LAVADO: EL PUZZLE DEL RIESGO

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"¿Quién es generoso acá? Que levante la mano. ¡Ah! Yo pensaba que habían más generosos (risas)”, se escuchaba en la celebración dominical en una iglesia al momento de recibir las ofrendas. Si bien las donaciones voluntarias se comprenden dentro de la libertad de una persona en contribuir con la causa o creencia que uno elija, algunos de los canales utilizados para realizarlas presentan riesgos de lavado de activos.

La Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) comenzó a fines del año pasado a fiscalizar a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), entre las cuales se encuentran las deportivas, educativas, sindicales, los partidos políticos y las religiosas.

Las organizaciones religiosas, según explicaron a El País desde la Senaclaft, son unas de las que presentan mayores riesgos de ser utilizadas para el lavado de activos.

Para ser un sujeto obligado a tener procedimientos de prevención antilavado y reportar operaciones sospechosas la OSFL debe superar los 4 millones de unidades indexadas (UI) en ingresos anuales, es decir más de $ 22 millones, o tener 2,5 millones de UI en activos, es decir más de $ 13 millones.

Según los datos de la Secretaría a los que accedió El País, son 69 sujetos obligados del sector de instituciones religiosas, de los cuales los ingresos anuales y activos fueron declarados entre el segundo semestre de 2019 y fines de 2020. Los montos declarados corresponden a la personería jurídica de la organización, por lo que puede comprender más de una congregación o institución dentro de la misma asociación civil o fundación declarante.

De acuerdo a los ingresos anuales, la institución que declaró el mayor monto fue La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (también conocida como Iglesia Mormona), la cual declaró haber tenido más de $ 435 millones de ingreso anual. Otras que se destacaron fueron la Iglesia Metodista (la cual administra el colegio Instituto Crandon) con más de $ 387 millones, la Iglesia Universal del Reino de Dios con más de $ 173 millones, la Arquidiócesis de Montevideo de la Iglesia Católica con más de $ 80 millones y la Asociación civil Sociedad La Torre del Vigía (también conocidos como Testigos de Jehová) con más de $ 77 millones.

Por otro lado, en materia de activos la Iglesia Mormona, cuenta con más de $ 1.500 millones, La Arquidiócesis de Montevideo con $ 1.400 millones y la Iglesia Universal con $ 760 millones.

Si bien los activos de alto valor pueden verse justificados por la infraestructura edilicia de las iglesias o templos, los ingresos cuentan con diferentes canales para ser recibidos por las instituciones. Desde aquellos más conocidos como las ofrendas en los diversos cultos hasta las donaciones internacionales, se encuentran como fuentes de financiamiento de las instituciones religiosas.

El titular de la Senaclaft, Jorge Chediak, dijo a El País que en lo que refiere al financiamiento de las iglesias, “sí hay previsiones para que las distintas organizaciones hagan el análisis de riesgo y la debida diligencia de sus clientes y de sus donantes, por supuesto en la medida de lo posible”.

“Sería ilógico pretender que la Iglesia Católica Apostólica Romana llevara un control de debida diligencia de todas las microdonaciones que se realizan por los fieles en el transcurso de las misas”, agregó.

En tanto, la jefa jurídica de la Senaclaft, Patricia Laburu, señaló a El País que los ingresos anuales y los activos son dos de los elementos se tienen en cuenta para la fiscalización, pero esto se “complementa” con la cantidad “de fieles, relacionamiento con el exterior, situaciones vinculadas a listas internacionales, a eventuales escándalos vinculados al lavado de activos o financiamiento al terrorismo que se haya podido tener en el extranjero”.

Hay iglesias que reciben ofrendas a través de sobres individuales, además de las donaciones regulares en las que se pasa una canasta o talega, e incluso algunas cuentan con ofrendas a través de plataformas de pagos digitales como PayPal. Si bien esto incrementa el riesgo en materia de lavado, desde la Senaclaft explicaron que el sector en general carece de controles sobre el origen de los fondos que reciben.

El presidente de la Alianza Evangélica CREU, Louder Garabedián, dijo a El País que desde las asociaciones afiliadas parten “del planteo de las iglesias con personería jurídica”.
“Cada iglesia cuenta con un libro de contaduría con lo que entra y lo que sale. También contamos con la inclusión financiera. La Biblia dice que el que hace las cosas bien no tiene nada que temer. Contamos con tesorería, que cuando se nos viene a preguntar por parte del Estado dónde están los libros, se los mostramos”, afirmó Garabedián.

En este sentido, señaló que alrededor del 85%de las iglesias evangélicas están afiliadas a la CREU, que tienen 250.000 fieles.

Entre las afiliadas, se encuentra Asambleas de Dios, que declaró haber tenido un ingreso anual de más de $42 millones y un valor de activos que superan los $10 millones. Su presidente, Daniel Madrazo, dijo a El País que la asociación civil cuenta con 250 congregaciones, a la cuales siguen “de cerca”tanto en lo relativo a la doctrina, la parte financiera y la parte espiritual.

A su vez, destacó que hay congregaciones afines de la misma denominación pero que cuentan con su propia personería jurídica.

Los ingresos que perciben son los propios de la ofrendas de los miembros y dijo que “cada iglesia tiene que tener una comisión administrativa y dar informes cada tanto hacia la congregación de cómo es el manejo financiero”.

“Si llega a haber alguna situación que pueda haber una denuncia, ahí interviene el ejecutivo nacional, para poder seguir de cerca si hay alguna situación, si amerita que la cosa no está funcionando acorde en esa área”, agregó.

