizarse en las mejoras microeconómicas. Ante ello, la Academia Nacional de Economía (Acadeco) se planteó la pregunta “¿Macro ordenada, micro pendiente?”, para que la respondieran los economistas Isaac Alfie (exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y exministro de Economía y Finanzas); Jorge Rodós (miembro del Consejo Fiscal Autónomo); y Álvaro Lalanne, asesor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la implementación del proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida.

“La macroeconomía de Uruguay no está ordenada; en todo caso, está bastante estable”, disparó Alfie. Y apuntó a dos factores importantes que actúan en contra: el déficit fiscal y la deuda pública. “En otras circunstancias internacionales, hubiéramos tenido problemas”, advirtió, agregando que la comparación regional “nos juega a favor”, pero que el 67% de deuda sobre el Producto Interno Bruto (PIB) y el resultado primario negativo (déficit fiscal antes de realizar pagos de deuda), entre otros indicadores, pesan en contra.

De hecho, los resultados primarios han sido negativos en los últimos 12 años, por lo que “es una acumulación de deuda” la que está impactando.

Señaló que el tipo de cambio real depende básicamente del gasto público, y recordó que la mayoría de los intereses de deuda se siguen pagando en dólares.

“No es devaluando que se mejora (el tipo de cambio real), sino bajando el gasto público”, reafirmó Alfie, advirtiendo que la solución no pasa por una suba de impuestos porque esto, en algún momento, termina produciendo aumento del gasto público nuevamente.

Respecto a que “la macroeconomía no está ordenada, sino bastante estable”, Lalanne defendió la visión del MEF.

Sobre los asuntos microeconómicos, Alfie dijo: “Siempre están pendientes; han venido evolucionando con reformas, pero se precisa una micro cambiada. La producción está complicada, pero no es el todo”.

Se refería a que Uruguay tiene que mejorar su productividad, pero teniendo en cuenta que otros países también lo hacen. “Si no superamos eso, nos mantendremos en el nivel relativo (en la comparación)”, advirtió.

El exdirector de la OPP lanzó varias ideas, entre ellas que sí habría que hacer una nueva planta potabilizadora de agua, porque “estamos regalados con una sola”, aunque observó que el 57% del agua de la red nacional se pierde, mientras que en otros países las pérdidas son de entre el 15% y 20%. “Si se perdiera menos agua, tal vez no se necesitaría otra planta”, lanzó.

Ignacio Sánchez, El País.

Por lo pronto, su propuesta es llamar a privados para que se ocupen de algunos temas clave del país, como el del agua y la infraestructura.

Coincidió con el MEF en liberar el mercado de las regulaciones, incluyendo el mercado de los combustibles. “Hay que hacer reformas en el sector público, pero no solo reforzando la gestión, sino reprimiendo el gasto”, enfatizó.

“Habría que eliminar o ver qué se hace con el Correo, la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), AFE, el Pórtland (de Ancap) ni qué hablar”, agregó, mencionando también a las agencias superpuestas en sus responsabilidades y funciones.

Alfie también hizo hincapié en la seguridad pública al observar que “tenemos más de doble de policías por habitante que Europa; poner más funcionarios no es la solución, hay un tema sobre cómo se organiza el trabajo".

También planteó cambiar el sistema tributario porque “castiga a los más jóvenes y los hace desesperanzarse, ya que les es difícil ahorrar por los impuestos”.

El economista habló también de la reforma laboral (notando que se requiere flexibilización horaria y otras actualizaciones) y cuestionó que “bajar la edad jubilatoria es aumentar el gasto”.

Alfie consideró que es tanto lo que hay que cambiar, que conviene ir tomando las cosas de a una. Sin embargo, Roldós opinó —aclarando que su participación en el evento era a título personal y no en nombre del CFA— que habría que hacer los cambios rápidamente y por ende avanzar en varios puntos a la vez.

Francisco Flores/Archivo El Pais

Roldós afirmó que el planteo de “macro versus micro” implica una "falsa dicotomía", y agregó que decir que lo macro está ordenado, tampoco es claro. A su juicio, el gobierno ha atacado más los costos transables con el proyecto de ley de Competitividad y con los acuerdos comerciales que ha firmado, pero esto abarca un tercio de la economía.

