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Por Lucas Elmallián
La subasta de espectro para 5G aumenta las tensiones tras haberse aprobado su pliego de bases y condiciones por parte del gobierno. Empresas interesadas en la subasta analizan recursos a presentar debido a la falta de cambios (respecto a los planteos) en el documento aprobado la semana pasada.

El 30 de marzo se aprobó el pliego para la subasta de tres segmentos en la banda de 3,5 GHz, sobre la cual se podrá desplegar la red 5G, tal como informó El País.

Los segmentos a subastar corresponden al de 3.300-3.400 MHz y a los de 3.600-3.800 MHz, siendo cada segmento de 100 MHz. Sin embargo, a partir del interés manifestado por Antel en el bloque de 3.600 a 3.700 MHz, este le fue asignado a la empresa estatal, dejando los dos restantes para la puja entre los interesados privados. Lo que Antel pagará por ese bloque que se le preasignó surgirá de esa puja entre privados.

Con la aprobación del pliego, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) cuenta con 30 días corridos para realizar el procedimiento competitivo. Según dijo la presidenta del organismo Mercedes Aramendía a El País, harán “todos los esfuerzos” para que el proceso competitivo tenga inicio a fines de abril.

Sin embargo, por parte de los interesados privados se analizan los recursos a presentar debido a ciertas condiciones y requerimientos en el pliego que entienden son una “desigualdad” competitiva y una “discriminación”.

El gobierno, previo a la aprobación del pliego, había concedido una nueva vista de 10 días para que los interesados hicieran sus comentarios acerca del borrador de las bases y condiciones, sin embargo, según sostuvo a El País el directivo regional de Claro, Alejandro Quiroga López, el documento aprobado refleja que “no hubo tiempo de leer todas las consideraciones de todos los interesados”.

En este sentido, el directivo de Claro señaló que planean presentar un recurso administrativo teniendo como puntos centrales el precio base de la subasta y la estructura de la misma, en función de la competitividad entre las posibles empresas oferentes de servicios de 5G. En caso de ser necesario, no desestiman recurrir a la vía judicial, agregó.

Según Quiroga López, el precio base de la subasta “no está fundamentado” y “el precio es altamente negativo para Uruguay, porque va a destruir valor”.

El precio base de la subasta de cada bloque de 100 MHz se estableció en US$ 28 millones, no obstante, Quiroga López destacó que, en base al análisis comparativo de precios internacionales, este dista incluso de lo que debería ser el resultado de la subasta, US$ 22 millones, y no el precio base.

Asimismo, señaló que debido a las características del país, por sus vectores de negocio en los que se podrían usar el 5G, “no justifican una suba sino una baja respecto al comparable”.

Sostuvo que los recursos utilizados deberían dedicarse al despliegue de la red, llevando a que los servicios sean más económicos para los usuarios, mientras que con el precio actual se trasladarían estos costos al usuario final.

Por otra parte, el recurso a presentar también comprende lo que entienden como “desigualdad” competitiva entre oferentes, debido a la asignación ya realizada a Antel.

El directivo de Claro señaló que han solicitado -como también Movistar lo hizo- que la oferta al mercado sea al mismo tiempo para todos, debido a que Antel tendría ventaja por conocer su tramo, pudiendo obtener la tecnología requerida para este, mientras que el resto de los interesados aún no tienen asignado el suyo.

El pliego establece que una vez terminado el proceso de asignación, se pueda solicitar la habilitación para prestar el servicio de 5G.

Otro punto que entienden como “anticompetitivo” desde Claro, es la posibilidad de Antel para adquirir más de un segmento, mientras que el resto de los interesados solo podrían adquirir 100 MHz. Esto se debe a que en el pliego se establece la limitación del máximo de espectro por operador, pero en caso de quedar bloques vacantes, Antel podría comprarlos.

Movistar también evalúa acciones debido a que las condiciones actuales no “facilitan” un “despliegue competitivo”.

Según dijo a El País Leticia Lago, directora de Asuntos Públicos de Telefónica Movistar Uruguay, hacen énfasis en “asegurar el despliegue” y que el mismo sea competitivo, lo cual advierten “con preocupación” porque a los operadores privados no se les habilita a contratar fibra óptica de Antel, pero tampoco se los “incentiva a desplegar sus propias redes, asignándoles las licencias para que brinden todos los servicios que técnicamente posibilitaría dicha red”, como los servicios de acceso a Internet fijo alámbrico.

Otra de las empresas que ha mostrado interés en la subasta es la proveedora de servicio de Internet inalámbrico Dedicado. Sin embargo, debido a los requerimientos del pliego, la empresa de capitales uruguayos no podría ser tenida en cuenta ya que no cuenta con la habilitación para brindar servicios de comunicaciones móviles en Uruguay -habilitación que solicitaron en 2022, debido a que ya cuentan con dos segmentos de 5G, y aún no obtuvieron respuesta por parte del Ejecutivo-, ni cuenta con la experiencia que establece el pliego dando estos servicios en el exterior.

Según afirmó el CEO de Dedicado, Arturo Vargas, a El País, la empresa “siempre ha acompañado las reglas de juego de apertura, de libre competencia, de igualdad de oportunidades y tratamiento igualitario, sin embargo hoy se siente excluida”.

La firma, que lleva invertidos más de US$ 80 millones en desarrollo tecnológico y capacitación y comprometidos otros US$ 45 millones, según Vargas, entiende que este requerimiento que les impide participar es “por lo menos discriminatorio y distante de tratamiento igualitario”.

Por esto, sostuvo que van a analizar “todos los caminos posibles para proteger y defender el trabajo de los uruguayos y una nueva inversión que está en marcha y supera los US$ 60 millones en el despliegue de una red 5G única en el país”.

Señaló que quieren “defender la soberanía del espectro”, ya que “se transfiere a las multinacionales”, debido a que la asignación es por 25 años y su renovación, por 25 años más, “funciona a demanda”.