La nueva herramienta de Ceres que muestra qué leyes mejorar para que no sean un freno al crecimiento

En uno de sus habituales desayunos y bajo el título de “Uruguay más simple”, Ignacio Munyo, director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), compartió que el equipo de la entidad creó una plataforma para identificar regulaciones excesivamente complejas, innecesarias u obsoletas que generan obstáculos en la actividad económica y el acceso a políticas públicas del país.

La premisa es que Uruguay, si bien este año crecerá 2,5% según proyecciones, lo haría 1% solo por arrastre estadístico y no tendrá mayores estímulos en el segundo semestre del año.

Gran parte del freno al crecimiento está dado por una inversión privada insuficiente y también por normativas y regulaciones inadecuadas, aspectos que se relacionan entre sí.

En tal sentido, la nueva herramienta “Uruguay más simple” apunta a recoger aportes de empresarios, instituciones, funcionarios públicos y otros actores sociales para identificar las leyes, decretos, ordenanzas, circulares o cualquier otra normativa que podría simplificarse, y cómo hacerlo.

La idea de base es que, con la implementación de mejoras regulatorias, el país podría desarrollarse más y a un ritmo más acelerado, objetivo del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

Concretamente, Ceres contactó a 363 instituciones y asociaciones con este fin y, hasta el momento, obtuvo 203 respuestas provenientes de 13 departamentos y de diversos ámbitos de la actividad.

Según resultados preliminares, las mayores trancas burocráticas están en el Ministerio de Salud Pública (MSP), en las intendencias departamentales y en el propio MEF, en ese orden, seguidos por otras instituciones.

Leonardo Mainé.

Entre los principales impactos negativos de las normativas en el país aparece que éstas: imponen costos económicos u operativos excesivos, implican tiempos de espera prolongados y dificultan la creación de empresas o inversión.

Algunos de los casos más destacados que mencionó Munyo en su ponencia fue en relación al empleo juvenil con la Ley N° 19.133, ya que la aprobación para el ingreso de personal es de unos 20 días, y el beneficio que reciben las empresas por contratar jóvenes también tiene demoras.

Otro caso de “tranca” que mencionó, fue la ley 18.566 y decretos del Consejo de Salarios, que no permiten a las empresas pequeñas o en crisis descolgarse de los aumentos salariales obligatorios estipulados.

Leonardo Mainé. El País.

Un tercer caso que destacó, entre muchos otros, es el triple control que se realiza en compraventas, por parte de la Dirección General de Impositiva (DGI), Escribanos y Registro de la Propiedad. Esto genera demoras en las transacciones e inversiones, y las encarece por trámites redundantes.

Según Munyo, al menos el 60% de las normas pueden ser “corregibles” de forma medianamente fácil.