Los cambios del MVOT en el programa Entre Todos y las dudas que generan en la Cámara de la Construcción

Tras las modificaciones aprobadas por el Poder Ejecutivo al Programa Habitacional Entre Todos, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) busca adecuar su funcionamiento a los cambios legales impuestos en la ley de Presupuesto Nacional y a los lineamientos del Plan Quinquenal de Vivienda. En ese marco, desde el sector de la construcción señalan que dichos cambios no representan una transformación profunda de las reglas del juego para el rubro, aunque incorporan algunos ajustes que apuntan a mejorar la gestión y el funcionamiento de la herramienta, según la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU).

El presidente de la gremial, Alejandro Ruibal, señaló a El País que las modificaciones anunciadas por la cartera tienen un alcance acotado y están más vinculadas a aspectos operativos que a cambios estructurales del régimen.

“Si bien no hay grandes cambios, los que se realizaron van en el sentido de mejorar el proceso interno de la aprobación de los proyectos”, afirmó. En esa línea, sostuvo que tampoco observa un impacto relevante sobre el atractivo que el programa tiene para los desarrolladores privados. “No son cambios profundos o de reglas respecto a las que ya existían”, indicó.

Entre las medidas que considera más positivas aparece la creación de una ventanilla única para el ingreso de proyectos, una herramienta que busca centralizar y agilizar los trámites asociados al programa.

Sin embargo, Ruibal entiende que algunos aspectos todavía generan interrogantes, como por ejemplo la asignación de viviendas a las personas. En este caso, previamente los destinatarios surgían de postulaciones presentadas por las empresas y de listas del MVOT. Ahora, al menos 50% de las viviendas promovidas en el marco del programa deberán destinarse a llamados públicos realizados por el MVOT y el resto podrá ser comercializado por la empresa.

“Una duda o incertidumbre podría ser el llamado por parte del MVOT para el 50% de las viviendas cuando el avance del proyecto se encuentre en un 70% de la etapa de ejecución”, agregó Ruibal.

Leonardo Maine/Archivo El Pais

Por otro lado, uno de los cambios que más atención generó dentro del sector fue la incorporación de un límite de hasta 100 viviendas por proyecto en determinadas zonas. No obstante, Ruibal relativizó el impacto potencial de esa disposición y recordó que las propias autoridades ministeriales plantearon la posibilidad de contemplar excepciones.

“Las autoridades del MVOT señalaron que en caso de que existan capacidades de infraestructura instaladas, por ejemplo en centros de enseñanza, transporte público o saneamiento, se va a evaluar y se pueden autorizar un mayor número” de unidades, explicó.

La nueva reglamentación también otorga una mayor participación a los gobiernos departamentales en aspectos vinculados al ordenamiento territorial y la definición de los suelos aptos para el desarrollo de proyectos habitacionales. Para Ruibal, se trata de una decisión prudente siempre que exista coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

“El involucrar a las intendencias en la temática parece razonable viendo el tema desde las estrategias de desarrollo de los diferentes centros poblados”, afirmó, aunque recordó que la referencia principal en materia de ordenamiento territorial continúa siendo el MVOT.

Precisamente, la coordinación institucional aparece como uno de los desafíos que identifica la gremial para evitar demoras en la ejecución de los proyectos. Según Ruibal, una de las áreas donde existe margen para mejorar es la tramitación de permisos de construcción.

“Debería haber una mayor coordinación y apoyo por parte del MVOT para acelerar los tiempos que hoy se demandan”, agregó.

Viviendas en Los Eucaliptus. Foto: MVOT.

Otro de los cambios incorporados por el decreto refiere al régimen de subsidios. El programa mantiene el apoyo destinado a los compradores, pero establece que ese beneficio podrá ser revisado periódicamente para verificar si el beneficiario mantiene las condiciones que justificaron su otorgamiento.

“El subsidio es para la demanda. Lo que cambia es que es revisable para evaluar las condiciones que tenía el beneficiario ante una posible mejora y poder desviar ese subsidio a otro beneficiario”, explicó Ruibal.

Desde la óptica de los desarrolladores, sin embargo, la medida podría introducir un factor adicional de incertidumbre financiera. “Puede generar un grado de riesgo superior respecto al repago, que pasaría a ser 100% por parte del beneficiario en caso de que se retire el subsidio”, advirtió.