Ley de Competitividad y las “tensiones” del MEF: “No es una agenda que siempre tenga a las empresas del mismo lado”

Una de las principales apuestas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es el proyecto de ley de Competividad y Reducción del Costo de Vida y el gobierno aspira a que quede aprobada en noviembre. Sin embargo, sus efectos se irán viendo en forma paulatina y el MEF estima que será necesario esperar entre cuatro y cinco años para evaluar el impacto completo de la reforma. Así lo señaló Álvaro Lalanne, asesor del MEF y uno de los impulsores de la iniciativa, quien identificó como uno de los grandes desafíos que los cambios logren aplicarse de forma efectiva en todos los sectores de la economía y no queden limitados.

Doctor en Economía, Lalanne ingresó al MEF en marzo de 2025 para impulsar la ejecución de las reformas microeconómicas previstas en la ley. En entrevista con El País, reconoció que hay tensiones en algunas empresas, ya que no todas tienen interés en modificar reglas que generan barreras a la entrada de la competencia. También repasó los cambios incorporados durante el trámite parlamentario, entre ellos los referidos a segundos importadores, autodespacho aduanero, finanzas abiertas y otras simplificaciones.

—¿En qué etapa está el proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida?

—La ley se presentó en junio y el 26 de agosto la Cámara de Senadores la votó afirmativamente, por unanimidad en la gran mayoría de los artículos. Creemos que el proceso en esa cámara fue muy bueno y que salió una ley mejor que la que entró, porque se ajustaron aspectos que generaban incertidumbre en la interpretación y algunos detalles técnicos. En la Cámara de Diputados, nosotros tuvimos una comparecencia que también fue muy bien recibida por los legisladores. Ahora se va a iniciar el tratamiento en comisión, donde se recibirán a las delegaciones interesadas en dar su opinión sobre aspectos específicos de la ley. Aspiramos a que el trámite en Diputados sea tan ágil como lo fue en el Senado y a poder tener una ley aprobada para noviembre.

—¿Por qué afirma que salió una ley de la Cámara de Senadores mejor de la que entró? ¿Qué aspectos se modificaron?

—La mayoría de los cambios fueron precisiones en algunos artículos que tenían expresiones ambiguas. Por ejemplo, se ajustaron varios aspectos vinculados a la defensa de la competencia, entre ellos, la redacción de la tasa por concentraciones propuesta. La ley promueve el cobro de una tasa por el servicio de autorización de concentraciones, por parte de la Comisión de Defensa de la Competencia. Es decir, los procesos de fusiones y adquisiciones de magnitud sustancial en Uruguay necesitan la autorización de la comisión. Actualmente, la comisión brinda ese servicio de forma gratuita, pero necesita financiamiento porque, realmente, tiene pocos recursos para el volumen de trabajo que enfrenta. Además, prácticamente todos los países del mundo cobran por ese servicio, por lo que entendemos que se trata de una buena práctica internacional.

— ¿Qué cambios se introdujeron en el artículo sobre los segundos importadores, un tema que tuvo mucha repercusión en el sector?

—A ese artículo le incorporamos una disposición que establece que se podrá tener derecho a ser segundo registrante siempre que el primero tenga un período de ventana de un año. Esto busca reconocer el costo de obtener el primer registro, que, en general, requiere más información que el segundo. Entendemos que el mayor costo que tiene el primero debe ser compensado con un período de exclusividad sobre el producto que registra. Antes no había normas que prohibieran expresamente la existencia de un segundo importador, pero los procedimientos regulatorios terminaban dificultándola, porque la autoridad sanitaria técnica correspondiente le exigía documentación que solo estaba en poder del fabricante, y este podía no tener interés en otorgársela a un tercero. Esa es la explicación del cambio.

—Esa situación se da también en otros países, ¿por qué ha sido tan polémica en Uruguay?

— Se amplifica en Uruguay porque este es un mercado muy pequeño, donde hay menos competencia y las barreras a la entrada tienen más efectos. Además, es un mercado con alta tradición en fiscalizar ex ante en el pedido de la documentación (previa), mientras que otras jurisdicciones tienen otros sistemas de vigilancia.

—¿Encontraron resistencias entre los importadores y representantes exclusivos frente a la nueva disposición?

— Sí. Es un artículo que ha tenido un tratamiento parlamentario intenso y algunas cámaras empresariales han solicitado quedar excluidas del mecanismo. Hemos recibido tres tipos de argumentos en contra.
En primer lugar, entendemos que los aspectos sanitarios están salvaguardados al exigir la trazabilidad del producto y la identificación del lote, y no parece haber otros aspectos sanitarios relevantes a considerar.
En segundo lugar, están los argumentos vinculados al costo del primer registro, que entendemos quedan contemplados al incorporar un período de ventana de un año para el primer registrante. Y, en tercer lugar, hay argumentos de protección anticompetitiva, que evidentemente no vamos a tener en cuenta, porque lo que buscamos es que haya más competencia en el mercado.

Leonardo Mainé, El País.

—¿Qué cambios se plantearon sobre los autodespachos a partir de la discusión parlamentaria?

