Pobreza infantil: la gran deuda, y lo que dicen economistas de cuatro universidades sobre cómo solucionarla

En Uruguay, casi un tercio de los niños menores de seis años son pobres. Esta realidad, que no es propia de un país de renta media según diversos analistas, es una de las prioridades planteadas en el proyecto de ley de Presupuesto,el cual se ha propuesto mitigar este fenómeno. El tema fue abordado en la mesa redonda “Hacia un Uruguay sin pobreza infantil”, organizada por la Academia Nacional de Economía (Acadeco), con la participación de economistas de cuatro centros de estudios: Ana Inés Balsa (Universidad de Montevideo, UM), Matías Brum (Universidad ORT), Mauricio De Rosa (Universidad de la República, UdelaR) y Germán Deagosto (Universidad Católica, UCU).

Los especialistas recordaron que, efectivamente, la pobreza infantil (niños menores de seis años) alcanza al 32,3%m según la medición del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2024, y que es más que hora de emprender rutas de acción para su reducción, dado que el asunto ya está “sobre diagnosticado”.

Lo cierto es que el gobierno destinará el 40% de las asignaciones incrementales en el Presupuesto a la infancia, según el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que se estudia en el Parlamento. Y si bien probablemente no será suficiente, los economistas opinaron que el rumbo parece ser el correcto.

Brum evaluó como positivas algunas medidas específicas planteadas en el Presupuesto y enumeró incrementos previstos, por ejemplo, para el club de niños en 154%, para los centros juveniles 240%, para apoyos de educación media 130%, para becas de educación media 270%, en bonos de apoyo escolar 78%, la suba en programas de precariedad habitacional es de 100%, y se crean dos partidas nuevas: una de alimentación para educación media ($ 590 millones mensuales) y visitas domiciliarias a recién nacidos (que pasa a ser de $ 50 millones anuales). “Los recursos son limitados, pero pienso que el 40% de la distribución del gasto está en la dirección correcta”, opinó Brum.

Foto: Archivo El País

Balsa, por su parte, consideró que la erradicación de la pobreza infantil no significa solo que los niños tengan sus necesidades satisfechas en hogares dignos, donde en las casas no se llueva el techo, sino que se deben generar funcionalidades para que tengan un mejor futuro y también salgan realmente del señalamiento y la discriminación.

A su entender, el problema debería abordarse con políticas con cinco núcleos: transferencias monetarias (esto incluye alimentación en las escuelas y otros programas sociales); prolongación de licencias paternales y extensión de los cuidados en los primeros años de vida del niño (lo que Balsa evalúa como central); acompañamiento a las familias en el camino de salida de la exclusión y marginalidad; desarrollo de capacidades laborales para los padres; políticas macroeconómicas que faciliten la vida en general y de estas personas.

De su lado, Brum puso énfasis en las transferencias monetarias, dado que muchas veces se subestiman, pero, cuando están bien orientadas, ayudan realmente a superar la condición de pobreza. “Es difícil reducir significativamente la pobreza sin transferencias fuertes”, defendió en base a estudios que, según afirmó, demuestran esta premisa. De todas formas, igual se requiere apuntalar políticas de vivienda, educación y empleo, entre otras.

De Rosa coincidió sobre ese punto, dado que las transferencias monetarias también quitan presión sobre las familias necesitadas y, de esa forma, los padres pueden dedicarse a trabajar mejor o buscar mejores empleos, entre otros beneficios.

“No hay niños pobres, sino hogares pobres”, recordó al señalar que el 50% de los niños pobres del país están cubiertos por transferencias directas y el 30% por transferencias indirectas, pero el problema no radica en la cobertura, sino en los bajos montos de las mismas, según afirmó. “Las transferencias monetarias no son asistencialismo, está comprobado que tienen efectos duraderos”, insistió. “Son caras, pero mueven la aguja”, agregó De Rosa.

En esa línea, hubo consenso en que la inversión en estos asuntos debería ser acorde al problema. Además, las políticas para mitigar la pobreza deberían ser no solo multidimensionales (educación, vivienda, trabajo para los padres, salud, etcétera), sino también alcanzar a las familias en situación de vulnerabilidad, dado que muchas están en el borde y pueden caer bajo la línea de pobreza.

De Rosa señaló que para combatir la pobreza se quiere trabajar en el problema de la desigualdad social. “Los ingresos de las familias pobres no pueden ser del 2% o 3%; tienen que crecer más y más rápido, lo que nivelaría la desigualdad”, afirmó.

Alineados con planteos del gobierno, los economistas consideran que un mayor crecimiento económico y más dinámica de la actividad en el país traccionarán la salida de la pobreza, al crearse más trabajos y mejores ingresos. Esto ocurre más allá de las políticas públicas, aunque por supuesto también deben diseñarse.

Deagosto advirtió que “es difícil competir” cuando el valor de una beca para cada niño necesitado es de $ 10.000 al año, mientras que, por ejemplo, coordinar una boca de droga puede representar unos $ 10.000 o $ 15.000 semanales.

De ahí que el abordaje multidimensional de las familias, con énfasis en la educación y en el acompañamiento, resulten fundamentales.

Asimismo, este tipo de riegos requiere trabajar los valores y creencias con los que se manejan las personas, quienes muchas veces piensan que sólo por meritocracia no van a prosperar, un supuesto que los alejan del camino del estudio o trabajo.

Brum afirmó que Uruguay debería tomar otras experiencias como referencia y mencionó a Eslovenia, Rumania, Polonia, República Checa u otros países del este europeo que emprendieron reformas para reducir los índices de pobreza, con bastante éxito.

“Eslovenia implementó una especie de Inefop (Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional) y reconvirtió la fuerza de trabajo en tiempo récord)”, afirmó.

En ese contexto, apuntó que en Uruguay se necesitan mayores tasas de crecimiento para enfrentar el problema de la pobreza infantil, pero también emprender reformas estructurales grandes, que recurrentemente se han postergado.

“Cuatro quintos de la reducción de la pobreza se mitiga con creación de empleo. También se requiere mayor focalización y redistribución del gasto y centralizar instituciones o procesos dispersos, que hacen perder plata”, concluyó De Rosa.