La anunciada devaluación del peso argentino y el drástico ajuste fiscal prometido en la campaña electoral se hicieron realidad en la primera semana del gobierno de Javier Milei. El objetivo prioritario de ese plan de shock lanzado por el ministro de Economía, Luis Caputo, es equilibrar las cuentas públicas para reducir la emisión de pesos argentinos. Con esa esperada contracción de la base monetaria y un tipo de cambio oficial virtualmente congelado tras la devaluación, sumado al previsible derrumbe de la demanda luego de los ajustes, la expectativa del nuevo gobierno es que una vez superado el fogonazo inflacionario de los próximos dos meses, el ritmo de aumento de los precios comience a ceder.

No obstante, la estrategia elegida por el presidente Milei no está exenta de riesgos. “Será una carrera a contrarreloj. El gobierno necesita que luego de dos o tres meses de correcciones la inflación empiece a bajar y el nivel de actividad comience a recuperarse. Si la inflación se mantuviera en niveles elevados, reaparecerían las expectativas de un nuevo salto cambiario ante un dólar oficial que quedaría nuevamente atrasado. También es necesario que la recesión sea lo suficientemente corta para que no caigan demasiado los ingresos por recaudación. La ventana de oportunidad para que las cosas empiecen a encaminarse está limitada, entonces, al primer trimestre del año próximo”, dijo a El País Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores, en Buenos Aires.

Decidido a hacer valer la alta imagen positiva con la que inicia su gestión, Milei no dudó en aplicar una terapia de shock que incluye un aumento del 118% del dólar oficial y un ajuste fiscal equivalente al 5,2% del Producto Interno Bruto (PIB, US$ 25.000 millones). Para eso, lejos del tantas veces esgrimido “Plan Motosierra” que durante la campaña electoral hacía referencia a una enorme poda del gasto público, los recortes en las erogaciones del Estado alcanzarán al 2,9% del PIB.

El resto del ajuste, a contramano de las promesas preelectorales, se hará vía mayores impuestos.

Más allá de recortes simbólicos a las partidas presupuestarias que corresponden a lo que Milei denomina “casta política”, gran parte del tijeretazo impactará sobre los sectores de ingresos medios y bajos. Los principales afectados serán los jubilados, asignatarios de planes sociales, asalariados, cuentapropistas y los que hasta ahora eran beneficiarios de subsidios en las tarifas de transporte público, electricidad, gas y agua.

En línea con esos recortes previstos, uno de los objetivos de corto plazo del nuevo gobierno será cambiar la fórmula de movilidad jubilatoria, una norma que establece ajustes trimestrales.

Con el retorno a los incrementos discrecionales por decreto, tal como sucedió durante el primer año del gobierno de Alberto Fernández, la nueva administración buscará reducir gastos por el 0,4% del PIB. Esa poda implicará una pérdida de poder adquisitivo adicional para los ya muy deteriorados ingresos de jubilados y pensionados.

A eso se sumará una reducción de los subsidios por el 0,7% del PIB, lo que implicará fuertes aumentos de las tarifas de los servicios públicos y del transporte a partir de enero.

Además, la obra pública sufrirá un corte abrupto tanto para nuevos proyectos como para el financiamiento de iniciativas que hayan sido aprobadas pero no estén iniciadas. Con eso, el gobierno espera reducir el gasto por el 0,7% del PIB.

Por último, otros dos elementos centrales del ajuste por el que se buscará ahorrar el 1% del PIB pasa por el recorte de las transferencias discrecionales a provincias y a los gastos en salarios del sector público.