S&P mantuvo la nota de Uruguay, advirtió por dificultades en la corrección fiscal y marcó necesidad de reformas

Redacción El País
La calificadora de riesgo Standard & Poor's (S&P), una de las cinco que analiza la deuda uruguaya, mantuvo la nota de Uruguay en BBB+, esto es dos escalones por encima del mínimo dentro del grado inversor. También le mantuvo la perspectiva "estable" de esa calificación, que "refleja nuestra opinión de que el gobierno uruguayo tomará medidas para reducir gradualmente su déficit fiscal y revertir el reciente aumento de la deuda pública". Además, S&P prevé que "la implementación de políticas de recaudación de ingresos y contención del gasto, junto con un crecimiento moderado del Producto Interno Bruto (PIB), debería estabilizar la carga de la deuda pública en los próximos dos años". El informe señala que el gobierno de Yamandú Orsi fue elegido con la expectativa de aumentar el gasto social, por lo que "priorizar la corrección fiscal podría resultar más difícil" si el crecimiento económico no es el esperado y también advirtió por la necesidad de reformas microeconómicas. La calificadora se suma a Morningstar DBRS que también mantuvo la nota a Uruguay, aunque en ese caso en BBB.

¿Por qué mantuvo la nota S&P? "La calificación BBB+ se sustenta en la estabilidad de la democracia y las instituciones políticas de Uruguay, un PIB per cápita que se mantiene como el más alto de la región y un sólido perfil externo", expresó en el informe.

"Sin embargo, Uruguay enfrenta restricciones presupuestarias y ha logrado avances limitados en la reducción de su déficit público, lo que se ha traducido en un crecimiento sostenido de la deuda" y "la flexibilidad monetaria se ve limitada por un alto nivel de dolarización", advirtió.

"No obstante, los esfuerzos del Banco Central (BCU) por anclar la inflación en torno a su objetivo muestran una creciente credibilidad, lo que sienta las bases para la profundización del crédito en moneda nacional y los canales de transmisión monetaria", añadió.

"El presidente Yamandu Orsi (del Frente Amplio) asumió el cargo en marzo de 2025. Los primeros meses de su administración apuntan a la continuidad de la orientación general de la política económica uruguaya. La ley de Presupuesto de 2026 refuerza la importancia de una regla fiscal para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Incorpora algunos de los cambios que se habían debatido tras la implementación de la primera regla fiscal por parte de Uruguay durante una serie de shocks externos. Esta última, introducida en 2020, mejoró la transparencia de las cuentas públicas al establecer el equilibrio estructural como objetivo, aunque resultó difícil contener el crecimiento de la deuda soberana. La propuesta de añadir un ancla de deuda a la regla fiscal amplía la visibilidad de la estrategia fiscal del gobierno más allá del período presupuestario quinquenal", analizó S&P.

Foto: Darwin Borrelli/El País.

Para la calificadora, "la regla fiscal renovada debería proporcionar un marco para equilibrar las restricciones fiscales de Uruguay con las presiones políticas para ampliar el gasto social".

"Si bien existe consenso político sobre la importancia de unas políticas fiscales sostenibles, la diversidad de opiniones dentro de la coalición gobernante respecto al tamaño del sector público podría ralentizar la ejecución de la agenda económica. Considerando las limitaciones políticas para reducir el gasto, priorizar la corrección fiscal podría resultar más difícil si el crecimiento económico no cumple con las expectativas", alertó.

El informe sostiene que "la mejora de los ingresos reales y un mercado laboral favorable impulsaron el consumo en 2025 y deberían generar un crecimiento económico de alrededor del 2,2% en 2025. Sin embargo, la escasa inversión reducirá el crecimiento a alrededor del 1,9% en 2026 y 2027, pero por encima del crecimiento promedio de los últimos cinco años, dadas la pandemia y los shocks climáticos, así como las distorsiones de precios con Argentina", evaluó S&P.

A su vez, señaló que "el PIB per cápita de Uruguay debería alcanzar los US$ 26.000 en 2026 y se mantendrá como el más alto de América Latina. No obstante, mantener un crecimiento promedio similar al de países con niveles de desarrollo similares podría resultar difícil a mediano plazo si la inversión no se recupera".

