Conflicto pesquero en Uruguay: de denuncias por "semiesclavitud" a salarios de $ 67.000 por trabajar cinco días

El debate entre la Cámara de Industrias Pesqueras (CIPU), la Cámara de Armadores Pesqueros (CAPU) y el Centro de Maquinistas Navales (CMN) llegó al Parlamento la semana pasada cuando el sector empresarial y trabajador se presentaron en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado en sesiones separadas. El CMN hizo referencia a casos de “semiesclavitud” y contratos ilegales, mientras que las cámaras empresariales desmintieron la ilegalidad del personal y denunciaron “manipulación y xenofobia” por parte del gremio.

El CMN había denunciado la pérdida de puestos de trabajo ante el Parlamento hace algunas semanas ya que considera que los permisos particulares para tripulantes y barcos extranjeros (weivers) otorgados por Prefectura Nacional Naval comprometen a estudiantes egresados de la Escuela Naval y Escuela Técnica Superior Marítima que atraviesan dificultades a la hora de desempeñarse en barcos extranjeros. El sindicato también denunció condiciones de “semiesclavitud” con salarios inferiores a los establecidos por laudo para trabajadores indonesios.

“A Uruguay están viniendo tripulantes de forma ilegal porque vienen a través de agencias que le cobran al tripulante y eso está penado internacionalmente”, había denunciado ante el Senado el presidente del CMN, Mario Denes, quien consideró que por este motivo, “se nos está formando un cuello de botella en la educación y en salir al mercado laboral rápidamente, que es lo que necesitan los estudiantes”, según indica la versión taquigráfica de la sesión.

Sin embargo, el asesor de CIPU y CAPU, Alejandro Butler, salió al cruce en el Parlamento al otro día y desmintió que los tripulantes extranjeros se encuentren ilegalmente en el país o que no puedan salir de los barcos en el puerto, como había denunciado el CMN el mes pasado ante varias autoridades de gobierno y reiteró en el Senado al día siguiente que la CAPU y CIPU hiciera su descargo.

Butler defendió que Uruguay e Indonesia se adhieren al convenio internacional sobre normas de formación, tripulación y guardia para la gente de mar, por lo que aseguró: “Rechazamos los dichos del señor Denes alegando que existen ‘sobradas pruebas de que Indonesia emite títulos falsos’. Esta denuncia es gravísima y podría provocar un problema diplomático si se la tomara en serio”. El asesor también señaló ante el Parlamento que Denes “tenía interés en que empresas uruguayas contrataran a sus colegas indonesios”.

Foto: Intergremial Marítima del Uruguay.

El gremio había denunciado el caso de un trabajador indonesio con quien las empresas mantenían tres adeudos salariales. Butler reconoció que al trabajador se le debía un salario debido al impacto de medidas sindicales durante dos zafras “que pusieron a la industria al borde del cierre”.

“El Centro de Maquinistas logró su objetivo: manipular a dos tripulantes -uno con un conocimiento muy limitado del idioma español y otro con un conocimiento nulo- para generar un hecho noticioso acorde con sus intereses corporativos y sacarlos del país, sin la más mínima empatía hacia ellos”, dijo Butler e hizo referencia a los salarios de los maquinistas. Según indica la taquigráfica de la sesión, el asesor del sector empresarial presentó recibos de sueldo de maquinistas que perciben $ 67.000 por cinco días de trabajo. “Victimizarse con esos ingresos es una burla para los cientos de miles de uruguayos que ganan menos de la mitad de eso en un mes”, denunció.

Los conflictos en el sector pesquero se volvieron cada vez más frecuentes en Uruguay, con un extenso cruce entre el sector empresarial y trabajador que fue protagonista durante casi todo el segundo semestre del 2025 y que dejó entrever algunas problemáticas de la actividad.

“La pesca necesita un giro de 180 grados. No puede seguir como está, con barcos que están cada vez más envejecidos, con poco mantenimiento, con empresas que tienen dificultades para que los trabajadores cobren”, indicó ante el Parlamento el presidente del Suntma, Carlos Vega y agregó: “Como afiliados al gremio, también nos hacemos responsables. No nos quitamos la responsabilidad, sino que estamos en otra, apostamos al diálogo”.

Foto: Leonardo Mainé

En ese sentido, Vega resaltó la importancia de considerar la pesca como política de Estado, en la que aseguró que se necesitaría una renovación de la flota y diversificación de productos. La merluza y la corvina representan en conjunto entre el 50% y el 70% del volumen total desembarcado por la flota uruguaya, según datos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). “¿No habrá que hacer otros productos?”, cuestionó el dirigente sindical.

Por su parte, el senador frenteamplista, Oscar Andrade, propuso generar un ámbito de diálogo que involucre a los trabajadores, empresas y la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) para abordar estos temas y desarrollar la actividad a largo plazo.

En la sesión en la que el Parlamento recibió al sector empresarial, Butler se refirió a la pesca y dijo: “La llegada de capitales daneses, brasileños, españoles, canadienses, rusos o noruegos ha sido la base de la modernización de la flota, lo que redunda en mayor productividad y calidad y, especialmente, en mejores condiciones de trabajo para las tripulaciones. Ojalá sigamos potenciando dicha inversión, aunque, evidentemente, posiciones corporativas y xenófobas, como las impulsadas por el Centro de Maquinistas, no contribuyen a ello”.