“Esperemos que este proyecto de ley de Competitividad salga aprobado sin muchos daños, y que haya una ley de Competitividad 2, que abarque los costos laborales, los de los combustibles, los financieros y los logísticos”, dijo.

Destacó que cuando el gobierno eleva el gasto público, se produce un alza de las horas trabajadas y se encarece el sector de los no transables.

Manejó que el aumento del gasto del gobierno no da lugar a mejoras en el bienestar de la gente, como a veces se cree, y además limita el crecimiento del PIB.

“Año a año vemos un impulso más del gasto público, por encima del crecimiento”, observó, algo que ocurre fundamentalmente desde el año 2020. “En el actual Presupuesto está el planteo de frenar y revertir la tendencia del gasto, que es lo principal para aumentar la competitividad”, acotó.

Lalanne, a su turno, defendió que “puede ser que la macroeconomía no esté ordenada, pero sí estable”. Eso es fundamental para el crecimiento y permite concentrarse en mejoras en la competitividad, fundamentó.

“Si hay riesgos cambiarios o inflacionarios, (los empresarios) no pueden enfocarse en la incorporación de tecnología ni asumir riesgos desde el punto de vista productivo”, ejemplificó.

Resaltó que la agenda procompetitiva del MEF se basa en dos paradigmas: bajar los costos de gestión de las empresas y eliminar las barreras a la entrada de la inversión.

Repasó los principales puntos del proyecto de ley de Competitividad, señalando que existen gravámenes en ciertos sectores que se introdujeron en otras épocas y ya no tienen razón de ser (mencionó a la tasa del LATU que no se ha revisado durante mucho tiempo, pero ahora hay voluntad de hacerlo), recalcó que existen tasas mal definidas, y cómo todo eso va a ser modificado o eliminado.

El gobierno plantea que sean opcionales la autocertificación de origen y el uso de despachantes de aduanas. “Eso no va a eliminar a los intermediarios, sí se revisará su valor”, dijo Lalanne ante las resistencias que han surgido.

El gobierno también apunta a acelerar procesos con mayor interoperabilidad, realizar controles ex post en vez de ex ante (“es una buena práctica internacional, sin perder fiscalización”, dijo) y mejorar los tiempos de las autorizaciones fitosanitarias.

Respecto a la facilitación del comercio exterior, que está muy vinculada a la agenda de apertura del país (acuerdo Mercosur-Unión Europea, entre otros), Lalanne valoró a la Aduana que, a su entender, ha colaborado en gran forma en los procesos de mejoras.

En el espacio de preguntas, los asistentes —varios de ellos economistas— plantearon el problema de las “islas” en el funcionamiento de los organismos públicos, la falta de relación entre ellos, las exigencias desmedidas que terminan desgastando a quienes realizan trámites, cómo los procesos se convierten en verdadera carga para los empresas y redundan en restricciones de ofertas, cómo en el Parlamento hay políticos que se resisten cambios y reciben grandes presiones en ese sentido.

Desde la audiencia, surgió la propuesta de bajar la cantidad de senadores y de diputados, así como el número de departamentos en Uruguay. “Hay mucha gente colgada del camión”, dijo un profesional en alusión a quienes no pagan ni aportan al sistema.

“Como consumidores finales, tenemos que pensar en el IVA, en el Imesi y en el espíritu santo”, fue otra de las frases que surgieron como queja.

“¿Por qué hay tantos funcionarios en el sector público, con la automatización y la inteligencia artificial que existen?”, preguntó otro de los presentes.

No faltó la mención reiterada a Ancap, que pierde por el Pórtland unos US$ 30 millones al año. “¿Dónde se pone esa pérdida, en los combustibles?”, se preguntó.

Sobre el cierre de Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) y otros conflictos locales, surgió esta reflexión de un asistente: “Tenemos la suerte de que el precio de la carne vuela por los cielos. Si no fuera así, estaríamos en la ruina”.