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Lavado de activos: Uruguay tiene las “defensas” disminuidas y “no está vacunado” contra estos delitos

Este lunes se aprobó la Evaluación Nacional de Riesgos y si bien Uruguay es “el mejor de la clase” en materia de normativa antilavado, todavía tiene grandes debes.

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Lavado de dinero

Este lunes se aprobó la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Uruguay, la que aún no fue publicada, sobre la que se trabajará la estrategia nacional antilavado. Según el experto que desarrolló el documento, para estos delitos no hay “vacuna”, sin embargo, en Uruguay las “defensas” están disminuidas.

Si bien Uruguay es “el mejor de la clase” en materia de normativa antilavado, aún tiene grandes debes en cuestión de efectividad contra este delito, explicó a El País el titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Jorge Chediak.

Del mismo modo, el asesor internacional que desarrolló la evaluación, Alejandro Montesdeoca, señaló al medio que “hay mucha continuidad en cuanto a los riesgos identificados en 2014 respecto a los que se identificaron ahora”.

En este sentido, destacó que una vez finalizada la ENR de 2014 -la que recomendaba la mejora normativa contra el lavado y el financiamiento del terrorismo-, se trabajó la estrategia nacional de 2017 y luego vino la evaluación en 2019 del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que tuvo como traba la pandemia de covid-19, que dificultó avances en esta materia.

No obstante, sostuvo que “hay una suerte de constante en Uruguay” de que “no existe una percepción cabal de los riesgos a los que se encuentra expuesto el país”. Por ejemplo, riesgos frente a la delincuencia organizada internacional, frente a manifestaciones delictivas como el narcotráfico, contrabando o corrupción y el lavado de activos vinculados a estos delitos.

La ENR de 2014 ya establecía que “las organizaciones criminales internacionales, en particular, aquellas destinadas mayoritariamente al tráfico de estupefacientes y sicotrópicos que a pesar de que no han conseguido constituir bases permanentes propias en la jurisdicción, siguen siendo consideradas la mayor amenaza a la nación”.

Según Montesdeoca, “ha habido siempre una percepción de que Uruguay estaría inmunizado contra estos delitos” y “la verdad que el país no está vacunado contra estos delitos”.

“No está vacunado contra la delincuencia organizada transnacional, no está vacunado contra los fenómenos de narcotráfico, no está vacunado contra los fenómenos de corrupción, por una razón muy sencilla, no existe la vacuna”, afirmó.

Por otro lado, destacó que a nivel internacional estos fenómenos delictivos no hacen más que evolucionar y fortalecerse. Asimismo, los flujos financieros vinculados a estas actividades, tanto a nivel internacional como regional, “se han multiplicado”.

En tanto, destacó que la baja percepción de riesgo a nivel nacional, puede verse motivada en parte por la fortaleza institucional del país.

“Hablando en términos de vacunas y virus, las defensas bajan asumiendo que no existe la amenaza, que no existe este riesgo, asumiendo erróneamente que quizás exista una inmunización que no existe y los grupos (delictivos) pueden entrar”, afirmó Montesdeoca.

Asimismo, sostuvo que “Uruguay debe ser consciente” de la región en la que se encuentra, en la cual se han visto fenómenos de delincuencia organizada en zonas cercanas a la frontera del país, por ejemplo, provenientes de la Triple Frontera.

Ya en la ENR de 2014 se mencionaba que presentaban una amenaza, en materia de lavado de activos, los fondos que ingresaban al país, por ejemplo relacionados al comercio exterior.

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Se sigue buscando la “sintonía fina”

Una de las recomendaciones que contiene la ENR es el análisis sectorial de los sujetos obligados a tener medidas de prevención de lavado.

Chediak explicó que se busca una “sintonía fina”, ya que algunos de los actuales presentan bajos riesgos y otros deberían ser incorporados.

En este sentido, señaló que se espera agregar a los automóviles de alta gama, mientras que el proyecto de Rendición de Cuentas ya incorpora las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) bajo la órbita de la Senaclaft.

Bajas defensas

Otro de los riesgos que se encuentran en la ENR, además de la región y los delitos mencionados, es la vulnerabilidad que presentan los organismos estatales debido a su falta de recursos en materia presupuestal, humana y tecnológica.

Si bien en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas se crean 15 cargos nuevos para la Senaclaft y les asigna recursos presupuestales para que sean “atractivos” estos cargos -que ingresarán en la próxima administración-, son un “avance” pero no terminan de ser los suficientes.

Otros organismos, como la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central o la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), cuentan con vulnerabilidades por falta de recursos, según Montesdeoca, como también la Policía, que carece de capacitación específica en materia de lavado.

Esta falta de recursos “acarrea” la baja efectividad en el combate de este delito. El sistema “tiene pocos glóbulos y plaquetas”, afirmó el asesor.

Asimismo, tanto el secretario nacional como el asesor internacional sostuvieron que se tiene que mejorar “considerablemente” la supervisión tanto del sector no financiero como el financiero.

Para esto, Chediak había propuesto la creación de un único organismo de supervisión, en donde se incorporarían las responsabilidades de la Senaclaft y de la UIAF -la supervisión de los bancos se mantendría bajo la órbita del Banco Central.

En este sentido, explicó a El País que esta fusión “no busca acumular poder”, sino que se está hablando de la supervisión específica en materia de prevención de lavados vivos y financiamiento del terrorismo.

además

El debe en el financiamiento de los partidos políticos

Una de las mayores amenazas que presenta riesgos en materia de lavado para Uruguay, es la corrupción. Por un lado, en el país no está tipificado el delito de corrupción privada, no está regulado el lobby y también hay baches en la ley de financiamiento de partidos políticos.

Si bien estas organizaciones podrían ver cambios en cuanto a los requisitos a cumplir para ser sujetos obligados a tener medidas de prevención de lavado -según Chediak, podrían ser incorporados en su totalidad, sin depender de los ingresos anuales o valor de activos con los que cuenten-, la normativa actual mantiene cierta porosidad en cuanto a las donaciones que pueden recibir en etapas electorales.

El secretario antilavado explicó que las dos fuentes de financiamiento de los partidos políticos están reguladas, ya que estas provienen de los ingresos referidos a la cantidad de votos obtenidos en las elecciones nacionales -que reciben de la Corte Electoral- y los aportes de aquellos que ocupan cargos políticos. Sin embargo, señaló que desde la Senaclaft se solicitó que la normativa de prevención, que comprende el análisis por parte de las organizaciones del origen de los fondos que reciben, se “baje” a los sectores.

Debido a que los titulares de las listas no son sujetos obligados, como lo es el partido político, en etapas electorales al recaudar fondos para su campaña no se les pide que realicen controles de orígenes de fondos sobre aquellos de quienes reciben la donación, llevando a que estos ingresos puedan tener un origen ilícito sin que lo sepa el político. Asimismo, al manejarse por listas pueden haber donaciones que no se informen al partido.

Como había publicado El País el año pasado, fuentes de la Corte Electoral señalaron la carencia de recursos humanos en el organismo y la falta de idoneidad de aquellos que reciben las rendiciones de los partidos políticos para realizar una auditoría de ciertas donaciones.

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