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El déficit creciente de la Caja Bancaria “ha llegado a una situación extrema” y se deberán tomar “medidas en forma urgente” para cumplir con sus obligaciones sobre el cierre del año, señaló un comunicado interno del Consejo Central del sindicato bancario AEBU, al que accedió El País.

En el gobierno se analiza que la situación de la Caja Bancaria es todavía más urgente que la de la Caja de Profesionales, donde ya hay un anteproyecto de ley (presentado por la Caja) con medidas para paliar la situación.

Incluso, a nivel del Poder Ejecutivo se maneja que las reservas financieras de la Caja Bancaria se agotaría en octubre o noviembre de este año.

El comunicado interno del sindicato bancario afirmó que “la evolución creciente del déficit de la Caja Bancaria, afectada por la pérdida de 2.300 puestos de trabajo, hoy ha llegado a una situación extrema”.

Se indicó que esto es “por efecto del incremento del presupuesto de pasividades, retraso cambiario y la rentabilidad negativa de las inversiones”.

Según el Consejo Central de AEBU, la situación “obliga a tomar medidas de forma urgente para cerrar el año 2023 cumpliendo con sus obligaciones”.

El último informe mensual de gestión de la Caja Bancaria (de fin de octubre pasado), muestra que el resultado del ejercicio en 10 meses era deficitario en $ 2.820,6 millones. El resultado operativo era deficitario en $ 2.590,6 millones a la misma fecha.

A su vez, el stock de reservas pasó de $ 5.419 millones a fin de octubre de 2021 a $ 3.000 millones a fin de octubre de 2022. De ahí la estimación que hacen en el gobierno -según supo El País- de que entre octubre y noviembre de este año, las reservas podrían agotarse.

La situación de la Caja Bancaria es financieramente más urgente que la de la Caja Profesional evalúan a nivel del Poder Ejecutivo y entienden que necesita dinero para hacer frente a sus obligaciones y una reforma en serio porque a futuro la situación no se corrige con medidas.

El sindicato bancario planteó -según el comunicado interno al que accedió El País- que “las soluciones que la Caja requiere se encuentran dentro de la ley 18.396 (de 2009 que reformó la institución), tanto por los mecanismos financieros como por la aplicación de la totalidad de la Prestación Complementaria Patronal (PCP). Sin embargo, el gobierno rechaza este camino y aspira a soluciones que adelanten la aplicación de los cambios que incorpora la reforma jubilatoria, que se está considerando en el Parlamento”.

AEBU recordó a sus afiliados que “el pasado miércoles 15 de febrero, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social convocó a la instalación inmediata de una comisión para elaborar un proyecto de ley para la Caja Bancaria, que incluiría las medidas que atienden la situación actual del instituto”.

Según supo El País, el planteo del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, en dicha instancia fue que se establezca una comisión amplia para buscar “soluciones urgentes”.

El sindicato indicó en el comunicado interno que “continuará impulsando las soluciones que hoy están disponibles para la Caja, incrementando la movilización en todo el país para enfrentar la reforma y alcanzar soluciones para nuestra Caja”.

“En las próximas semanas desarrollaremos una extensa red de asambleas en todas las empresas y departamentos del país, donde analizar la situación, avanzando en la preparación de nuestra asamblea general”, concluyó.

El pasado miércoles, una delegación de la Caja Bancaria concurrió a la comisión parlamentaria de Diputados que trata la reforma jubilatoria. Este reforma, prevé -en el largo plazo- la convergencia de las cajas paraestatales al régimen mixto.

En ese ámbito, el presidente de la Caja Bancaria, Ángel Mingroni reconoció que la institución tiene una “situación de consumo vertiginoso de las reservas”.

“Hoy, la evolución del sistema financiero nos dice que son numerosas las altas jubilatorias, que no se ven compensadas íntegramente por la totalidad de los ingresos al mundo financiero, con lo cual hay una progresiva reducción de los afiliados a este instituto. Esto provoca, inexorablemente, que las proyecciones no se hayan cumplido y quedaran marcados los déficits actuariales que hacen necesario una reforma del sistema”, afirmó Mingroni según la versión taquigráfica de la reunión.

El asesor de la Caja Bancaria, Julio Pose planteó que en la reforma de 2009 estaba prevista un período de déficit operativo por una “concentración de altas jubilatorias”.

Sin embargo, la situación se agravó respecto a las proyecciones debido a que por un lado “la pandemia (...) tuvo un efecto importante sobre la recaudación de la Caja”. Explicó que se tuvieron que cubrir “1.700 seguros de paro, en un colectivo pequeño, con las prórrogas necesarias” y que “un montón de actividades se dejaron de cumplir por la falta de presencialidad y que para la Caja eran relevantes” como que “se dejó de cobrar recaudación sobre viáticos, horas extras, contratos zafrales que existen en la banca”. El otro efecto “fue la reposición de activos en la banca oficial”. En el gobierno anterior “se había limitado la reposición de activos: cada tres que se jubilaban podían ingresar dos funcionarios. Durante el año preelectoral no hubo ingreso de funcionarios públicos y durante la nueva administración la renovación no fue autorizada, salvo mínimamente, con muchas limitaciones”, aseguró Pose.

Actualmente la Caja Bancaria tiene 18.253 afiliados activos y 19.547 pasivos.

Los diputados hicieron varias preguntas, pero los representantes de la Caja prefirieron responderlas más adelante por escrito “con la confidencialidad y la reserva que amerita esta situación”, dijo Mingroni.