Para la agencia, "la estabilidad institucional y macroeconómica de Uruguay ha impulsado grandes proyectos de inversión en las últimas dos décadas. Además, Uruguay se encuentra bien posicionado para la transición energética, ya que cuenta con potencial para proyectos de energía verde, cuya materialización dependerá de la demanda mundial de energía limpia. Sin embargo, mantener el ritmo de crecimiento económico del país depende del avance de las reformas microeconómicas, ya que algunas regulaciones han obstaculizado la competencia y aumentado el costo de operar en algunos sectores en Uruguay".

BRENDAN MCDERMID/REUTERS

Según S&P, "el marco fiscal propuesto demuestra un compromiso con la prudencia fiscal. Lograr las metas propuestas podría ser difícil debido a presiones políticas que podrían favorecer políticas expansivas de gasto".

"Se proyecta que el déficit público de Uruguay alcance el 4% del PIB en 2026, un aumento de 0,8 puntos porcentuales con respecto a 2024, debido principalmente a la sobreestimación de los ingresos en el presupuesto 2024-2025 y a importantes presiones de gasto", expresó el informe.

"El retroceso en la corrección fiscal pone de relieve la complejidad de abordar las restricciones presupuestarias de Uruguay, dado que los salarios, las pensiones y los intereses representan más del 80% del gasto. Esto refleja desafíos estructurales como el envejecimiento de la población y la indexación de los salarios, pero también refleja un contrato social en el que el Estado de bienestar es un elemento clave de la cohesión social. Además, el presidente fue elegido con la expectativa de expandir el gasto social", analizó.

"Para equilibrar estas presiones con el compromiso de estabilizar la carga de la deuda, el gobierno ha iniciado una corrección fiscal gradual mediante la expansión de los ingresos. Estimamos que las medidas de eficiencia fiscal, junto con los impuestos propuestos, impulsarán los ingresos del gobierno general al 30% del PIB para 2028, desde el 29% actual. Una vez que la reforma fiscal se implemente por completo en 2027, el déficit del gobierno central comenzará a disminuir y debería acercarse al 3%" del PIB, estimó.

"La reforma fiscal propuesta ha sido diseñada para limitar su impacto en la competitividad, pero podría haber riesgos de implementación, especialmente en lo que respecta a un nuevo Impuesto Mínimo Global. Al mismo tiempo, los esfuerzos para reducir el nivel de indexación del gasto, junto con una reducción gradual de los tipos de interés globales, deberían ayudar a mantener estable la carga del gasto durante el período de pronóstico", señaló el informe.

"Prevemos que la deuda pública neta aumentará del 54% en 2024 al 58% para 2028. También prevemos que los pagos de intereses de la deuda pública promediarán el 8,7% de los ingresos públicos entre 2025 y 2028", añadió.

Para S&P "la estrategia de desindexación de la deuda también se ha visto impulsada por la caída de la inflación. Tras aproximadamente dos décadas en el 7%-8%, la inflación se ha mantenido dentro del rango objetivo del 3%-6% desde 2023 y más cerca del objetivo del 4,5% en los últimos cinco meses. El Banco Central se ha centrado en anclar las expectativas de inflación, acompañando las decisiones de política monetaria con una mayor comunicación y transparencia", valoró S&P.

"La menor inflación ha sentado las bases para que la autoridad monetaria acelere su estrategia de desdolarización (el 50% de los préstamos a residentes y alrededor del 70% de los depósitos a residentes están denominados en dólares) mediante medidas para fortalecer la competencia en el sistema financiero y hacer más atractivos los préstamos en pesos mediante la diferenciación de los requisitos de capital", destacó la calificadora.

"Una estrategia exitosa fortalecería los canales de transmisión y la flexibilidad monetaria general. A pesar de la alta dolarización, el sistema bancario se ha mantenido sólido y resiliente gracias a su sólida liquidez y capital. Se espera que el crédito al sector privado se mantenga en torno al 35% del PIB", añadió.

Para S&P "la sólida posición externa de Uruguay sigue siendo una fortaleza crediticia clave. Las sólidas exportaciones agrícolas y cárnicas, impulsadas por las buenas cosechas y los altos precios de las materias primas, junto con un repunte de las exportaciones turísticas, deberían generar un pequeño superávit de capital en 2025".

"Posteriormente, prevemos que el capital se torne ligeramente negativo, pero que se compensará plenamente con las entradas de inversión extranjera directa. Si bien la (IED) neta se ha reducido tras la finalización de dos grandes proyectos de celulosa, esperábamos que se recuperara gradualmente en 2026 y 2027", añadió.