Para que haya lavado, el dinero debe tener un origen ilícito, por lo que “si fueron aportes voluntarios de partes lícitas de sueldos, jubilaciones o lo que sea, no configura una hipótesis del lavado de activos”, explicó Chediak.

En tanto, sobre el posible caso de un pastor o sacerdote que viva de las ofrendas de los fieles en zonas vulnerables y adquiera bienes suntuarios (de lujo), explicó que excede la órbita de control del organismo, ya que este se encarga de la prevención del origen o destino ilícito de los ingresos, dejando estas posibles situaciones en la esfera de la ética.

Por lo que los grandes ingresos no necesariamente deben tener un origen ilícito, sino que pueden ser justificados en la cantidad de los fieles o su voluntad de donar, así como también puede encontrarse la “manipulación” del creyente “por intereses mezquinos”, según Garabedián.

Entre las diferencias que tienen las iglesias evangélicas entre sí, se encuentra la teología de la prosperidad, la cual trata de un “pacto”que realiza el cristiano al ofrendar, esperando una “bendición” de Dios a modo de retorno, la cual puede ser en relación a su salud, trabajo o, a la que más se hace alusión, economía.

La iglesia Misión Vida declaró ingresos mayores a $ 44 millones y activos superiores a $ 97 millones. Además, la iglesia cuenta con Esalcu (Hogares Beraca), que declaró más de $16 millones de ingresos al año y un valor de activos superior a $15 millones.

En Misión Vida prefirieron no referirse a la fiscalización de la Senaclaft hasta que no esté concluida. Sin embargo, dijeron a El País que todo “exceso”de la enseñanza bíblica “constituye una dogmatización insana. La ofrenda es una expresión de gratitud a Dios y es muy importante, pero no compra la gracia divina”.

Este tipo de lineamientos suelen verse relacionados con los grupos neopentecostales, de los cuales iglesias pentecostales como las de Asambleas de Dios buscan desmarcarse.

En este sentido, Madrazo señaló que el neopentecostalísmo tiene “un lineamiento de misticismo exacerbado”, en donde la ofrenda en cambio de la bendición entra en un “manejo sectario”.

En tanto, Garabedián dijo que no le “asusta” la cantidad significativa de ingresos si estos son volcados en ayudar “al prójimo”, ya que “la iglesia no es una fábrica” sino que “vive de ofrendas”.

En esta línea, sostuvo que el temor lo tiene sobre la “malversación de fondos” y las “personas inescrupulosas que se marean con el dinero”, las cuales ”explotan al hombre”.

“Es tan sencillo de sacar a una persona de la calle, le enseñás un oficio y cuando lo hacés, una vez recuperado por el evangelio, no lo largás porque es mano de obra benévola. Entonces siguen trabajando, no pueden recibir dinero. Con la excusa que no pueden recibir dinero explotan al hombre”, afirmó sobre iglesias que “rozan el neopentecostalísmo”.

“Si hay iglesias que ayudan al prójimo y le entra dinero tan acumulado, pero lo utiliza ayudando al prójimo, ojalá que en vez de US$ 1 millón le entren US$ 5 millones. Siempre y cuando vaya al prójimo y no vaya a un banco, que no vaya a un interés personal de un individuo”, concluyó.

Así como las instituciones cristianas están siendo fiscalizadas, hay organizaciones de diferentes religiones o creencias que también se encuentran dentro de los sujetos obligados. Entre estas, se encuentran instituciones judías como la Asociación Lubavitch o la organización filantrópica B’nai B’rith.

En relación a la fiscalización, desde la Asociación Lubavitch, que busca “fortificar la educación e identidad judías”, señalaron a El País que sus ingresos proceden fundamentalmente de donaciones. Algunas son “ocasionales que surgen por algún motivo personal del donante”, como también hay otras mensuales “por el compromiso con la propia misión institucional”.

En este sentido, la organización declaró ingresos superiores a $ 16 millones en el año y activos mayores a $ 48 millones. Explicaron que el destino de lo que reciben es solventar los gastos operativos que genera el desarrollo de las actividades educativas y culturales como también la ayuda social que realizan, como “las viandas solidarias”.

En relación a los controles sobre el origen de los fondos señalaron que, además de contar con un estudio contable con el cual trabajan para cumplir con los “requerimientos regulatorios”, tienen la “ventaja” de que conocen “a la mayoría de las personas que componen la colectividad”, lo que les “facilita ”conocer las actividades y fuentes de ingresos de sus donantes “habituales”.

Por otro lado, la B’nai B’rith declaró ingresos superiores a $ 34 millones al año y activos que superan los $ 20 millones. La orgnaización tiene socios de los que algunos realizan aportes de acuerdo a su voluntad o por alguna causa específica, no como una mensualidad en sí, dijo a El País el consultor de la organización, Eduardo Kohn.

En esta línea, señaló que la transparencia en relación a los proveedores se les “ha hecho más fácil”, ya que recurren, “si son terceros, en gente conocida con la que trabajan los socios”.

“La B’nai B’rith tiene casi 180 años en el mundo, está en 50 países y es un nombre muy pesado para hacer cualquier cosa, no dudosa, sino por descuido. No podemos descuidarnos, porque si lo hacemos en Uruguay, estamos complicándoles la vida a 50 B’nai B’rith, no solo en América, sino también en Europa y Estados Unidos”, agregó.

Del mismo modo, sostuvo que no les “gusta mucho el ruido”con respecto a la obra social que realizan, sino que buscan que su visibilidad sea por su trabajo en “Derechos Humanos, política y antisemitismo”. En tanto, reconoció que el alcance político que tienen y su trabajo por Derechos Humanos reside en la obra filantrópica que realizan.