—Se planteó ampliar el elenco de personas que pueden realizar autodespachos, en la disposición que los incorpora como una posibilidad para las empresas. Si bien eso todavía no se ha reflejado en el proyecto, tenemos la disposición de que no sean necesariamente egresados universitarios quienes puedan realizar el autodespacho o acreditar su idoneidad ante Aduana, como establece actualmente la normativa, sino también otros profesionales no universitarios que cuenten con las condiciones necesarias, como los egresados de UTU. Entendemos que tiene sentido incorporar esa posibilidad en la ley.

—¿Qué les plantearon los despachantes de aduana frente a la posibilidad de que las empresas puedan realizar autodespacho?

—Nunca manifestaron resistencia a la medida. De hecho, plantearon algunos aspectos que querían preservar, que nos parecieron razonables y que incorporamos en la ley. En particular, plantearon que no se forme un mercado secundario desregulado de despachantes de aduana, lo que, según entienden, generaría una competencia desleal para ellos. Lo que quieren es que sean las empresas directamente con personal propio las que puedan realizar autodespachos, y no que contraten a cualquier persona que no sea despachante de aduana para realizar ese trabajo. El objetivo es mantener la profesionalidad de la actividad y sus condiciones

—¿Hubo ajustes en materia de finanzas abiertas?

—Sí. Esos artículos son muy importantes en la ley, han recibido bastantes comentarios y se mejoró la redacción para evitar que el sistema opere como una barrera de acceso a los servicios financieros. Entendemos que estas disposiciones permiten profundizar la oferta de servicios financieros, pero, como el mecanismo se basa, entre otras cosas, en el consentimiento informado de los usuarios para que las instituciones puedan intercambiar directamente sus datos, algunos legisladores plantearon reparos sobre su alcance. Tenemos que evitar que la falta de consentimiento informado se convierta en un prerrequisito que termine excluyendo a personas del sistema financiero.

Leonardo Mainé, El País.

—¿Hubo algún cambio en materia tributaria?

—No. Lo más importante en este aspecto es la simplificación para las pymes (pequeñas y medianas empresas), que hoy tienen que dar un salto en su tributación cuando superan el umbral que las define como pequeñas y pasan al régimen general. Como ese cambio genera un costo tributario asociado al crecimiento, la ley plantea un mecanismo de transición en las tasas, de modo que, a medida que la empresa crece, vaya convergiendo hacia el régimen general.

—¿Cuáles son los principales riesgos que identifican en la implementación de la ley?

— En las mesas de agilización de trámites, previstas en el artículo 5, vamos a tener mucha interacción con los reguladores para que ellos mismos se apropien de las mejoras y las internalicen en sus procedimientos. El mayor riesgo es que esa interacción no dé resultados muy efectivos en algunos sectores. Es decir, medidas que pensamos que pueden aplicarse a un conjunto amplio de sectores, quizás podrían terminar teniendo un alcance más limitado. Ese es el riesgo más importante que vemos.

—¿A qué sectores se refiere?

—No quiero a decir qué sector, pero ese tipo de riesgo es importante.

—Que el impacto de la ley no llegue a ser tan amplio como el MEF busca, ¿se debe a que las nuevas disposiciones tocan determinados intereses, o hay otras razones?

—No necesariamente las empresas están interesadas en que se cambien las reglas, porque las reglas también generan ciertas barreras a la entrada y las empresas que las sortean pueden abastecer los mercados con menos competencia. Entonces, no es una agenda que siempre tenga a las empresas del mismo lado. Hay tensiones ahí y lo vemos. Eso también nos dificulta identificar oportunidades de mejora en algunos sectores, porque las mismas empresas muchas veces prefieren no innovar en materia regulatoria y no han mostrado interés.

—¿Cuánto tiempo llevará poner en marcha las distintas medidas previstas en la ley?

—Ya estamos trabajando en la implementación, que comenzará con la promulgación de la ley. Durante buena parte del año próximo estaremos emitiendo decretos reglamentarios. Pero algunos aspectos requieren no solo reglamentación, sino también el desarrollo de plataformas, como el sistema de finanzas abiertas o el registro único de apoderados y representantes. Esas cuestiones requieren más tiempo y tendrán su maduración en los años siguientes.

Leonardo Mainé, El País.

—¿Cuándo esperan que comiencen a verse los efectos de la reforma sobre el costo de vida de los uruguayos?

—Esta es una reforma procompetitiva que no fija precios, sino que promueve la agilización de trámites, una mayor disponibilidad de información para los consumidores y otras mejoras. Sus resultados se verán a mediano plazo. Creo que los efectos de una implementación completa de la ley no podrán evaluarse hasta dentro de cuatro o cinco años.

—La implementación de la ley continuará durante la próxima administración. ¿Ven riesgo de que un eventual cambio de gobierno revierta estas modificaciones?

—Entendemos que la ley está teniendo muy buen recibimiento en todo el sistema político, por lo que no vemos riesgo de que las modificaciones sean revertidas ante un eventual cambio de gobierno.

—¿Qué cambios puede generar en el funcionamiento del sector público?

—Eso me parece interesante porque si bien inicialmente presentamos la ley como una herramienta de agilización para el sector privado, para promover la inversión y facilitar el clima de negocios, esas mejoras también representan una ganancia de eficiencia para el sector público. Permiten reducir el grado de ritualismo y focalizar los recursos en las actividades inspectivas y en aquellas que generan mayor valor. Con la ley, se racionaliza la función pública y se concentran los recursos en actividades sustantivas.