INFLACIÓN

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

Ocho meses después del comienzo de la “guerra contra la inflación” anunciada por el presidente Alberto Fernández, el gobierno argentino parece cada vez más acorralado frente a un enemigo que continúa avanzando.

En octubre, el Índice de Precios al Consumidorfue del 6,3% y en el acumulado de los últimos 12 meses ya alcanzó al 88%, lo que significó el registro interanual más alto desde el año 1991.

Si el aumento de los precios no cede en el último bimestre, la inflación terminará el año cerca del 100%, pese al atraso deliberado del tipo de cambio oficial y la postergación de los incrementos en las tarifas de los servicios públicos.

Con el objetivo de, al menos, desacelerar esa inercia, el ministro de Economía argentino, Sergio Massa, lanzó la semana pasadael programa “Precios Justos”, una iniciativa acordada con supermercados, cadenas mayoristas y empresas proveedoras de bienes de consumo masivo para mantener congelados los precios de más de 1.700 productos por 120 días.

Para el resto de los productos, se contemplará un tope de aumentos de hasta el 4% mensual. El intento de frenar la inflación mediante un congelamiento de precios no es una novedad en Argentina, pero este programa ofrece un incentivo que puede ayudar a que el acuerdo se cumpla, al menos en el corto plazo.

En medio de un grifo cada vez más cerrado para las importaciones, el gobierno les garantizó de manera informal a las empresas que firmaron el acuerdo, una mayor fluidez en el acceso a los dólares necesarios para adquirir insumos o bienes clave para la producción.

“Los empresarios saben que será difícil acceder a esos dólares para importar, pero compraron la promesa y tratan de ayudar al gobierno con un acuerdo que intenta traer al menos un alivio temporal en el bolsillo de la gente.

Ahora bien, en general este tipo de acuerdos se hacen dentro de un programa económico con el que se trata de dar certidumbre sobre la evolución de las principales variables. Ese programa integral sigue sin estar definido”, dijo a El País Fernando Baer, economista asociado de Quantum Finanzas, en Buenos Aires.

Tras la entrada en vigencia a mediados de octubre del Sistema de Importaciones República Argentina (SIRA)—un nuevo esquema para la aprobación de las compras al exterior—, vienen creciendo los reclamos de los sectores industriales que no pueden acceder a dólares para importar insumos clave.

Buena parte de esos casos corresponden a la industria automotriz. De hecho, en las últimas semanas Renault, Nissan y Ford debieron ralentizar sus niveles de producción por falta de insumos importados.

En otras áreas, los faltantes van desde fertilizantes para la agricultura hasta cianuro para la minería, pasando por complicaciones para el pago de licencias de software.

Ante ese contexto de restricciones crecientes, unas 100 empresas que representan el 86% del consumo masivo en Argentina, entre las que se encuentran Unilever, Coca Cola, Molinos, Quilmes y Mastellone, por mencionar algunas, decidieron acordar con el gobierno a cambio de garantizarse el acceso a dólares a la cotización del tipo de cambio oficial.

En muchos de esos casos, las compañías anticiparon los aumentos y firmaron el convenio luego de haber logrado un mullido colchón de precios.

Con el acuerdo, el gobierno argentino busca quebrar una inercia inflacionaria que viene corriendo por arriba del 6% en los últimos cuatro meses. El objetivo es ir desacelerando en forma gradual el incremento de los precios hasta alcanzar niveles en torno al 3% mensual a mediados del año próximo, cuando ya esté lanzada la campaña para las elecciones presidenciales.

Sin embargo, hay dudas sobre si finalmente ambas partes podrán cumplir con el acuerdo. Por un lado, persisten las interrogantes en torno a si el gobierno argentino podrá respetar la promesa de liberar los permisos de importación, más aún si se tiene en cuenta que el Banco Central viene sufriendo un drenaje constante de sus reservas.

“El mayor acceso a dólares para importar es un incentivo que a las empresas les interesa. Ahora bien, espero que en el ministerio de Economía hayan hecho bien las cuentas de cuántos dólares necesitarán para abastecer a las compañías que firmaron el acuerdo. De lo contrario, el programa se va a caer cuando las empresas no accedan a los dólares que les prometieron”, dijo a El País Víctor Beker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires.

Tras la acumulación de unos U$S 5.100 millones de reservas en septiembre por el incentivo extraordinario otorgado durante ese mes a los productores sojeros —tuvieron la opción de liquidar los granos que mantenían retenidos en silobolsas a un precio de 200 pesos por dólar en lugar de los 150 pesos a los que cotizaba el tipo de cambio oficial—, el Banco Central registra ventas netas por unos U$S 970 millones solo en lo que va de noviembre para evitar una mayor devaluación del peso.

Con esa sangría, el stock de reservas netas volvió a caer a unos U$S 5.200 millones pese a un cepo cada vez más duro.

“Las empresas, desde las grandes a las más pequeñas, aseguran que las autorizaciones para las importaciones están totalmente frenadas. Ante eso, probablemente haya un nuevo dólar-soja en diciembre para generar una mayor oferta de divisas y tratar de cumplir con la meta de acumulación de reservas comprometida con el FMI”, dijo Baer.

El acuerdo con el organismo multilateral de crédito establece que al cierre del año el stock de reservas netas debería ascender a U$S 6.575 millones.

Además de las dudas sobre si el gobierno finalmente abrirá el grifo de las importaciones pese a la escasez de reservas en el Banco Central, también hay interrogantes acerca del cumplimiento por parte de las compañías.

Si la inflación no cede y se mantiene por arriba del 6% mensual, todo indica que a las empresas se les hará cuesta arriba mantener los precios congelados durante 120 días.

“Este tipo de programa tiene algún impacto inicial, pero a medida que pasa el tiempo va perdiendo el efecto. Es poco probable que la inflación baje muy por debajo del 6% mensual dado que en los próximos meses habrá aumento de tarifas, salarios y de otros costos que presionarán sobre los precios. No veo que este programa de congelamiento de precios cambie la marcha de una guerra contra la inflación que el gobierno, obviamente, está perdiendo”, dijo Beker.