INFORME

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

El pasado 2 de diciembre, el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la revisión anual por artículo 4° (corresponde a cada país miembro tenga o no deuda con el organismo) de Uruguay. Ahora, el organismo divulgó el informe del staff técnico en que basó esa decisión. Ese staff estuvo en el país e hizo una revisión exhaustiva de la economía uruguaya, ¿qué encontró y qué discutió con las autoridades?

Los funcionarios del FMI esperan “que la recuperación gane fuerza a fines de 2021 y 2022, a medida que la economía continúa normalizándose”.

Explicaron que “los riesgos para el crecimiento están, en términos generales, equilibrados. Las perspectivas de un repunte parcial del turismo plantean riesgos al alza, aunque existe una incertidumbre considerable sobre la velocidad de normalización de los flujos turísticos, incluso debido a la debilidad de las monedas de los países vecinos. Los riesgos a la baja se derivan de un resurgimiento de la pandemia, precios de materias primas más débiles y salidas de capital, ya que las presiones inflacionarias en Estaods Unidos podrían desencadenar un aumento repentino de las tasas de interés”.

Por otro lado, consideraron que “las reformas estructurales podrían respaldar aún más la inversión y el crecimiento a mediano plazo. Los riesgos a la baja para el crecimiento a mediano plazo se derivan principalmente de la falta de progreso con las reformas estructurales y la disciplina fiscal insuficiente”.

En ese sentido, el staff del FMI ve que “apuntalar la consolidación (fiscal) con medidas estructurales, por ejemplo, mediante la realización de una reforma del servicio civil, la racionalización de ministerios o agencias gubernamentales, o la adopción de medidas para aumentar la eficiencia del gasto, ayudaría a garantizar la durabilidad de los esfuerzos de consolidación, ya que la restricción del gasto discrecional es más difícil de sostener”.

“Una vez que la economía se haya recuperado, será necesario un mayor esfuerzo fiscal para poner la deuda en una senda firme a la baja y restaurar el espacio fiscal, es decir, el espacio para la política fiscal discrecional sin poner en peligro la sostenibilidad de la deuda, actualmente en riesgo”, advirtieron.

“La reforma de las jubilaciones también es clave para garantizar la sostenibilidad fiscal, aunque los ahorros fiscales asociados pueden tardar en materializarse”, agregaron.

Los planes de ajuste fiscal fueron evaluados en el diálogo entre el staff del FMI y el gobierno. El documento del Fondo dice que “las autoridades siguen firmemente comprometidas con su plan de consolidación fiscal y la reforma de las pensiones”.

En ese sentido, las autoridades “señalaron que, a pesar de la pandemia, se realizaron esfuerzos significativos para mejorar la eficiencia del gasto público e indicaron que el nuevo trabajo de la Oficina de Monitoreo y Evaluación ayudaría a identificar áreas adicionales para mejorar la eficiencia del gasto. También destacaron su compromiso de estabilizar la relación deuda/PIB a mediano plazo. Las autoridades mantienen su compromiso de avanzar con la reforma de pensiones, siguiendo las recomendaciones de la comisión de expertos”.

Para los técnicos del FMI, “en el mediano plazo, las políticas deben centrarse en fortalecer aún más las finanzas públicas y garantizar políticas fiscales prudentes continuas en el futuro”.

Evaluaron que “si bien el objetivo actual de las autoridades de estabilizar la relación deuda/PIB a mediano plazo es encomiable, sería deseable realizar mayores esfuerzos para poner la deuda pública en una trayectoria descendente, especialmente si los precios elevados de las materias primas continúan respaldando la economía con (temporalmente) altos ingresos externos”.

“También serían deseables medidas estructurales para respaldar los esfuerzos de consolidación. Además, garantizar que la disciplina fiscal se mantenga a lo largo del tiempo y entre administraciones puede requerir mejoras en el nuevo marco fiscal. La reforma de las pensiones es también un elemento clave tanto para la equidad intergeneracional como para la sostenibilidad fiscal”, agregaron.

Según el staff del FMI, “una mayor flexibilidad del mercado laboral y políticas para fomentar el capital humano impulsarían el empleo y el crecimiento. La descentralización duradera de las negociaciones salariales y la reducción del papel del gobierno en las negociaciones salariales (actualmente tripartitas), de acuerdo con las recomendaciones de la OIT, podría ayudar a garantizar que los salarios estén alineados con las condiciones y la productividad de las empresas, ayudando a aumentar la competitividad y promover el empleo, especialmente en sectores no relacionados con las materias primas”.

“También hay margen para aumentar la flexibilidad en los contratos laborales, al tiempo que se protegen los derechos de los trabajadores, al permitir horarios de trabajo más flexibles, definiciones más amplias de las funciones laborales y una mayor movilidad dentro de la empresa”, concluyó.

“Impulsar el crecimiento también requiere reformar las empresas estatales”, dice el staff del FMI.

“Las empresas estatales juegan un papel importante en Uruguay, pero son propensas a actividades ineficientes en parte debido a la supervisión simultánea de entidades con objetivos contradictorios. Se les exige que sean rentables, pero también que sigan políticas sociales, como subsidios para agua, electricidad y gas para poblaciones vulnerables, y realicen inversiones no rentables, sin un financiamiento presupuestario acorde”, cuestió el Fondo.

“Las ineficiencias y los importantes subsidios cruzados elevan el costo de hacer negocios”, criticó.

El staff evaluó la “la nueva fórmula que vincula el precio interno del combustible al precio internacional del petróleo más un ‘factor x’ que cae gradualmente (para cubrir el costo de los programas sociales y la ineficiencia de las empresas estatales)” como “un avance positivo”, pero, señaló que “el camino” para reducir el “factor X” y “las políticas para generar las reducciones de costos necesarias, deberían anunciarse”.

Por último, dijeron que “también se necesita una reforma más amplia de las empresas públicas para separar los objetivos comerciales y sociales (mientras se brinda financiamiento presupuestario explícito para estos últimos) y para mejorar la independencia y la gobernanza de las empresas públicas para protegerlas de la interferencia política, con una clara separación entre las funciones de propiedad y regulación del Estado”.